El intendente de Salto, Andrés Lima y su equipo de gobierno, llamaron ayer a una conferencia de prensa por primera vez desde que asumieron el cargo.

En la convocatoria anunció que aplicará un aumento del 67% en el boleto local que pasará de costar $ 6 a $ 10.

Además, hizo saber que suspenderá ascensos y adecuaciones salariales a más de 300 funcionarios municipales que fueran aprobados por el ex intendente Manuel Barreiro antes de abandonar cargo.

El incremento del boleto, enmarcado en una fuerte reducción de gastos, se comenzará a aplicar la semana próxima.

En febrero de 2015, durante la campaña electoral, el intendente Lima firmó una carta en que se comprometía a mantener el precio del boleto y a no privatizar el servicio.

Sin embargo, el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia, Rafael Di Donatto, afirmó que el aumento es debido a que la empresa municipal de ómnibus tiene un "deterioro notorio".

Al respecto, el jerarca ejemplificó que la empresa de transporte no tiene fondos para mandar imprimir boletos o reparar uno de los coches nuevos. Advirtió que tampoco hay stock de cubiertas o aceite.

No obstante, la empresa seguirá perdiendo plata. Di Donatto aclaró que la empresa seguirá con los números en rojo y que "para empatar" el boleto debería costar $ 16.

"Este empresa no tiene la obligación de ganar plata", sentenció el director de Transporte salteño.

Además, ayer el gobierno salteño informó que mantendrá por 60 días los "pases" a jubilados, pensionistas y estudiantes. Pasado ese período se volverá a analizar la situación.

Di Donatto sostuvo que la suba del boleto responde al aumento de la inflación.

"En realidad no es un aumento, es un ajuste por inflación y sigue siendo el boleto más barato de todo el país", afirmó.

Según el jerarca el incremento permitirá mejorar la "calidad del servicio público", dijo. Mientras tanto, desde la oposición una de las voces que salió a responder fue la de Cecilia Eguiluz, actual diputada y ex secretaria general de la Intendencia de Salto. "Día gris en Salto, aumento del boleto perjudicando a quienes menos tienen. Empezaron las persecuciones a los funcionarios", aseveró Eguiluz en Twitter.

La legisladora aseguró a El País que está en contra de la suba y que la medida impactará "en los jubilados y pensionistas" de Salto.

Eguiluz aseguró que la empresa vende 750.000 boletos por mes, cifra que "seguramente va a caer". Aclaró que el subsidio al boleto es de tres millones de pesos por mes; la mitad se paga con el fideicomiso del combustible y el resto corre por cuenta de la Intendencia.

"Ahora la Intendencia no va a tener esa pérdida pero se va a sentir en los bolsillos de la gente. La primera medida que tomó Germán (Coutinho) fue bajar a la mitad el boleto; ellos resuelven aumentarlo en un 67% en un momento que todos los sectores productivos de Salto están complicados", dijo.

Por su parte, el ex intendente Germán Coutinho, que ocupa una banca en el Senado, prefirió no hacer comentarios.

La cantidad de funcionarios que se desempeñan en la Intendencia de Salto también fue un tema de campaña electoral. Lima sostenía que había 2.200 trabajadores, mientras que la administración Coutinho decía que esa cifra era menor.

Ayer durante la conferencia la nueva conducción departamental admitió que en realidad hay 1.906 dependientes de la comuna salteña.

Fuentes del Partido Colorado de Salto sostienen que a esas cifras hay que descontar los "talleristas" de la Casa de la Cultura que no están en la plantilla permanente, lo que daría un total de 1859 funcionarios.

La diputada Eguiluz afirmó que están produciendo "persecuciones" a los funcionarios identificados con la administración anterior.

"Eso es mobbing, los acosan, les dicen que los mantendrán hasta que sus funcionarios aprendan", aseguró la diputada. "Nosotros buscamos unir al funcionariado pero ahora están dividiendo a la gente", agregó.

Desde que asumió la nueva administración comenzó la fiscalización de la Zona Azul, estacionamiento tarifado, que hasta los primeros días de julio no se controlaba por efecto de la huelga de funcionarios.

Por el momento, no se están aplicando multas aunque se está notificando a los conductores infractores.

Durante el gobierno de Coutinho lo recaudado por el estacionamiento tarifado se donaba a instituciones de bien público de Salto. Hasta el momento, el intendente Andrés Lima no se pronunció sobre si continuará con esa política.

El efecto social del bajo precio del boleto en Salto, y su efecto en la población más carenciada, es objeto de un estudio por parte de técnicos de Naciones Unidas, dijo la diputada Cecilia Eguiluz, ex secretaria general de la Intendencia de Salto. "Buscan saber cuál es el efecto del precio del boleto en América Latina sobre los sectores vulnerables y su efecto en la economía. En Salto estaban estudiando el impacto del boleto barato en la gente", agregó.

La Intendencia aduce que es por “ajuste inflacionario”; pasó de $ 6 a $ 10