LA CUESTIÓN DE ANCAP

Trascendió en el juzgado que se pedirán procesamientos.

Ados años del inicio de las investigaciones en el Juzgado de Crimen Organizado, el caso Ancap entró en su etapa definitoria. En este momento, el expediente alcanza las 3.800 páginas.

Trascendió ayer en esa sede penal que el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, presentaría su dictamen el próximo martes con pedidos de procesamiento.

El 19 de abril de 2016, la oposición presentó denuncia penal por supuestos ilícitos en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015. Hasta este momento, la jueza de esa materia, Beatriz Larrieu y el fiscal Pacheco indagaron a 34 personas, entre ellas seis exdirectores de Ancap.

Uno de ellos fue el exvicepresidente de la República y expresidente del ente, Raúl Sendic; el expresidente del ente, José Coya y el director blanco en Ancap, Diego Labat.

También declararon como indagados el expresidente de ALUR, Leonardo de León —hoy senador de la Lista 711— y el ex gerente general de la firma, Manuel González. Varios empresarios que tuvieron vinculaciones comerciales con la empresa estatal durante el período investigado también fueron indagados por la Justicia.

A partir de octubre del año pasado, Larrieu y Pacheco se concentraron en estos temas: la utilización de las tarjetas corporativas de Ancap por parte de directores; los negocios de intermediación del ente con Petroecuador y la compañía holandesa Trafigura acusada de corrupción en varios países; la cancelación de deuda con la petrolera venezolana Pdvsa y los gastos de publicidad y contratación de la agencia La 10.

Ayer, a la salida de una audiencia, Pacheco no confirmó ni desmintió que pediría procesamientos por eventuales irregularidades en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015.

En octubre de 2017, trascendió en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado que Ancap inició una investigación administrativa para conocer el tratamiento de los comprobantes de gastos de las tarjetas corporativas luego de que los directores se alejaron del organismo. Por esa fecha, en una conferencia de prensa, Sendic expresó que los criterios con los que siempre se manejaron las tarjetas corporativas que tiene la compañía "fueron absolutamente estrictos" en cuanto a que son para cubrir necesidades relacionadas con la función dentro de la compañía y que "ninguno de los directores de Ancap usó la tarjeta para cubrir gastos particulares o personales". Agregó que en su caso las compras "suman 29 mil pesos en el Uruguay y 3.000 dólares en el exterior". En junio de 2017 se comprobó que Sendic realizó gastos por $ 538.973 y US$ 38.325 con las tarjetas corporativas.

Para la oposición, en la investigación judicial quedaron probados los hechos denunciados sobre los negocios del crudo entre Ancap, Petroecuador y Trafigura. A Uruguay llegaba petróleo, este era refinado en La Teja y trasladado a Ecuador. "Quedó probado que Ancap operó siete meses sin contrato", dijo el abogado nacionalista Mario Arizti.

Ancap y la petrolera venezolana Pdvsa negociaron una cancelación anticipada de deuda que generó "un beneficio económico para Uruguay", según el oficialismo. En algunos tramos de ese acuerdo participó la empresa Exor, que luego fue descartada. Exor le inició juicio millonario. El gobierno informó que, en la primera cancelación, Ancap logró una quita de un 28% y en la segunda de un 38%. Desde la oposición se dijo que en el negocio participó una "red de amigos".

El remolcador "Ky Chororó" fue bautizado en mayo de 2013 por autoridades de Ancap y el entonces presidente de la República José Mujica. Para la oposición, en la construcción de la embarcación hubo irregularidades que alcanzan a la Armada. El Ky Chororó sufrió atrasos por supuestas "deficiencias constructivas". Ancap contrató otra embarcación sin llamar a una licitación. Desde el oficialismo se dijo que se hizo una transacción entre Ancap y la Armada y esta no se llevó a cabo por un tema de medición de los buques. El caso derivó en una demanda civil.