MERCADO INMOBILIARIO

Cayó la inversión en vivienda social

“Medidas del ministerio hicieron que los constructores se retiren del mercado”, dijo Borsari.

Ley funcionó hasta que Vivienda intervino, según Borsari. Foto: Darwin Borrelli
Ley funcionó hasta que Vivienda intervino, según Borsari. Foto: Darwin Borrelli

Los números no mienten: la ley de promoción de la vivienda social —hoy llamada ley de vivienda promovida— funcionó bien desde su creación en 2011. Pero ahora el envión se paró y los proyectos promovidos ante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para 2018 son cero, luego de que en años anteriores superaran los 100 al año, y los ingresados a estudio del organismo apenas alcanzan al 1,7% del total.

El director de la ANV en representación de la oposición, Gustavo Borsari, dijo a El País que "uno de los errores que ha habido luego de la aprobación de esta ley es que paralelamente no se crearon instrumentos financieros para las familias que no califican para el crédito. Luego de la sanción de la ley que se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos, el Ministerio de Vivienda impulsó dos decretos reglamentarios en 2014 y 2017 que a mi juicio afectaron el funcionamiento de la ley. El primer decreto estableció un tope de precio en las viviendas construidas del 25%, es decir que una de cada cuatro viviendas debe tener un valor topeado por el ministerio y ser ofrecida en venta a la cartera. Luego en 2017 el tope de precio se bajó al 10% de las viviendas. Eso desincentivó a los promotores privados", reflexionó Borsari.

"Esta regulación trajo una nefasta consecuencia, a mi entender, que es que los constructores al tener que esperar todo el proceso para cobrar las viviendas ofrecidas al ministerio, prácticamente se retiran del mercado. Las estadísticas así lo muestran", opinó.

De todos modos, desde 2011 la ley de vivienda promovida, antes llamada ley de vivienda de interés social, ha tenido un buen desarrollo ya que se han construido alrededor de 15.000 viviendas desde 2011", recordó el jerarca.

Aclaró que por su costo, estas viviendas no alcanzaron a ser de interés social ya que estaban dirigidas a un estrato medio de la sociedad. Aproximadamente se le pide al interesado un 10% del costo de la vivienda porque lo financian los bancos o incluso los promotores privados. El Estado no destina recursos para esas viviendas.

"En los años posteriores a la sanción de la ley había alrededor de 100 proyectos (edificios) activos por año hasta que en 2015 comenzó a bajar y finalmente hoy, en lo que va de 2018, estamos en cero proyecto. No solo el Poder Ejecutivo con estas regulaciones consiguió bajar el precio del metro cuadrado de construcción —el cual fue el objetivo de la ley— sino que ha hecho que las empresas prácticamente se retiraran del mercado. Lo dramático es que un instrumento que sirve para aumentar el stock de viviendas además debió hacer que el precio de los alquileres bajara", dijo.

La renuncia fiscal que hace el Estado para promover este sistema es importante. Se le devuelve el IVA al constructor, no paga impuesto a la renta de las personas físicas por diez años, y ni el vendedor ni el comprador pagan impuesto a las transmisiones patrimoniales en la primera venta.

"Este sistema permitía trabajo en la construcción, camioneros, barracas, fleteros, Portland, muchos insumos. El 9% del Producto Interno Bruto se mueve por la construcción. Estoy muy preocupado. Tendríamos que volver al régimen original de la ley de promoción de la vivienda social de 2011. Tendríamos que sacar al Ministerio de Vivienda de la comercialización de las viviendas de ese tipo", afirmó Borsari.

El director de la ANV coincidió con la preocupación que expresara el ministro de Economía, Danilo Astori, "porque él quiere que haya inversión privada". "Esto de la construcción no se puede detener. Además estamos en el menor nivel de empleo en la construcción de los últimos años con 41.000 puestos de trabajo activos. Y esta caída tiene incidencia directa en el empleo en la construcción", señaló.

Para el jerarca otro problema es la proliferación de los asentamientos. "En 2011 había 589 asentamientos en todo el país, de los cuales 332 estaban en Montevideo. Pero en 2015 crecieron a 412 solamente en Montevideo. El promedio de edad de quienes viven allí es de 24 años. La mitad de los habitantes de los asentamientos tienen menos de 18 años de edad. Lamentablemente la vicepresidenta Lucía Topolansky tiene razón cuando afirma que las políticas de vivienda de estos gobiernos frenteamplistas no movieron la aguja. Por eso entiendo que tenemos que ir a una política bien diferenciada de la vivienda de interés social o vivienda promovida. Porque son cosas distintas", razonó.

Para Borsari hay que volver a la recreación del Fondo Nacional de Vivienda que se creó por la ley 13.728.

Asimismo, en la última edición de la revista Propiedades, que se especializa en el tema de la vivienda, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Daniel Zulamian, planteó la necesidad de que se estimule el crédito para acceder a bienes inmuebles. "Si utilizamos crédito usualmente para compra de bienes fungibles o consumibles, y bienes muebles no fungibles pero de corto uso, como electrodomésticos, autos, etc., ¿cómo no vamos a utilizar créditos para adquirir bienes raíces? Es donde más deberíamos utilizar el crédito a mediano y largo plazo. Creemos que medidas para su incentivo en la adquisición de inmuebles tanto para residentes como para no residentes serían muy beneficiosas", opinó.

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