En 2013 la Auditoría Interna de la Nación se despachó con un contundente informe sobre las irregularidades que detectó en la administración del establecimiento agropecuario que el expresidente José Mujica potenció en el Parque Aarón Anchorena, de 1.369 hectáreas.

Allí, Presidencia tiene un tambo con más de 300 cabezas de ganado Holando Neocelandés, cuya producción de leche vende a Conaprole. También se realiza ganadería, agricultura y cultivo de pasturas. Se han plantado unas 70 hectáreas de soja por un vecino de la zona para que las devuelva con rastrojos y así poder hacer praderas, según informó el año pasado el entonces capataz de la estancia Mario Humberto Vera, dirigente del MPP en Soriano y ex vicepresidente del Instituto de Colonización.

Vera fue designado en 2013 con la misión de ordenar el caos encontrado por la Auditoría. Fuentes de Presidencia indicaron a El País que si bien la situación "ha mejorado" aún dista de ser la mejor y las irregularidades continúan.

En su informe sobre la gestión hasta 2013, la Auditoría señaló que el establecimiento carecía de una administración integrada y un adecuado sistema de control y supervisión, que le impide optimizar la gestión de sus sistemas de producción, conocer y aumentar su rentabilidad, lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y avanzar tecnológicamente". Además, la administración de fondos por los conceptos que recauda no se encuentra sujeta a controles externos de los organismos correspondientes.

"El Jefe del establecimiento dispone de los mismos, ordenando lo gastos sin contar con la delegación competente y ejecutando sin seguir en ningún caso los procedimientos formales de contratación", indicó. Tampoco contaba con información financiera y de gestión integral, que le permitiera conocer la totalidad de sus ingresos, gastos e inversiones para la adecuada y oportuna toma de decisiones.

En cuanto a la ganadería, los precios de venta eran inferiores a los de mercado y el nivel de mortandad era el doble que el esperado para el sector. Asimismo, el 35% de los animales recontados no contaban con la caravana de trazabilidad. En el tambo señaló que "desde el 2009 no se ha logrado aumentar la productividad en litros de leche, y que justifique las inversiones realizadas en la sala de ordeñe".En cuanto al ganado ovino, la existencia se consideró excesiva para los lineamientos estratégicos diseñados. En cuanto a la agricultura, se detectó debilidad en el control de lo cosechado, vendido y cobrado. "No existe contrato formal con el medianero, ni se han analizado otras alternativas de contratistas y formas de fijar la ganancia y el pago, que permitan asegurar la eficiencia del rubro", indicó la Auditoría.

Presidencia solicita en el actual Presupuesto que el capataz de Anchorena tenga la facultad de vender o comprar sin seguir el procedimiento previsto para el resto de la Administración. El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, explicó ante el Parlamento que por las características de la producción las operaciones comerciales necesitan "flexibilidad".

El diputado Gandini ironizó: "El prosecretario dijo que se propuso este artículo por razones de buena administración. En realidad, me pregunto si, por razones de buena administración, la Presidencia de la República tiene que administrar un establecimiento agropecuario; me pregunto si esa es su función". El diputado Pablo Abdala consideró que "existen hasta cuestiones de constitucionalidad en esta empresa comercial del dominio público, enquistada en la Presidencia de la República o que tiene las características de una empresa del dominio comercial e industrial del Estado". Estimó que la potestad que se pretende dar al capataz de Anchorena es "delicada" porque implica que pueden actuar "bajo derecho privado" para "poder comprar y vender a su antojo".

El director general de Presidencia, Diego Pastorin, informó que las irregularidades vinculadas a la falta de trazabilidad del ganado y el contrato con el medianero se han solucionado. Precisó que la potestad que se pide para vender o comprar está contemplada como excepción al TOCAF, de las cuales, contó, ya se han aprobado más de treinta para diversos organismos estatales.

El Parlamento solicitó a Presidencia que remita los últimos cinco balances del establecimiento agropecuario de Anchorena. "Queremos saber qué se compra y qué se vende, a qué precios, cuál es la ganancia", dijo el diputado Abdala.

El diputado Gustavo Penadés advirtió que la estancia de Anchorena fue donada al Estado en la década del sesenta para que fuera utilizada para residencia y descanso del presidente de la República. Advirtió que la transformación de la estancia en un establecimiento con fines de lucro podría hacer caer la donación porque se han desvirtuado sus fines. "Yo solamente quiero dejar de manifiesto que ustedes imaginarán los riesgos que se pueden llegar a correr con la caída de la donación modal. Ustedes se podrán imaginar yo lo sé porque tengo conocimiento que permanentemente la familia Anchorena está mirando desde la República Argentina si hay o no un estricto cumplimiento de la donación modal, porque una estancia de mil y pico de hectáreas, con el casco que tiene, es apetecible para cualquiera", sostuvo Penadés.

El prosecretario Roballo dijo que la actividad comercial que se realiza en Anchorena está dentro del marco legal y que la familia que realizó la donación no ha hecho ninguna observación al respecto.

Presidencia pide potestad para administrarlo; Parlamento exigió balances