Lacalle Pou

La reglamentación de la Ley 19.175 de Recursos Hidrobiológicos sigue despertando controversias, ahora es el turno del Partido Nacional.

El pasado 24 de abril, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos, que fue aprobada en 2013, a través de un decreto. El Capítulo VII del decreto establece que la investigación de pesca quedará centralizada en la Dinara, un organismo que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La reglamentación señala que esta dirección es la que dará autorizaciones de permisos de pesca "con fines de investigación, científicos y docentes", a la vez que divulgará los resultados.

La decisión despertó la inmediata oposición de la comunidad científica. Tras la divulgación del decreto, investigadores y científicos de diferentes ámbitos, incluidos de la propia Dinara, manifestaron su sorpresa y preocupación.

Uno de los investigadores que impugnó el proyecto fue Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales. "No puedo juzgar intenciones si es que las hubo. Hay que preguntarles a los autores de la reglamentación de la ley de pesca. Lo que está claro son las consecuencias que tiene. Es un decreto que amordaza la investigación en recursos acuáticos, que es uno de los temas más importantes del instituto que yo dirijo", sentenció.

A esa reacción el lunes se sumó la del sector frenteamplista IR liderado por la diputada Macarena Gelman. A través de su cuenta de Twitter, la agrupación hizo saber que ve "con gran preocupación este decreto porque atenta contra la independencia en materia de generación de información y conocimiento, tanto de la academia como de otras instituciones del Estado".

Ahora el senador Luis Alberto Lacalle cursó un pedido de informe al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con 19 preguntas para conocer los pormenores de la decisión.

Entre las preguntas de Lacalle Pou se destacan las siguientes: ¿Por qué entiende el MGAP que se deben limitar las investigaciones con fines científicos o docentes? ¿Existen antecedentes en otros países en donde las investigaciones científicas haya que proporcionarlas a un organismo de gobierno antes de divulgarlas? ¿Qué parámetros serán tenidos en cuenta para evaluar si un proyecto de investigación científico o docente puede o no ser publicado?