Para este año, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación aspira a que el Presupuesto General de Gastos le otorgue un refuerzo para incrementar sus ingresos de 12 millones de pesos anuales a un millón de dólares.

Los recursos se componen por ese tipo de partidas especiales, el 4% de la utilidad líquida que obtienen los Casinos que explota el Poder Ejecutivo, legados, donaciones, y posibles proventos que pudieran originarse en las actividades de la propia Comisión.

También se buscará profundizar en los imperiosos cambios que merece la ley 14.040 que la creó en 1971, estableció sus cometidos y qué bienes pueden declararse monumentos históricos, no solo inmuebles sino muebles y obras de arte o documentos.

El incremento del Fondo Especial parece imprescindible para cumplir con el objetivo de dotar de recompensas económicas a los propietarios de edificaciones declaradas Monumento Histórico.

Junto con esto, se estima que debe agregarse a la normativa nuevos conceptos de patrimonio, y flexibilizar las posibilidades de intervención en las estructuras edilicias, a fin de que el interés público que implica la declaración de Monumento Histórico no se vuelva una carga insostenible a espaldas del propietario de la finca a la cual se adjudica el mayor grado de protección por el Ejecutivo.

El arquitecto Nelson Inda, actual director general de la Comisión, dijo a El País que "se trata de legar un bien a la generación siguiente, que prestigia al propietario, sea el Estado o un particular, pero no brinda un resarcimiento económico; ésa es la realidad, y quizás una falencia de la ley, porque se obliga a mantener, a calificar, a revalorizar un bien sin tener el dueño un apoyo directo. Salvo en los casos en que ese bien es también patrimonio departamental, como en Montevideo, en donde se puede acceder a distintos porcentajes de exoneración impositiva".

A la Comisión le corresponde también asesorar a propósito de los instrumentos a utilizar para concretar la salvaguarda de los monumentos culturales en general, pero esa función no es fácil de cumplir en la medida que ahora se determina más cantidad de bienes a proteger.

"Los instrumentos son muy pocos: apoyar, por ejemplo, el mantenimiento, con los magros recursos que tenemos y las nuevas responsabilidades que aparecen, incluso a nivel planetario, con la comunidad internacional. En 2003 se formalizó la Convención Mundial de Patrimonio Inmaterial que Uruguay ratificó años después. Ahora se creó la de Patrimonio Subacuático que el país aún no ha firmado, pero esos conceptos nuevos se manejan. Hasta un edificio protegido debe mantener, no tanto lo edilicio en sí, sino su mensaje, que hoy se reconoce es más intangible que tangible, aunque igual se actúa sobre las actividades del edificio. Si era el de un diario, no puede ponerse un prostíbulo. Si era una iglesia, podrá haber una actividad no religiosa allí, pero no un depósito. Quedó superada la idea de que hay que mantener todo ´en estricto´. Ni la actividad ni las condiciones físicas tienen que ser exactamente como eran, pueden cambiarse, porque cada generación tiene el derecho y la obligación de dotar al edificio de los propios elementos culturales del momento. Se admite que una obra tenga cambios siempre que mantenga el mensaje", afirmó a El País el director Nelson Inda.

Según las últimas premisas, en el Castillo Idiarte Borda que la Comisión administra después de realizar un comodato con sus dueños residentes en España, sería viable establecer un hotel e impulsar alteraciones o agregados en su interior, por ejemplo ascensores. Inda coincide con eso. "El castillo tiene calidades formales inusuales, relación con un jardín y dimensiones de terreno que corresponden a un mensaje del siglo XIX. No puede sacarse el jardín, pero sí hacerse uno de este siglo XXI manteniendo esa relación entre el edificio y él".

Por las características del comodato, la Comisión no posee habilitación para traspasar actividades que no controle por sí misma. Ese detalle condujo a que un asesor jurídico advirtiera sobre la inviabilidad de instalar en el Idiarte Borda un museo privado, como el de la Radio y las Comunicaciones, loque en principio fue anunciado por su creador, el coleccionista Antonio Tormo. Solo habrá una exhibición de piezas los días domingo 17 y lunes 18 de mayo. El sueño de Antonio Tormo se desplomó así otra vez.

"No se puede instalar ni un museo ni elementos que no sean de la Comisión, aunque pertenezcan a una institución con personería jurídica", explicó el arquitecto Inda.

La Comisión podría proponer al Poder Ejecutivo la adquisición o expropiación del castillo, por tratarse de un monumento histórico. Con esta causa alcanza. Pero no queda claro hasta dónde está en condiciones de volverse administradora de un bien que no le pertenece, invirtiendo en seguridad, contratando guardias, servicios de alarmas o colocando rejas en puertas y ventanas.

El contador José Hernández confirmó que entre muchos proyectos, la Comisión dedica recursos a la adquisición, la restauración de bienes históricos, no solo de edificios, cursos de capacitación, o acuerdos de reciprocidad con entidades de otros países. Y que sí goza de facultades para ejercer la administración de edificios, como el Castillo Idiarte Borda, en donde se llevan a cabo tareas de extensión cultural.

En el caso de comprar una casa, como Las Nubes en Salto, la propiedad no es suya sino del Ministerio de Educación, puesto que la Comisión es una Unidad Ejecutora con cerca de 40 funcionarios, la mayoría profesionales de varias áreas. Pero debe cubrir los gastos. "Si hay recursos, hay prioridades. Esa casa de Amorim costó US$ 250.000 y se sigue restaurando. Solo de mantenimiento común tenemos $ 200.000 por mes. El castillo también resulta caro", dijo Hernández a El País.

A fines de mayo habrá una declaración que trasciende lo nacional. En "la doble ciudad" Yaguarón-Rio Branco habrá una reunión binacional, dentro de la Comisión de Mercosur Cultural, para determinar que el Puente Internacional Barón de Mauá sea patrimonio de Brasil y Uruguay. Mientras se espera la decisión de la Unesco sobre el Anglo, plantearán que la obra de Dieste también sea Patrimonio de la Humanidad.

El frigorífico que fuese en la ciudad de Fray Bentos la gran cocina del mundo en tiempos de guerra, con su famoso producto corned beef, entró ya a la antesala de decisiones de la Unesco para ser declarado Patrimonio Industrial de la Humanidad, según El País pudo confirmarlo en la Comisión de Patrimonio. Para Uruguay eso supone una distinción pretendida, pero ningún ingreso de apoyos económicos que ayuden a mantenerlo.

Los integrantes de la Comisión del Patrimonio que asumieron los cargos este año destacan que se comenzará a reunir los fundamentos exigidos para presentar en 2017, ante la Unesco, un dossier fundamentando el valor de la obra del ingeniero civil uruguayo, reconocido mundialmente por historiadores de la arquitectura debido al uso de lo que él denominó cerámica armada, como en la iglesia de Atlántida, de 1952.

Así como la Comisión de Patrimonio puede encargarse de los gastos que implica asumir tareas de extensión cultural en un Monumento Histórico, como el Castillo Idiarte Borda de Montevideo, está facultada para adquirir fincas con valores históricos, por ejemplo la del escritor Enrique Amorim, ubicada en Salto y denominada Las Nubes. El chalet estaba en ruinas, costó US$ 250.000 y perduran los trabajos de restauración.

Gracias a “la timba” se cuidan reliquias pero sus propietarios poco reciben