Por Maite Beer
La seguridad es uno de los temas que más generó controversias en los últimos tiempos del gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, sobre todo en materia de homicidios, dado que se incrementaron 25% en 2022 con respecto a 2021. Por el contrario, durante esta administración las rapiñas disminuyeron 6% entre estos dos años y 13% en 2021 con respecto al año anterior.

Durante 2022, todos los partidos políticos detallaron públicamente qué cambios les parecían imperiosos para poder mejorar el sistema de seguridad uruguayo, que luego se tradujeron en 79 propuestas que le hicieron llegar al Ministerio del Interior (MI). Luego de un gran trabajo de análisis, estas ideas se materializaron en la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva (ESIP), una hoja de ruta con 15 medidas de trabajo en seguridad a largo plazo que se convierten en políticas de Estado.

En primer lugar, el Ministerio cree que debería crearse un nuevo organismo que esté en la órbita de Presidencia y en el que participen todas las instituciones del Estado que, de alguna forma u otra, tengan incidencia en las causas subyacentes del delito, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El documento plantea otros dos puntos que tiene que ver con la creación de consejos barriales y de oficinas para las reuniones con representes políticos, llamados Centro de Atención Integral.

Diego Sanjurjo, doctor en Ciencias Políticas, criminólogo y asesor del MI, fue quien recibió a los referentes del oficialismo y la oposición y generó el documento preliminar. El siguiente paso será volver a discutir estos cambios e incorporaciones entre partidos políticos en un taller que se realizará el 27 de marzo y, al arribar a un consenso, se abrirá el diálogo a académicos y otros actores de la sociedad civil.

El nuevo organismo que en la órbita de Presidencia sería el punto de partida para diseñar y evaluar estrategias integrales en materia de seguridad, algo que celebraron referentes como el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, o el doctor en Criminología radicado en Manchester, Nicolás Trajtenberg. Ambos están de acuerdo en que este gabinete evidencia una apuesta al cambio que es sumamente necesario. Trajtenberg dijo a El País que “hace mucho” que no veía un documento tan completo y ambicioso. Petit, por su parte, expresó que si bien el documento no es “la solución a los problemas”, sí es un camino para encontrarla.

La ESIP también plantea otros dos puntos que tiene que ver con la creación de consejos barriales y de oficinas para las reuniones con representes políticos, llamados Centro de Atención Integral. En definitiva, los referentes consultados por El País están de acuerdo en que cuánto más se acerca la Policía a la gente que sufre las consecuencias directas del delito, mejor será la respuesta para combatirlo.

Menos homicidios. El 56% de todos los homicidios de 2022 ocurrieron en Montevideo y el 39% de este total sucedieron en tan solo seis barrios de la capital, según cifras del MI. Es frente a este panorama que la cartera propone implementar el trabajo de una ONG norteamericana llamada Cure Violence que surgió en la ciudad de Chicago en el 2000.

Lo que hace este modelo es tratar la violencia como una epidemia que tiene focos en ciertos lugares de la ciudad. En primera instancia busca detectar e interrumpir conflictos violentos o potencialmente violentos, después identifica y trata a las personas que están más expuestas a este riesgo y, finalmente, cambia las reglas de comportamiento que contribuyen al aumento de la violencia.

Sanjurjo explicó a El País que la idea es que algunos miembros de la ONG vengan a Uruguay a formar a un equipo de mediadores que hará el trabajo en los barrios de Montevideo. Según el proyecto, estos mediadores serán líderes comunitarios que comparten las raíces socioculturales.

El criminólogo Trajtenberg apuntó que este programa fue implementado en algunos países de Latinoamérica con éxito y que será beneficioso para nuestro país, aunque también indicó: “Nadie cree que esta es la solución de todos los homicidios, sino que tiene que ser un complemento para lograr que no haya impunidad”.

Cuatro puntos del documento para una estrategia integral de seguridad están destinados a mejoras en la dinámica policial. Uno de ellos es fortalecer y nacionalizar la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), un modelo policial que tiene un abordaje proactivo al delito en lugar de reactivo. Se trata de una Policía cercana, que conozca a los vecinos y salga a recorrer las calles del barrio con frecuencia.

Entre las acciones que tomaría el MI, estaría la incorporación de un curso avanzado de capacitación de policía orientado a problemas en los planes de estudio de la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP).

Además, se realizarán proyectos locales e interinstitucionales en base a metas y objetivos concretos a partir de la creación de una Unidad de Seguimiento para este modelo policial.

Otra de las propuestas tiene que ver con acercar un poco el trabajo policial al enfoque que tienen los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al tratar con población vulnerable, como las personas en situación de calle, con problemas mentales o con consumo problemático de drogas y personas con discapacidad.

Roberto de los Santos, quien encabeza la escuela de policías desde hace una semana y tiene 37 años de servicio, aseguró a El País que es importante pensar “en qué Policía queremos tener en 20 años” y que estas dos medidas en relación a la dinámica del cuerpo policial permitirán adaptarse a la realidad.

La estrategia integral también abarca una de las áreas más criticadas de la seguridad: el sistema penitenciario. Actualmente hay 14.600 personas privadas de libertad y durante el año pasado la oposición apuntó contra niveles altos de hacinamiento. En este sentido, los partidos políticos se alinearon en una serie de medidas para atacar los problemas que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

De esta forma, el INR dejaría de estar en la órbita del ministerio, para que la cartera existente solo se ocupe del control y la represión del delito. El nuevo Ministerio de Justicia estaría encargado del sistema penitenciario y de penas alternativas, al igual que de la promoción de los derechos humanos.

Lo primero que busca la actual administración es generar un consenso político interpartidario sobre la conveniencia de crear esta nueva cartera durante la próxima legislatura que inicia en 2025 dado que hay una situación de “agotamiento estructural” en el sistema. Luego de arribar a un consenso, pretenden comenzar con la elaboración del proyecto de ley.

Pero también hay otras dos medidas que tienen que ver con la adicción en cárceles y con reforzar el sistema de libertad asistida. El objetivo en el caso de las adicciones es fortalecer el Programa de Uso Problemático de Drogas del INR a través de más tratamientos y más dispositivos ambulatorios.

Juan Miguel Petit sostiene que es una “gran noticia” que finalmente se ponga sobre el tapete la creación del Ministerio de Justicia, que existe en todos los países del primer mundo. Entre varios puntos, destacó la importancia de que, por lo menos, haya un plan detallado para el sistema penitenciario para así poder captar financiamientos, como los del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que “rara vez” quieren invertir en cárceles.

La transformación va a llevar varios años. No terminaría ni en la próxima administración, según Petit, quien agregó que en otros países el proceso ha demorado diez años. Por otro lado, también señaló la “urgencia” por tratar las adicciones. Para eso, lo primero es que ASSE establezca los programas de tratamiento.