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"Uber trata de eludir responsabilidad" al pedir a sus choferes que aporten

El director de la DGI aclaró que Uber "es responsable por aportes de sus choferes desde el 1° de enero" y que al pedirle a sus socios conductores que aporten lo que buscan es que paguen por la empresa.

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DGI. Tendrá otro marco en la definición de conjunto económico para poder determinar responsabilidad solidaria en impagos. Foto: Archivo El País.

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Joaquín Serra, habló esta mañana entrevistado por Telebuendía de canal 4 sobre la situación de Uber en Uruguay. 

El jerarca aclaró que desde la DGI consideran que "Uber mantiene una deuda" por el pago de aporte de los choferes "desde el 1° de enero".

Y sobre la recomendación de Uber a sus choferes para que realicen aportes, ya sea monotributos o pago del IVA mínimo, Serra dijo que con eso lo que la empresa está haciendo es "tratando de eludir su responsabilidad. Porque Uber desde el 1° de enero es responsable por todos los impuestos impagos de los conductores".

La empresa "está tratando que sus conductores paguen por él", señaló. 
Serra dijo que "mas allá del tema impositivo hay un problema que excede a la DGI que es cómo el país regula el transporte de personas"

"Hay un orden de prioridad", detalló el jerarca: "Primero esta aplicación tendrá que ser regulada (...) En segundo lugar vienen las cuestiones tributarias; si inviertiéramos el orden podríamos darle una legalidad al servicio que no la tiene".

Ante la pregunta de si una vez regulada la aplicación la DGI saldrá a cobrar lo adeudado, Serra respondió: "Por supuesto". Y dijo que tienen "las herramientas para exigirle a la empresa que pague lo que debe" 

"Vamos a cobrar lo que tenemos que cobrar", dijo el jerarca, sin mencionar un estimado de esa cifra ya que ello forma parte del "secreto de las actuaciones".

La recomendación de Uber a sus choferes para que realicen algún tipo de aporte surgió esta semana cuando la empresa envió un mail a los socios conductores en los que les recordó que actualmente existen "dos figuras vigentes" en la actual normativa impositiva: una de ellas es el monotributo, un "régimen especial para un ingreso anual bruto inferior a los $ 593.487". Y otra es el pago de IVA mínimo: un "régimen especial para el caso de ingresos brutos anuales que no exceden de $ 989.146".

De esta manera, la empresa sugirió a sus socios conductores que realicen algún tipo de aporte, mientras el gobierno analiza otras modalidades de tributación.

Por su parte, el presidente de la Gremial Única de Taxis, Óscar Dourado, dijo a El Observador que la propuesta de Uber a sus socios conductores es "totalmente absurda".

“Ya hay normas de los gobiernos departamentales y nacionales que establecen que para hacer una actividad de transporte de pasajeros tenés que tener los permisos que te habilitan para hacerlo. Nosotros para ser taximetristas le pagamos a la intendencia, adquirimos y pagamos esos permisos. Hoy usurpan nuestro trabajo, lo roban, y después quieren pagar lo mínimo", sostuvo Dourado.

El Consejo de Ministros dio a conocer esta semana un comunicado emitido por el Poder Ejecutivo, en referencia a la resolución dictada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en relación a la empresa Uber, según informó Presidencia.

El viernes 8 de agosto, la Comisión emitió un fallo que desestimaba la denuncia presentada por el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (Cpatu) en enero de este año. Los taxistas reclamaban la "presunta comisión de prácticas anticompetitivas en el mercado de transporte privado de pasajeros en Montevideo”.

Tras el fallo, el Ejecutivo indicó que debido a la "amplia difusión que tuvo la resolución de la Comisión", era necesario recordar que una de sus funciones marcadas por la Constitución consiste en "ratificar el compromiso de ejecutar las leyes y hacerlas ejecutar por todos quienes cuentan con competencias de dictar reglamentos y ejercer el debido contralor".

El comunicado emitido por el Consejo de Ministros cuenta con cinco numerales en los que se habla de la importancia de controlar las compañías que operan en el país, la necesidad de que todas las empresas cumplan la normativa y la existencia de un proyecto de ley que tiene la finalidad de regular las actividades de los prestadores que emplean medios informáticos y aplicaciones tecnológicas.

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