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Si no vuelven, la Policía buscará 16.000 alumnos

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En Montevideo y San José se verán afectadas las clases durante 26 días corridos. Foto: Inés Guimaraens
SALIDA DE LICEALES DEL LICEO 24 DE PASO DE LA ARENA, FOTO GUIMARAENS, ND 20100427 - INES GUIMARAENS / DIARIO EL PAIS
Archivo El País

En 20 días se activa protocolo; primero llaman por teléfono.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está dispuesta a ir a buscar con la Policía Comunitaria a unos 16.000 menores de entre 5 y 17 años que no están yendo a estudiar. De todos modos, las autoridades advierten que este será el "último paso que se dará" y solo se llevará a cabo "en caso de que sea estrictamente necesario".

Días atrás el Banco de Previsión Social (BPS) anunció que 15.994 alumnos perderán el dinero que cobran de asignaciones familiares si no se presentan a estudiar antes de fin de mes. Si al 1° de agosto no volvieron a las aulas —además de que la asignación se suspenderá y ya no cobrarán a partir de septiembre— la ANEP activará un protocolo con el objetivo de recuperar a esos alumnos.

En primer lugar se los tratará de ubicar telefónicamente. Si no hay respuesta, se les mandará una citación a los padres. Si tampoco resulta esto, se los tratará de contactar a través de los docentes y/o la comisión de fomento que corresponda a cada institución. En caso de que nada de esto funcione, ahí sí se le pedirá a la Policía Comunitaria que vaya casa por casa.

"El protocolo existe y prevé la búsqueda de los alumnos con la Policía Comunitaria, pero eso no quiere decir que sea la primera medida que hay que tomar. Muy por lo contrario, hay que seguir una serie de pasos establecidos" antes de llegar a tal extremo, dijo a El País la consejera de la ANEP, Laura Motta.

El País publicó este fin de semana el caso de Dolores, donde una jueza penal mandó a buscar con la Policía Comunitaria a 21 jóvenes que no estaban yendo a estudiar, al tiempo que mandó citaciones a sus padres.

Fuentes judiciales dijeron a El País que la deserción en esa ciudad del interior es muy grande. Citaron, por ejemplo, el caso de una niña de la Escuela N° 9 José Enrique Rodó, que no va a estudiar desde hace tres meses.

Protocolo.

El Protocolo de la ANEP en realidad establece que este se debe activar a las tres faltas sin justificación de un alumno. El problema aquí está en que las autoridades primero deberán constatar la realidad de cada joven que aparece en la lista que dio el BPS.

En el caso de Primaria está todo informatizado, tanto la educación pública como privada, entonces se puede hacer un seguimiento específico de cada alumno. Pero en el caso de Secundaria, el programa informático solo registra los liceos públicos, entonces en caso de que un alumno se haya pasado a la educación privada o a una UTU el sistema no lo detecta y puede aparecer como que no esté yendo a estudiar, cuando en realidad lo que hubo fue un cambio de institución.

A mediados de 2014, cuando se cortaron por última vez las asignaciones familiares a aquellos que no iban a estudiar, se dieron varios casos de jóvenes que figuraban como desertores del sistema cuando en realidad lo que había pasado es que se habían cambiado de institución.

"Por esto es que se da hasta los primeros días de agosto para que las familias de los jóvenes que aparecen en la lista del BPS puedan presentar la documentación de que están asistiendo a alguna oferta educativa", explicó Motta.

Aunque la consejera no dio las cifras exactas, aclaró que de los casi 16.000 alumnos que figuran como fuera del sistema educativo, "la gran mayoría" deberían estar cursando Secundaria. Este es el primer cruzamiento de datos que se da entre el BPS, la ANEP y el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de Tabaré Vázquez. El mandatario también ordenó por decreto ir a buscar a los alumnos casa por casa.

Asignaciones suspendidas.

En 2013 se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000. En 2015 no se hizo, por la negativa de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. El Estado otorga un total de 495.000 asignaciones familiares. La mayoría de ellas, 384.000, están comprendidas dentro de la ley N° 18.227, las cuales están condicionadas a que las familias envíen a sus hijos a estudiar. La prestación que reciben la mayoría de los beneficiarios se cataloga como "simple" y corresponde a una cifra entre $ 684 y $ 1.839, dependiendo de la cantidad de menores a cargo.

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En Montevideo y San José se verán afectadas las clases durante 26 días corridos. Foto: Inés Guimaraens

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