ENFOQUES DIFERENTES

Arroceros no saben si irán; la Federación debatió intensamente y asistirá.

Luego de la concentración de productores rurales del martes en Durazno, el presidente Tabaré Vázquez no esperó ni un día e invitó a las gremiales del sector con las que ya estuvo el 15 de enero y a la Federación Rural, a reunirse con él en la residencia de Suárez a las 10 de la mañana del próximo lunes. Pero su movida generó dudas y consultas entre las distintas organizaciones. Es que al menos dos entidades clave quieren que se les dé participación a los denominados "autoconvocados" que organizaron la reunión en Durazno y que hasta ayer no habían sido invitados por el gobierno.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), dijo a El País que los "autoconvocados" son "merecedores" de que se los tenga en cuenta más allá de que su gremial entiende que se debe ir a un diálogo con el gobierno. Si en la proclama de Durazno fueron tomados en cuenta los puntos de vista de las gremiales, corresponde que los "autoconvocados" acompañen a las organizaciones para que el diálogo con el Poder Ejecutivo "sea más fructífero y provechoso", opinó. La ACA analizó ayer si ir o no a Suárez y no llegó aún a una conclusión.

Las gremiales deben buscar cómo unir al campo y no dividirlo, señaló Lago. A su juicio, el gobierno "no tendría por qué objetar la participación de los autoconvocados". El productor consideró que si bien a la gremial debe importarle la opinión de la sociedad sobre su posicionamiento, más le debe preocupar representar bien a los productores. "Valoramos la puerta que se abre, pero diálogo y conversaciones tuvimos todo el año pasado y no hubo acciones" de parte del gobierno, dijo Lago. Su gremial había quedado muy molesta con Vázquez cuando este pidió a los arroceros más productividad, obviando el hecho de que el sector ya logra altísimos rendimientos por hectárea.

Un razonamiento similar al de los cultivadores hicieron las organizaciones reunidas en la Federación Rural, una gremial con una densa red nacional de 50 federadas, que representa a agricultores y ganaderos.Durante toda la tarde de ayer los presidentes de las organizaciones federadas que conforman la federación discutieron en su grupo de WhatsApp qué era lo más conveniente, porque querían asegurarse de tomar la mejor decisión y hacerlo de la manera más democrática, dijo a El País el vicepresidente de la gremial, Miguel Sanguinetti, quien coordinó las charlas ya que el presidente Jorge Riani está fuera del país. Sobre las 19 y después de una larga discusión, las federadas decidieron ir a Suárez.

De todas formas, quieren que se tome en cuenta a los "autoconvocados". "Queremos estar en línea con los autoconvocados porque creemos que tiene una representación muy grande y eso quedó demostrado en Durazno. Queremos trabajar en conjunto con ellos. La Federación ha trabajado muy democráticamente, escuchando a todo el mundo, y tenemos que seguir con eso, ser coherentes con lo que hicimos anteriormente", señaló Sanguinetti. La Federación decidió por mayoría no ir a la primera reunión que convocó Vázquez porque entendía que primero era necesario que se hicieran los planteos del sector agropecuario en Durazno. Pero como ahora, a diferencia de lo ocurrido en la primera vez, sí se le envió una invitación individual, la gremial se muestra dispuesta a participar de la reunión en Suárez.

En cuanto a los "autoconvocados" hasta ayer no habían sido invitados por Presidencia y planean que una delegación vaya mañana a presentar un pedido formal de audiencia con el mandatario a la Torre Ejecutiva, dijo a El País, Marcelo Nougué, uno de sus voceros.

Las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), organización que reúne a 20 cooperativas de distintos rubros con un total de alrededor de 13.000 productores, en principio tiene previsto aceptar la convocatoria del mandatario, según dijo a El País su presidenta, Virginia San Martín. De todas formas, San Martín entiende que del gobierno "se esperan señales más precisas". La Comisión Nacional de Fomento Rural, que nuclea a 102 organizaciones de 18 departamentos (en buena medida compuestas por ganaderos criadores), dijo a El País que esta organización irá a la reunión con Vázquez y que se hará el viernes una reunión previa de coordinación con las otras gremiales en la sede de CAF.

Ninguna de las gremiales tenía hasta ayer indicios de que el gobierno vaya a tomar alguna medida que pueda significar un alivio para la situación del sector agropecuario.

La senadora frentista Constanza Moreira criticó la movilización agropecuaria. "El bajen el costo del Estado por favor está asociado a los pegotines en las 4 por 4 y es pura política e ideología. No quedó claro si se llama o no a un "acuerdo multipartidario" sobre la situación del agro, o esta asamblea tenía como objetivo ser visibilizada como un actor sectorial digno de entrar en una mesa de negociación, sin depender de las gremiales existentes. (...) Si se quieren soluciones concretas, habrá negociaciones. Si lo que se quiere es crear un "clima" de cara al 2019, no habrá concreción alguna, y el aire seguirá enrarecido como en estos días", advirtió desde su Facebook. "La discusión sobre el atraso cambiario puede ser larga, y sobre esto se evitó un pronunciamiento contundente (también porque hay endeudamiento en dólares en el sector). En síntesis: creo que más allá de la asistencia al acto y sus consecuencias posteriores, a la proclama le sobró "ideología" (que ironía, para los que no creen en las ideologías), y una que los sitúa en un campo de intereses y comprensión de la realidad bastante alejados de la perspectiva del programa de la izquierda", consideró Moreira. El Secretariado del Frente Amplio analizó ayer la movilización de los productores y según dijeron a El País participantes de la reunión hoy se hará una comunicación oficial de lo hablado. Consultado por El País el presidente de la coalición, Javier Miranda, descartó que estuviera previsto hacer una conferencia de prensa y evitó hacer comentarios de la reunión.

Los productores rurales "autoconvocados" pidieron al gobierno "suspender el ingreso a la función pública por al menos por tres años, a excepción de cargos con requisito de título habilitante o que tengan atención en educación, salud o seguridad".

El País analizó la evolución del número de funcionarios. Uruguay ocupa el tercer lugar en la región, tras Venezuela y Argentina, con más cantidad de empleados públicos. El 17,4% de quienes están empleados trabaja para el Estado. La cifra cayó en el último año del que hay referencia, 2016, en que hubo 2.506 funcionarios menos que en 2015. Pero en este período, la cantidad de vínculos aumentó y alcanzó el récord histórico: 293.585.

El aumento de los vínculos de los últimos años (62.315 desde que el Frente Amplio gobierna) está centrado, sobre todo, en las excepciones que señalaron los productores movilizados.

La ANEP incrementó en 2.642 los contratos el último año. Y ASSE lo hizo en 801 en el mismo período.

Si se mira la serie completa desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, en 2005, el 78% del aumento de funcionarios fue en educación. "¡Clientelismo!", ironizó el economista Fernando Isabella, director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Buena parte de este crecimiento responde a que la matrícula de la educación media ha aumentado, al tiempo que cayó la cantidad de estudiantes por grupo.

Para Conrado Ramos, politólogo y exintegrante de la fórmula presidencial del Partido Independiente, el reclamo de limitar el ingreso de empleados públicos ignora el "envejecimiento" del sector. "No ayuda demasiado, más bien lo contrario".

Esto no significa, aclaró Ramos, que no sea necesaria una mejor distribución y eficacia de los recursos.

En algunas áreas, sobre todo en la de fiscalización, "falta gente". En otras sobra. Pero hacer esos cambios, reconoció, "implica meterse con corporativismos" (léase COFE o los sindicatos de gerentes de empresas públicas). Y para un partido político solo "sería un suicidio".

Ramos criticó que el Frente Amplio haya "abandonado la austeridad" y que parte de los nuevos vínculos del Estado hayan sido adjudicados a militantes políticos; "cuando no siempre son los más competentes para el cargo".