PODER JUDICIAL

En agosto de 2021 un hombre fue imputado por la Justicia de Rivera por el delito de abuso sexual en calidad de autor. En mayo de 2018 su expareja lo había denunciado por cometer un abuso sexual hacia la hija de ambos, quien en el momento de la presunta agresión tenía tres años.

Para la formalización penal se tomó como evidencia una pericia psicológica que se le hizo a la niña y un informe de una psicóloga que atendió a la menor, el cual daba indicios sobre un abuso sexual.

“Ellos estaban separados y mantenían el vínculo por la hija”, destacó a El País la abogada del hombre, Magdalena Saldivia. La defensora indicó que durante la investigación -que ya lleva cuatro años- “no se obtuvo ninguna prueba contundente” para lograr incriminar a su cliente por un delito de abuso.

Según Saldivia, en el proceso judicial “se ha vulnerado mucho el derecho de él como persona por el simple hecho de ser hombre”. La abogada está a la espera de la acusación fiscal: “Nosotros queremos que se acuse y que llegue el juicio para probar su inocencia y también poder dar cuenta de todas estas fallas del sistema porque no es posible que una persona esté cuatro años sometida a la Justicia sin que se dé ningún tipo de respuesta”.

El mismo año, cuando comenzó la investigación por este caso de abuso sexual intrafamiliar, la Fiscalía de Rivera recibió otra denuncia por un padre que había manoseado sexualmente a su hijastra, que tenía 10 años en el momento en que sucedió el incidente.

La madre de la niña se había hospitalizado por el parto de su tercer hijo -con el padrastro de la niña- y el hombre se quedó cuidando a las dos hijas de la mujer en la casa. Hacía 15 años que estaban en pareja y él había criado a la víctima desde que ella tenía dos.

Cuando la hijastra denunció lo sucedido tenía 17 y al poco tiempo su madre se separó del padrastro. Al momento de denunciar, la menor también se refirió a ciertos juegos que tenían con el hombre que la incomodaron durante varios años.

El autor del crimen fue condenado en primera instancia por reiterados delitos de atentado violento al pudor y recibió una pena de dos años y medio, pero ahora el caso se encuentra en el Tribunal de Apelaciones.

El año pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) subrayó en un comunicado la importancia del testimonio de los niños en un caso de abuso sexual infantil.

El organismo destacó entonces que “no se dispone de datos científicos que indiquen que los niños difieren de los adultos en su capacidad para distinguir entre sucesos reales y sucesos imaginados y ha quedado demostrado por la psicología experimental que los niños no son más sugestionables que los adultos”.

La SCJ señaló que “no hay que perder de vista” que es excepcional que una mentira de un niño incluya referencias sexuales cuando “él o ella aporten detalles concretos sobre la sexualidad adulta”. Y pese a que la corporación reconoció que los niños pueden tener fantasías, indicó que es difícil que se brinden “detalles de percepciones sensoriales que no se correspondan con episodios verdaderamente vividos”.

“De ese modo, lo relevante es evaluar la confiabilidad del relato del niño, lo que dependerá en gran medida de su espontaneidad y de la no contaminación de los adultos”, puntualizaba el comunicado.

Por último, la SCJ toma el dato de un estudio de la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica de la Universidad de la República realizado por las doctoras Viola, Di Lorenzo y Maggi que determinan que “cuando un niño denuncia libre y espontáneamente un abuso sexual infantil, éste realmente aconteció en un porcentaje que oscila entre el 92% y el 98% de los casos de acuerdo a diferentes estudios”.

Andrea Tuana, trabajadora social, investigadora y directora de la Asociación Civil El Paso, explicó a El País cuáles son algunas de las secuelas y consecuencias que deja el abuso sexual intrafamiliar en los niños y adolescentes que lo padecen.

“Las víctimas tienen vínculos de mucha violencia porque, por un lado, estos padres son los que los someten a estas situaciones tan tremendas, pero, por otro lado, son también aquellas personas que les brindan afecto”, expresó la activista.

“Hay chicos en los hogares que piden desesperadamente que los dejen ver a su mamá y a sus hermanos, aunque también hay otros que se sienten muy protegidos estando allí y no quieren saber nada de su familia”, señalo Tuana.

El fiscal de Corte Juan Gómez concurrió a Rivera el viernes pasado con la finalidad de anunciar la transformación de una de las fiscalías del departamento en semiespecializada en “delitos relacionados con la integridad física de las personas”.

En ese marco, dijo, cambiará el régimen de trabajo de las fiscalías de Rivera. La semiespecializada, anunció, quedará a cargo de la fiscal Alejandra Domínguez y su equipo.