PRIVADOS DE LIBERTAD

Al menos 26 reclusos piden que les enseñen a leer y escribir

Buena parte de los analfabetos están en las cárceles. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son, pero los cálculos más conservadores hablan de al menos 100 reclusos. Y dentro de esta población hay 26, con nombre y apellido, que manifestaron su interés en aprender a leer y escribir, pero les fue negada la posibilidad. El Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Facultad de Derecho salieron en su defensa y le pidieron a la Justicia que tomara cartas en el asunto, pero esta no dio lugar al reclamo.

La Justicia entendió que no está en juego la integridad física de los presos y, por tanto, no puede obligar a la ANEP a que garantice el acceso a la educación a todos los reclusos. Sin embargo, el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, dijo que es ella, la Justicia, la que "tiene un rol fundamental en garantizar los derechos humanos". Y en este caso, "la enseñanza es un derecho básico".

Pablo Federico Groba lo tiene claro. Lleva nueve meses en el módulo 10 del Comcar. A sus 36 años, sin saber leer ni escribir y recién recuperándose de una adicción a la pasta base, son pocas las chances que le quedan para autosustentarse una vez que recupere la libertad. Su padre tiene un carro de venta de panchos y Pablo quiere trabajar allí. Pero como abandonó la escuela antes de terminar segundo año, no sabe sumar y restar el valor de los billetes, tomar apuntes de los balances o redactar los carteles con las promociones del mes. Ni siquiera sabe lo que dice acá.

Según el escrito que presentó Petit, con el asesoramiento de la Clínica de Litigio Estratégico de UdelaR, el recluso "pidió para estudiar" y le respondieron que "no hay cupos". Y aunque los presos estén bajo la órbita del Ministerio del Interior, "la ANEP es la responsable de extender la política educativa a toda la población", explicó Juan Ceretta, docente de la Clínica asesora. "La pena es la privación de un derecho, la libertad ambulatoria, pero no puede haber vulneración de otros derechos como la alimentación, la salud, la educación…".

Los romanos fueron los responsables de expandir la oliva, la construcción con arcos y bóvedas, y la base de la medicina moderna. También a ellos se deben muchas de las figuras jurídicas: el "habeas corpus" es un ejemplo.

Estas palabras, que en su origen latín significan "que tengas tu cuerpo" o "traigan el cuerpo", eran usadas cuando ante una desaparición se exigía la rápida averiguación de dónde está la víctima. El término luego evolucionó y hasta la Constitución uruguaya lo reconoce en referencia al derecho de un preso —o un detenido— a que la Justicia determine si su arresto fue legal o no.

Pero hacer corto el cuento, el nuevo Código del Proceso Penal incorporó el "habeas corpus correctivo". En este caso, refiere a que no está en discusión si la persona debe o no estar privada de libertad, sino sobre si las condiciones son la adecuadas o indebidas. Y es ese recurso el que presentó dos veces Petit y que, ante dos fracasos consecutivos, tendrá que apelar.

"La Justicia sigue aferrándose a una concepción antigua y no a la cultura básica de asegurar los derechos", criticó. El reclamo, agregó, "no es para nada descabellado ni caro: solo pedimos que se implemente un primer mecanismo de acceso a la educación a los presos del Comcar" que son, a su vez, uno de cada tres reclusos del sistema penitenciario.

La consejera del Codicen Laura Motta reconoció que, "con seguridad no se esté atendiendo al total de la población". Pero aclaró que existen dos programas de alfabetización. Uno para quienes nunca fueron a la escuela y otro para aquellos que, aun habiendo ido un tiempo, se han olvidado por la falta de uso. En cualquiera de los casos, explicó, "son cursos opcionales y que muchos eligen para reducir la pena".

La ANEP destinó 635 horas docentes, en 2017, para el trabajo con reclusos. Si bien el número de estudiantes no es fijo, porque a algunos los cambian de lugar o les dan la libertad, se estima que hubo 1.200 alumnos en el sistema. Dos tercios de ellos cursaron Primaria, aunque no todos, aclaran desde Codicen, son analfabetos.

Los denunciantes reconocen que ha habido "avances en los últimos años respecto a la cobertura educativa en el sistema penitenciario", pero reclaman que no es suficiente y que "la falta de personal docente (son 60 en total para todos los centros y los niveles), de infraestructura" e incentivos terminan sin satisfacer la demanda; sobre todo de los más desfavorecidos.

Sea cual sea la explicación, Petit y sus asesores pretenden que la Justicia se comprometa cuanto antes con los hechos, con la idea de garantizar la educación de los internos del Comcar en este 2018.

"En el caso del Comcar es inquietante ver que hay internos que entran y salen analfabetos de la cárcel, muchas veces sin siquiera haber pasado en toda su vida por algún proceso educativo", reza el escrito presentado ante la Justicia.

Luis Jaureguiberry lleva tres años y medio preso en el Comcar y aunque cursó hasta tercero de escuela, no sabe realizar las operaciones matemáticas más simples. Pide que le enseñen para "hoy o mañana ser alguien".