INFORME

El organismo documentó torturas, arrestos arbitrarios y ejecuciones sumarias.

El régimen de Nicolás Maduro es sospechoso de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Así lo denuncia Amnistía Internacional en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional (CPI) ampliar sus investigaciones sobre lo que sucede en Venezuela.

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por tortura, detenciones arbitrarias y masivas son algunas de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentado ayer martes en Ciudad de México.

Esos procedimientos “configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes”, ejecutada por “agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento” de funcionarios del régimen, dijo la organización con sede en Londres.

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“Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas”, destaca el estudio. Por lo tanto, Amnistía Internacional “considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión”.

El informe de Amnistía tiene 53 páginas y se presenta en medio de una crisis política derivada de la pugna entre Maduro y líder opositor Juan Guaidó, que el 23 de enero se proclamó presidente en funciones. Guaidó es reconocido por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.

El informe de Amnistía destaca las manifestaciones que ocurrieron del 21 al 25 de enero. Solo en esos días, al menos 47 personas murieron en el contexto de las protestas, “todas por heridas de bala”. Al menos 39 de esas víctimas “murieron a manos de las fuerzas de seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento” durante las manifestaciones.

“Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales selectivas”, alertó la abogada mexicana Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional al presentar el informe.

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Una de esas víctimas mortales es Jhonny José Godoy, quien vivía en la comunidad de La Vega, uno de los sitios más emblemáticos del proceso revolucionario del fallecido expresidente Hugo Chávez, donde grabó un video contra Maduro. El 25 de enero de 2019 Godoy fue sometido en su casa por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), golpeado durante 30 minutos y asesinado de una bala en el tórax.

En medio de las protestas de esos días, añadió Amnistía, “más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron niños y adolescentes”. Algunos de ellos “fueron torturados previamente a su muerte”, y “el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales”.

Las características de la represión contra las protestas de enero fueron similares a las de 2014 y 2017, dijo Amnistía. Las protestas de 2014 dejaron 43 personas fallecidas y las de 2017 más de 120.

“Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Guevara Rosas.

Amnistía Internacional recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo desde 2018 incorporando el pico de represión de enero con el fin de “determinar la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel”.

“En Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y hay responsables con nombre y apellido”, advirtió Guevara Rosas.

Amnistía también hizo un llamado a la comunidad internacional para emitir un comunicado “contundente” y de “condena” contra la “sistemática violación de derechos humanos”. Guevara Rosas denunció la “respuesta represiva” por parte del régimen de Maduro “contra todas las personas que se opongan a las políticas del Gobierno”.

“Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos que incluyen detenciones arbitrarias en protestas masivas”, explicó la abogada.

“Podemos decir que la impunidad es en realidad un instrumento que permite cobijar la arbitrariedad que se está cometiendo en Venezuela y se configura en el ataque sistemático contra la población civil”, señaló Guevara Rosas.

Fruto de la crisis institucional, política y económica que ocurre en Venezuela, cerca de 3,7 millones de venezolanos según la ONU han huido del país y el 80% de los habitantes viven en condiciones de pobreza, lamentó la organización.

Guevara Rosas también arremetió sobre la postura de Estados Unidos sobre Venezuela, que es “altamente conflictiva” y propia de una “guerra fría”, según la delegada de Amnistía.

Los túneles y búnkeres de Maduro para huir

Ante una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Nicolás Maduro podría escapar a través de unos túneles secretos o refugiarse en búnkeres de los que solo tienen conocimiento altos mandos militares, reveló a CNN Germán Varela, un oficial retirado de la Guardia Nacional de Venezuela (GNB).

“Existen tres túneles, el primero va del Palacio de Miraflores hacia el Palacio Blanco, pasando por debajo de la avenida Andrés Bello. El segundo túnel va del Palacio Blanco al regimiento Guardia de Honor y el tercer túnel va del mismo Palacio Blanco a otra entrada del regimiento Guardia de Honor”, contó Varela, que trabajó por 8 años en una unidad antisecuestro y participó en operaciones de inteligencia.

“Estos túneles se comunican entre sí. Si en cualquier momento quisieran salir de estos túneles, tendrán que hacerlo desde las puertas principales de cada una de estas edificaciones”, agrega.

Varela dijo que aún mantiene contacto con oficiales y exoficiales de Venezuela, quienes le cuentan que Maduro “se siente nervioso, ya que está con la paranoia de que en cualquier momento pueda entrar una operación especial que lo pudiera tomar y sacar automáticamente del poder”.

Informó además sobre unos búnkeres que servirían de refugio para Maduro. Uno de los búnkeres está en el edificio de la Comandancia General del Ejército, en Fuerte Tiuna, y otro en el nuevo Comando Regional 5, en Tazón, que ordenó construir Hugo Chávez. (El Comercio / GDA)