INVESTIGAN

A la directora general de la Salud, Raquel Rosa, le “preocupa muchísimo” que no funcionaron los dos desfibriladores usados para intentar reanimar a una persona el lunes. Ambos equipos, propiedad del Ministerio de Salud, habían sido “chequeados unas semanas antes”, dijo la jerarca, por lo que la secretaría de Estado inició una investigación.

Si no hubiese sido verídico, si no hubiese muerto una persona, hubiese sido un chiste de mal gusto: “el colmo de”. A un hombre se le paralizó el corazón justo enfrente de la sede central del Ministerio, en la plaza Silvestre Blanco. Quienes fueron a socorrerlo, usaron dos desfibriladores que estaban dentro del edificio de la cartera. Ninguno funcionó. Y enseguida comenzaron las comparaciones: “es como si en el cuartel de bomberos los bomberitos estuviesen vencidos”.

Ante el hecho consumado, las autoridades de sanidad manejan la hipótesis de que la falla puede deberse a un error humano o tecnológico. Al momento de intentar usarse, ambos equipos reportaban falta de batería. Por eso Rosa ordenó “que se haga un estudio del aparato a ver qué pudo haber pasado”.

En el país hay 3.500 desfibriladores, pero solo 2.000 de ellos están georreferenciados por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Hasta el momento, la Comisión “jamás” había recibido información de una falla como la reportada por el Ministerio de Salud.

Entre ambos organismos -la Comisión y el Ministerio- prevén instalar chips en los desfibriladores para controlar su ubicación y estado de funcionamiento. Según el médico Mario Zelarayán, director ejecutivo de la Comisión, “ya se realizó con éxito un piloto en que se monitoreaba dos equipos: uno fijo y otro móvil que iba en un ómnibus”.

La muerte del paciente del lunes podría apurar un decreto en el que se obligaría la incorporación de los dispositivos de georreferenciación. ¿Con qué objetivo? “La idea es que en la app CERCA, ya disponible, los usuarios no solo puedan ver cuál es el desfibrilador más cercano, sino también si está abierto el edificio en que se encuentra y si tiene batería”.

La vida -o mejor dicho la reanimación- depende de ocho minutos. Ese es el tiempo que, en promedio, una persona puede salvarse tras un paro cardíaco.

En Uruguay son entre 12 y 15 las personas que sufren por día una muerte súbita. Y, para intentar su reanimación, dos veces al mes se usan los desfibriladores externos autónomos (DEA). Estos equipos, explicó el cardiólogo Zelarayán, “tienen un 50% de éxito”. Las emergencias móviles, en cambio, “tienen solo entre 7% y 10%”.

No es una cuestión tecnológica. De hecho las ambulancias están equipadas con desfibriladores de mejor calidad. Lo que sucede es que, ante un paro, el tiempo es clave. Por eso la ley 18.360, del año 2008, regula y promueve la instalación de estos equipos.

El hombre de 84 años que murió el lunes, frente a la sede del MSP, tuvo un tipo de paro cardíaco que se conoce como “asístole”. Es el nombre que se usa en medicina para definir la ausencia completa de actividad eléctrica en el miocardio y que en el electrocardiograma figura como una línea plana.

Eso significa que, de haber funcionado, era poco y nada lo que podría haber contribuido el desfibrilador. Como lo indica el nombre, el desfibrilador sirve cuando existe fibrilación ventricular y, por tanto, el shock eléctrico, junto al masaje cardíaco y la respiración boca a boca podrían resucitar a la persona.

Lo primero que hace el aparato, por tanto, es analizar el ritmo cardíaco, identifica arritmias mortales pasibles de desfibrilación y, de haber condiciones, administra la descarga eléctrica. Como en el hombre fallecido el lunes eso no era posible, el tercer equipo utilizado y que sí tenía batería (uno que estaba en el Banco Hipotecario) advirtió que no era compatible con el caso.

La reglamentación establece que están obligados a tener un desfibrilador los “edificios, hoteles, locales de trabajo, compras, turismo, descanso o esparcimiento, estadios, gimnasios deportivos, terminales aéreas, portuarias y terrestres de cualquier índole, siempre que la circulación o concentración media diaria alcance o supere las 1.000 personas mayores de 30 años y que estén ubicadas en regiones asistidas en tiempo y forma por sistemas de emergencia médica avanzada”.

En los lugares en que las emergencias no lleguen con tanta facilidad, es necesario colocarlo en edificios con al menos 200 personas en tránsito. Y, tanto en uno como otro escenario, los sujetos obligados son, también, los responsables del mantenimiento de los equipos.

Estos reanimadores se entienden como un “servicio a la comunidad”. Según Zelarayán, “se intenta que la población conozca su uso (hay 100.000 personas ya capacitadas) y que cualquiera pueda usarlo”. Por esa misma razón, tienen que estar situados en lugares visibles y accesibles.

Pero la misma idea de “servicio”, hace que no existan sanciones para quien incumple la normativa y, según dijo Rosa, el Ministerio de Salud “no realiza inspecciones” al respecto.

El senador del Partido Nacional Javier García había dicho que “el MSP tiene doble responsabilidad, porque la ley y decreto establece que cada organismo es responsable por el mantenimiento y el funcionamiento de los desfibriladores, y porque el MSP es el responsable del control e inspección en todo el país”.

García pidió la comparecencia en la comisión de Salud del ministro, Jorge Basso, con el fin de que el jerarca explique lo ocurrido y las medidas tomadas por la cartera. En paralelo, el legislador busca el apoyo de los parlamentarios para promover una ley que obligue la enseñanza de reanimación en liceos.

“Preocupa mucho” la falla técnica

En la cuenta regresiva por reanimar a una persona, tras un paro cardíaco, el desfibrilador es una de las herramientas más efectivas. Se estima que su eficacia, cuando hay fibrilación ventricular, alcanza al 50%. La regulación que implementó Uruguay, en este sentido, “es pionera en el mundo”, dijo la directora general de la Salud, Raquel Rosa. En otros países en los que está extendida la enseñanza de la reanimación cardíaca, como en Inglaterra, se usan campañas de “solo con las manos”, porque se promueve el masaje cardíaco ante la falta de desfibriladores. Si bien ambas herramientas son complementarias -masajes y tecnología-, “es muy importante tener este tipo de auxilio en el país”, que “la población sepa su uso, que acceda”y que “esté distribuido” de tal forma que permita ayudar hasta que llega la emergencia médica, dijo Rosa. Aun así, reconoció, “es muy difícil conocer cuál es el estado de situación de 3.500 desfibriladores”.

“El primer caso” de falta de batería

La Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular fue una de las promotoras de la ley que reguló el uso de los desfibriladores. Si bien este organismo no tiene potestad de contralor, sí asesora al Ministerio de Salud. El cardiólogo Mario Zelarayán es, además del médico personal del presidente Tabaré Vázquez, el director ejecutivo de esta comisión honoraria. Bajo su gestión, el organismo viene estudiando el uso de los equipos de reanimación comunitarios. En promedio, dijo, “los primeros cinco años luego de la ley los desfibriladores se usaron 120 veces “. A veces, “la reanimación fue exitosa y otras no”. Pero jamás se reportó una falla de batería. Por eso, “de confirmarse lo ocurrido en el MPS sería el primer caso”. De todas formas, aclaró: “la falla de batería es un problema mundial, por eso promovemos la colocación de chips que controlen el estado de los equipos”.