JUDICIALES

El 2 de junio de 2021, el abogado Francisco Majó Portela efectuó una denuncia ante la seccional 2a. de Montevideo para dar cuenta de un caso de estafa y falsificación documentaria por parte de un abogado y una escribana, además del uso que hicieron sus clientes de estos documentos falsos.

Se trató de la falsificación de un certificado de presunción de herederos para, mediante él, cobrar indemnizaciones por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA). Se solicitó el certificado debido al fallecimiento de un joven de 16 años el 10 de enero de 2021 en un siniestro automovilístico en Ruta 3. Los abuelos maternos del difunto se proclamaban herederos cuando, en realidad, la madre de la víctima está viva.

Tal como establece la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el seguro SOA cubre el fallecimiento o las lesiones físicas que sufran las personas como consecuencia de siniestros causados por vehículos automotores y acoplados remolcados que no cuenten con póliza del SOA.

En caso de fallecimiento, la indemnización es de 250.000 unidades indexadas por accidente. En este caso, hubo dos personas que fallecieron a causa del accidente, por lo que el heredero de la víctima de 16 años cobraría una indemnización de 125.000 unidades indexadas.

El abogado Majó, en representación de la madre de la víctima -su familiar ascendiente de grado más próximo- le envió la documentación exigida para cobrar la indemnización, a la aseguradora correspondiente por medio de un correo electrónico.

Ante el mensaje, la aseguradora respondió: “Ya tenemos en trámite un reclamo SOA por el fallecido. ¿Me podrían indicar si los causahabientes les presentaron la documentación a ustedes también para reclamar?”

Desconcertado por la situación, el abogado solicitó ver esta documentación que había sido presentada anteriormente a la aseguradora y descubrió que se trataba de una Carta Poder redactada por una escribana, “certificando que los únicos y universales herederos de la víctima eran sus abuelos, sin tener en cuenta a su madre o, peor aún, asumiendo el fallecimiento de esta”, señala la denuncia.

En este mismo documento, también se enfatiza: “Por lo tanto, es notoria la mala fe y falta de diligencia por parte de la escribana, quien debió controlar la documentación y asegurarse de respetar el orden de llamamiento que dispone el Código Civil, incurriendo así en el delito de falsificación documentaria, tipificado en el artículo 237 del Código Penal”.

Sin embargo, la denuncia no solo alerta sobre un delito de falsificación, sino que también se evidencia un delito de estafa hacia la aseguradora. Tal como establece el documento, “si bien ni los reclamantes ni sus apoderados participaron en la falsificación (delito cometido por la escribana), sí hicieron uso del certificado falso, a sabiendas de su falsedad, al presentarlo ante la aseguradora”.

Según narraciones de Majó en la denuncia, la tía del fallecido también estuvo involucrada en la “estratagema” para cobrar la indemnización porque “estaba pendiente del trámite al punto tal que se comunicó en reiteradas oportunidades con la abogada de la aseguradora para consultarle por el estado del reclamo, reprochándole por la demora en su tramitación y manifestándole que necesitaba el dinero ‘para irse de viaje’ (en plena pandemia)”.

El joven vivía con su tía porque la madre de la víctima tenía otros hijos y el padre nunca lo había reconocido. Por eso, la mujer le echaba en cara a la madre que no se había hecho cargo del chico, según contó el abogado.

Y continuó: “Más pautas de que la falsificación fue intencional me la dio el abogado de los abuelo del difunto cuando hablé con él y me dijo que les había advertido que podía ser infructuoso el reclamo”.