La menor, de 12 años, tiene un embarazo de siete meses; el padre está preso

Niña embarazada quiere casarse

Yo quiero casarme con él aunque me lo prohiba la ley", dijo la niña, entonces de 11 años de edad, ante la jueza especializada en Familia de 4° Turno. Enseguida agregó: "Quiero tener mi bebé, ya tengo ropa de bebé. No importa que yo sea joven".

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"El interés de la menor está centrado en mantener su relación como pareja".

La jueza la escuchaba sorprendida. Poco después, la magistrada recibió un detallado informe psicológico sobre la pequeña y su entorno familiar.

El caso de la niña embarazada de 11 años —cumplió 12 el pasado 18 de mayo— tuvo amplia repercusión a fines de abril de este año, al desatarse una controversia sobre si debía o no abortar, como pretendía la madre de la menor.

La niña, que padece un leve retardo, según la Justicia de Familia, quiso continuar con su embarazo. Cursaba entonces más de 14 semanas (el plazo legal para interrumpir el embarazo). Hoy, está en el séptimo mes de gestación, y en buen estado de salud. El INAU, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Pereira Rossell afirmaron que no podían obligarla a abortar contra su voluntad.

El informe psicológico, así como otros análisis técnicos elaborados por varios departamentos del Hospital Pereira Rossell sobre la menor y su embarazo en curso, fueron algunos de los insumos utilizados por la Justicia Penal el 27 de abril pasado para procesar con prisión a H.C., de 41 años, por un delito continuado de violación.

La niña fue internada en el Pereira Rossell para efectuarse controles médicos. Los médicos advirtieron que su escaso desarrollo corporal y psicológico podría acarrearle consecuencias negativas en el futuro, tanto a la madre como al bebé. Luego fue derivada a un hogar de amparo del INAU donde recibió atención psiquiátrica, contención emocional y buena alimentación.

El informe remitido a la jueza, al que tuvo acceso El País, dejaba entrever que los derechos de la entonces menor de 11 habían sido vulnerados en varias oportunidades por los adultos que la rodeaban.

El documento muestra que la menor vivía en un hogar muy precario desde el punto de vista social, emocional y económico.

Ella tenía contactos desde hace muchísimos años con la familia del procesado. La niña concurría todos los días a la casa de H.C., de 41 años, a cuidar a una sobrinita de 1 año y medio. Esta beba es, además, nieta del abusador.

Ante el psicólogo, la menor dijo que el embarazo fue "buscado" y que deseaba mantener el vínculo sentimental con el adulto de "cualquier forma".

Después de efectuar valoraciones sobre el nivel intelectual de la niña, el psicólogo entrevistó a la madre de la menor, G.G., un ama de casa de 36 años. "Su madre dice que el embarazo de su hija es una locura y que está dispuesta a autorizar el procedimiento que conduzca a su interrupción", señala el documento.

En relación a su historia personal, la madre de la menor dijo que "fue criada por su padre y una madrastra. Su padre era alcohólico y la violó cuando tenía 11 años. Cursó solo hasta primer año de escuela. En consecuencia, es analfabeta".

La madre de la menor embarazada tiene seis hijos. Está embarazada de un séptimo. Proviene de un nivel socioeconómico muy bajo, dice el informe.

Bajo el subtítulo "Consideraciones", el psicólogo señaló: "La menor (violada y embarazada) no es consciente de su actual condición. Su único interés está centrado en preservar la relación de pareja, a lo que debe sumarse su bajo nivel intelectual y trastornos de conducta e impulsividad". Enseguida el profesional advierte a la jueza: "(La menor) se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad emocional y existencial".

Un informe elaborado por técnicos del Departamento de Trabajo Social del Hospital Pereira Rossell enviado a la Justicia Penal, también se refirió al entorno familiar de la víctima.

"Instituciones que trabajan con la familia informaron que la misma tuvo (previas al embarazo) múltiples intervenciones tanto judiciales penales, juzgado especializado en Familia, INAU y de diferentes organizaciones no gubernamentales (Los Caramelos, El Farol y la Escuela Especial 239)", señala el documento.

Los técnicos advirtieron que estos operadores sociales trabajaron con la familia por "situaciones de negligencias" de los adultos al cuidado de los niños. "Se visualiza una situación de desprotección y vulnerabilidad de los derechos de la menor violada y embarazada de larga data, así mismo situaciones de abuso sexual y maltratos tras-generacional que se han naturalizado en el ámbito familiar", señala el documento.

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