PREOCUPANTE DÉFICIT FISCAL

El tema no está en la agenda del FA; Murro marca distancia.

El ministro de Economía Danilo Astori planteó formalmente ayer la necesidad de reformar la seguridad social durante el próximo gobierno para poder contener el abultado déficit fiscal que registra el país. El asunto no está entre las prioridades del Frente Amplio, e incluso es mal visto por alguno de sus integrantes.

Entrevistado en radio Sarandí, y en el marco de un análisis sobre el resultado fiscal del país, el que admitió que "es difícil" de bajar, el ministro reconoció que por el lado de los ingresos no se puede hacer mucho porque no se pueden subir los impuestos, por lo que se debe trabajar sobre "el gasto que el país ha venido determinando con el paso de los años y que hoy no es posible disminuir por diversas razones".

Puso como ejemplo el gasto en el sistema de la seguridad social "que ha tenido una flexibilización muy importante en 2008, lo cual ha conducido a un aumento del gasto. Me estoy refiriendo también al Sistema Nacional Integrado de Salud ahora con todos los colectivos integrados al mismo y ese es un gasto intocable", dijo.

Preguntado sobre si ese nivel de gasto es sostenible, Astori dijo que "Uruguay va a tener que encarar de cualquier manera, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, una reforma importante de la seguridad social que tome nota de los cambios que ha habido en la sociedad. Con una esperanza de vida, por ejemplo, que ha aumentado notablemente en los últimos años y [...] no se puede seguir con el mismo sistema que refería a otras mucho más acotadas. La sostenibilidad fiscal hace que en algún momento haya que revisar los parámetros fundamentales sobre los cuales se apoya el sistema de seguridad social".

Al ser consultado sobre si se deberá elevar la edad jubilatoria, Astori evitó hacer precisiones, pero vaticinó que "una reforma de ese tipo la tendrá que hacer seguramente un próximo gobierno, pero vamos a tener que encarar todos los parámetros fundamentales. La edad de retiro, los haberes de retiro, las tasas de reemplazo —que son las relaciones entre la tasa de actividad y la pasividad".

El ministro reconoció que la flexibilización de las condiciones para acceder a la jubilación que se aprobó en 2008 "intentó beneficiar a los uruguayos, pero terminaron incrementando en una medida importante los recursos que se dedican a la seguridad social e incidiendo en una medida muy importante en el resultado fiscal".

Para graficar la demanda de recursos que implica el sistema de seguridad social, Astori explicó: "Si sumamos todo el volumen de recursos que destinamos a la seguridad social el país tiene una exigencia muy importante. Son siete puntos del IVA para el BPS que equivalen a US$ 1.400 millones, la asistencia que hoy recibe el BPS son US$ 600 millones. Se vuelca al BPS la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y el equivalente al Cofis —un impuesto que fue eliminado— con lo cual tenemos US$ 500: más; si sumamos la asistencia a la Caja Militar y a la Policial también ya estamos en unos US$ 3.200 o US$ 3.300 millones por año".

Poco después que Astori planteara la necesidad de reformar el sistema de seguridad social, el ministro de Trabajo Ernesto Murro —quien no suele estar de acuerdo con las iniciativas de su colega de Economía— le salió al cruce.

Consultado por la prensa, Murro reconoció que el déficit fiscal "preocupa y ocupa" al gobierno, pero relativizó su magnitud. "Argentina, Brasil, España e Italia tienen déficits más altos que Uruguay y no los veo alarmados", dijo el ministro en rueda de prensa.

"Estados Unidos llegó a tener un déficit de 10%", remarcó, y dijo: "Nos importa el déficit fiscal, pero más la vida de la gente", sentenció.

El País hizo consultas entre integrantes de varios sectores del partido de gobierno y todos coincidieron en que la reforma de la seguridad social no es un tema que en la actualidad esté entre sus prioridades.

Uruguay realizó su reforma jubilatoria en 1996, aunque en los últimos años se fueron gestando cambios. Por ejemplo, se bajó de 35 a 30 la cantidad de años trabajados (con cotización) requeridos para jubilarse por el pilar de solidaridad intergeneracional (BPS). También se permitió a las mujeres computar un año de trabajo por cada hijo.

Previo a esta flexibilización de las jubilaciones, "el BPS había hecho una proyección sobre cuál sería el número de altas incrementales por el efecto de la nueva ley, y las mismas rondaban las 37.000 acumuladas desde 2009 a 2015. Sin embargo, en base a la información actualmente disponible, las mismas ascenderían a 103.000, quiere decir que casi triplican las proyectadas anteriormente. Este número de altas implicaría un costo adicional no proyectado de alrededor de US$ 330 millones anuales en 2016", indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el informe económico de la Rendición de Cuentas 2017.

Hasta ahora, Uruguay no se ha planteado elevar la edad de retiro que sigue en 60 años. Pero en el futuro tendrá que hacerlo o al menos impulsar a que postergue la edad de retiro. Actualmente, según datos del BPS, la edad promedio de jubilación es 63 años.

El demógrafo Juan José Calvo dijo en entrevista con El País publicada el año pasado, que los ajustes "se producen cuando es inevitable" y que "la solución a largo plazo es generar más riqueza per cápita".