En una panadería clandestina de un barrio periférico de Montevideo, un kilo de bizcochos cuesta 85% menos que en un local formal del Centro.

No es casualidad. También hay diferencias abismales en los precios de las roscas, el pan flauta y las pizzas entre un comercio legalmente instalado y uno irregular .

En esa panadería clandestina, al igual que en pequeños almacenes, kioscos y provisiones de barrios como La Teja, Casabó y La Boyada, entre otros, una pizza común, de unos 50 centímetros de diámetro, se vende a $ 40, mientras que en un comercio formal su valor supera los $ 70 (57% más caro).

La mayor diferencia entre ambos comercios ocurre en el kilo de bizcochos. En una panadería de la zona norte de Montevideo, un kilo de bizcochos cuesta $ 140. En panaderías formales el precio de este producto oscila entre $ 220 y $ 260, según un relevamiento efectuado ayer por El País.

En provisiones y pequeños almacenes de barrios periféricos, un pan flauta —se desconoce su lugar de fabricación, no están embolsados con nylon ni rotulados— se vende a $ 18. El precio del mismo producto en una panadería formal oscila entre $ 35 y $ 40.

En recientes reuniones efectuadas con los candidatos a intendentes, Daniel Martínez (Frente Amplio) y Álvaro Garcé (postulante blanco de la Concertación) realizadas en el Molino de Pérez, directivos del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay señalaron que el 50% del pan y pastas que se consume en el país es fabricado en forma irregular. Esto es, carecen de control de las intendencias y del Ministerio de Salud Pública.

Participantes del encuentro indicaron a El País que los empresarios panaderos se quejaron porque el personal de Inspección General de la Intendencia de Montevideo concentra la "presión" en las empresas formales que elaboran pan y no en controlar a las panaderías clandestinas o la venta irregular de productos panificados en almacenes o kioscos de origen desconocido.

"El problema de las panaderías ocurre en todo el país. En Montevideo, la Intendencia no fiscaliza en los barrios y ello genera una competencia desleal porque la harina cuesta lo mismo en todo el territorio", dijo una fuente del Centro de Industriales Panaderos. En el país hay alrededor de 1.300 panaderías formales. Un 50% de ellas están ubicadas en Montevideo.

El miércoles 11, en una reunión mantenida con Garcé en el Molino de Pérez, directivos de la Cámara de Alimentación afirmaron que un problema similar sufre el sector cárnico, ya que se venden milanesas en almacenes y en ferias barriales en condiciones de salubridad "bastante deplorables".

Los empresarios panaderos sostienen que en caso de que la Intendencia de Montevideo detecte a una panadería informal, intima a su propietario a que regularice la situación. Este, en lugar de "blanquear" su comercio, lo que hace es arrendar o comprar un galpón en otro lugar para continuar produciendo.

Según los empresarios formales, estas panaderías irregulares no son una empresa familiar que abastece a vecinos de su cuadra o de poco más allá, sino que producen el equivalente a una decena de comercios formales.

El País trató de comunicarse con jerarcas de la División Salud de la Intendencia de Montevideo pero no obtuvo ninguna respuesta a los llamados.

Hace por lo menos 14 años que empresarios panaderos se quejan de que una gran porción del mercado de pan se encuentra en manos de informales. En 1998, en la Junta Departamental, directivos del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay señalaron que más de 400 toneladas de pan y pastas se elaboran diariamente en lugares que no son controlados.

El 8 de agosto del año pasado, durante una comparecencia del secretario General de la IMM, Ricardo Prato a la Junta Departamental, el edil Edison Casulo (Partido Nacional) dijo que los inspectores municipales solo fiscalizan los comercios ubicados en barrios céntricos y en la franja costera. "Quisiera preguntar por qué el 70% de las actividades (de los inspectores de Inspección General) se concentran en Paso Molino, Unión, Centro y La Comercial", dijo Casulo.

Prato respondió: "En los espacios públicos que el señor edil mencionaba —18 de Julio, Unión, Paso Molino, La Comercial y, a veces, Colón— es donde más se desarrolla la actividad de Inspección General Central, porque son los lugares que tienen mayor concentración de vendedores". Agregó que los municipios también realizan tareas inspectivas en los barrios.

"Agradezco que el señor edil nos indique que sería interesante que aumentáramos cosas que yo vengo pregonando desde el año 91. Siempre vamos a estar cortos de personal para esta tarea, que implica ejercer un control muy importante en la ciudad", afirmó el jerarca municipal en la Junta.

Trasmitieron a candidatos que 50% del pan y pastas tiene origen clandestino