VAN CONTRA MINISTERIO DE DEFENSA

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Entre las 2:20 y 3:45 horas del 31 de mayo de 2020, los marinos Alan Rodríguez, Alex Guillenea y Juan Manuel Escobar fueron ejecutados en un puesto de guardia ubicado en el Cerro de Montevideo. El único imputado por los crímenes hasta el momento es el exinfante de Marina, Jonhatan Bragundi.

Familiares del marino Juan Manuel Escobar, quien fue ultimado mientras dormía, iniciaron el 26 de noviembre de 2020 una demanda reclamando US$ 290.000 por daño moral y $ 11.400.000 por lucro cesante (US$ 240.000).

En la tarde de ayer se realizó la audiencia preliminar en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian. El magistrado intentó en vano una conciliación entre las partes.

Uno de los abogados de la familia demandante, Guillermo Chiribao, dijo a El País: “Se intentó conciliar, pero fue imposible. El Ministerio de Defensa dice que (la muerte) fue culpa de los infantes”, agregó.

El escrito, firmado por los abogados Chiribao y César Enrique Silva, advierte que Juan Manuel Escobar era el menor de los tres marinos asesinados y además quien poseía una antigüedad inferior en la Armada. Su fecha de ingreso fue el 1° de febrero de 2019.

Al momento del crimen y tal como surge de las pericias y de las conclusiones de la fiscal Mirta Morales, Escobar se encontraba durmiendo en su dormitorio cuando ingresó el asesino, quien “con saña” le disparó seis balazos.

Según los informes de la fiscal Morales, el homicida hurtó el arma de Escobar mientras dormía. Por sorpresa dio muerte a los otros dos marinos, quienes no ofrecieron resistencia y posteriormente le disparó a él. Aparentemente, Escobar escuchó los disparos, se despertó e intentó protegerse del atacante Bragundi.

La carpeta investigativa de la fiscal Morales dice que la Armada Nacional concluyó el 11 de junio de 2020 que la muerte de Escobar se produjo “en acto de servicio”.

“Surge con meridiana claridad que las propias jerarquías superiores de la entidad estatal (Ministerio de Defensa), han reconocido en forma pública la existencia de fallas en el servicio y asumido la responsabilidad de las jerarquías de la Armada Nacional en el hecho ocurrido, por lo que la legitimación pasiva está claramente verificada en la instancia”, dice el escrito de Chiribao y de Silva. E insiste en que el Ministerio de Defensa Nacional admitió su responsabilidad en el hecho.

La demanda advierte que el protocolo al que se encuentran sujetos los marinos que revisten en la fuerza “falló” o “estuvo omiso” al momento de ocurrir los crímenes.

“Los controles en la fuerza son de carácter estricto, debiendo ejercerse la custodia no solo de quienes se encontraban en el predio llamado ‘La Antena’ en el Cerro de Montevideo, sino que, a su vez, estos debieron ser controlados por las restantes jerarquías, lo que no ocurrió, advirtiéndose la muerte de los mismos luego de varias horas (casi seis) del tan lamentable hecho”, expresa el escrito.

La abogada Florencia Fontana, en representación del Ministerio de Defensa, rechazó en la Justicia la demanda de los familiares de uno de los marinos muertos.

En su escrito, Fontana dice que el Estado uruguayo “no tuvo ningún tipo de responsabilidad” en el suceso, así como tampoco puede imputársele omisiones o que no hubiera adoptado medidas y recaudos para impedir el hecho.

Fontana señala que “no existe ninguna explicación racional” para lo ocurrido y las cuestiones que llevaron al triple homicidio “son ajenas” desde todo punto de vista a la cartera.

Agrega que una investigación de urgencia en el Ministerio de Defensa y un informe del Ministerio del Interior “no observa” signos de lucha y el portón de acceso al lugar se encontró sin daños y no hubo forzamiento en puertas y ventanas.

Según Fontana, queda claro que no hubo responsabilidad del Estado en el crimen y explica que la muerte de Escobar “fue exclusivamente responsabilidad” de los otros dos infantes de marina. Esa figura, manifiesta citando a la doctrina, se denomina “hecho de la víctima”.