El fútbol en la Justicia

“La decisión de presentar una denuncia ya está tomada”, dijo Goicochea.

En el escándalo de los audios, ¿hay algo denunciable? ¿Hay material allí para denunciar un delito? Esas fueron las dos preguntas que recibieron los abogados penalistas Andrés Ojeda y Fernando Posada por parte del presidente de Racing, Raúl Rodríguez. La respuesta de los dos profesionales fue que sí había elementos para una denuncia, según trascendió en la reunión de los clubes realizada en la noche del lunes 22 en la sede de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu).

En ese encuentro, los clubes conocidos como el "Grupo de los 10" o "G10", más la Segunda Divisional y la Segunda B Nacional, decidieron presentar una denuncia penal.

Son 29 los clubes que cuestionan la gestión de Valdez. Ellos son: Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor-Sporting, Fénix, Juventud de Las Piedras, Liverpool, Miramar Misiones, Progreso, Racing, River Plate, Wanderers, Villa Teresa y toda la Segunda División B Nacional, integrada por 14 equipos.

"La decisión de presentar una denuncia penal ya está tomada. Pero no contra nadie en particular, sino denunciar hechos que eventualmente pueden ser delictivos", dijo a El País el presidente de Danubio, Leonardo Goicochea.

Consultado sobre cuál será el foco de esa denuncia, Goicochea dijo que apuntará a la gestión de Wilmar Valdez al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"La intención es que se investigue. Con la prueba que ya tiene la Fiscalía (sobre los audios grabados por el lobista Walter Alcántara) y la que se pueda aportar ahora, pretendemos que se determine si se ha cometido o no delito", dijo.

Los abogados Ojeda y Posada brindaron una opinión de tres páginas sobre el caso de los audios. En los próximos días, ambos penalistas elaborarán un segundo informe y en una reunión fijada para el próximo martes, se definirá cuándo se presenta la denuncia.

"Hay que ver cómo se hace la denuncia. Es un tema muy delicado. Hay temas éticos y jurídicos a resolver previamente. No se puede actuar en forma abrupta", dijo Goicochea.

Tras analizar el caso generado por las grabaciones realizadas por Alcántara a Valdez entre 2015 y 2016, los penalistas Ojeda y Posada opinaron que, si bien es sabido que la corrupción entre privados no está consagrada como delito en Uruguay, "es cierto" que los hechos que la configuran pueden llegar a encuadrar en otras figuras delictivas.

El informe, al que accedió El País de fuentes del caso, expresa que, concretamente, podría llegar a configurarse el delito de estafa. "Si se comprobare que existieron maniobras de establecer sobrecostos (en la obra de iluminación del Franzini) y desviar fondos (de un dinero de FIFA) para objetivos distintos de los previstos, estas podrían servir para dar cumplimiento con los requisitos que exige la norma para que se verifique la estafa", agrega el documento.

Para Ojeda y Posada, también podrían llegar a configurarse otros ilícitos como la asociación para delinquir e incluso lavado de activos. "Todos estos delitos son considerados como graves de acuerdo a los parámetros de pena fijados por el Código Penal", dice el informe.

Los penalistas expresaron que cualquiera de los delitos mencionados —estafa, asociación para delinquir y lavado de activos— son perseguibles de oficio y que, además, no se exige ningún tipo de requisito personal o formal para denunciarlos. "En caso de que fueran ciertos los hechos que se desprenderían de los audios y demás trascendidos de opinión pública, el patrimonio que se vería resentido con dicha maniobra podría haber sido el de la Conmebol y/o el de la AUF si es que estas fueron quienes aportaron los fondos que sufrieron los sobrecostos referidos", expresa la opinión de Ojeda y Posada.

Fuentes vinculadas a Valdez señalaron a El País que este tiene toda la documentación que justifica los gastos realizados por la AUF.