El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó ayer ante la Justicia y contra el Ministerio del Interior una acción de acceso a información sobre el sistema de espionaje El Guardián, que comenzará a funcionar en las próximas semanas.

El Ministerio del Interior maneja bajo estricta reserva todo lo vinculado con el sistema, adquirido a una empresa brasileña a través de una compra directa de US$ 2 millones. El software multiplica la capacidad de interceptación de comunicaciones que hoy tiene la Policía. Con él se puede acceder de forma simultánea a 800 celulares y 200 teléfonos fijos; también habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.

Cainfo solicitó a Interior el pasado 15 de octubre de 2012, al amparo de la ley de acceso a información pública, el protocolo elaborado por las autoridades y dirigido a las empresas de telecomunicaciones para regular la operativa ante pedidos de vigilancia electrónica.

El Ministerio del Interior, vencidos los plazos, nunca respondió, por lo que CAinfo considera que se cumplió la premisa del "silencio positivo" prevista en la ley que lo obliga a entregar la información solicitada.

En el expediente solo consta una vista del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior que sugiere "no hacer lugar a lo solicitado", pero nunca hubo una resolución ministerial que autorizara o negara el pedido.

La puesta en marcha de El Guardián ha generado la reacción de diversas organizaciones sociales que entienden que no están dadas las garantías para preservar derechos individuales frente a un sistema de vigilancia invasivo de la privacidad.

En la demanda ante la sede de primer turno del Contencioso Administrativo, a la que accedió El País, CAinfo sostiene que "las leyes deben asegurar que el público pueda acceder a información sobre los programas de vigilancia de comunicaciones privadas, su alcance y los controles existentes para garantizar que no pueden ser usados de manera arbitraria. En consecuencia, los Estados deben difundir, por lo menos, información relativa al marco regulatorio de los programas de vigilancia, los órganos encargados para implementar y supervisar dichos programas, los procedimientos de autorización, de selección de objetivos y manejo de datos, así como información técnica sobre el uso de estas técnicas, incluidos datos agregados sobre su alcance".

Considera que no puede "admitirse" una clasificación genérica de toda la información relativa a El Guardián que impida, nada más y nada menos, que el escrutinio público sobre los sistemas de vigilancia de telecomunicaciones que empleará el Estado. Ello constituiría una violación flagrante de los derechos humanos a la información y participación ciudadana e implicaría desconocer todos los estándares y garantías en materia de clasificación de información pública".

CAinfo advierte que la experiencia internacional indica que este tipo de plataforma tecnológica "engloba un riesgo muy alto para la privacidad de las personas y se ha prestado a abusos sobre la población".

El senador Javier García (Partido Nacional) dijo el domingo a El País que en la primera sesión de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara Alta solicitará la convocatoria del ministro Eduardo Bonomi para que explique el alcance del sistema y las garantías que ofrece.

Autoridades de interior hicieron la semana pasada una presentación del sistema ante la Suprema Corte de Justicia y el Fiscal de Corte. Aseguran que El Guardián no puede realizar vigilancia electrónica sin la firma digital de un magistrado.

CAinfo reclama que Bonomi difunda el protocolo que envió a las operadoras