Desde que comenzó a aplicarse la ley de Faltas, en septiembre de 2013, la Policía de Montevideo intervino en más de 6.500 ocasiones por personas en situación de calle o que acampan en espacios públicos.

El artículo 14 de la citada ley establece para quien "ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud, por parte de la autoridad municipal o policial, persiste en la misma.

La policía patrulla las zonas céntricas a bordo de dos furgones: uno es específico para el traslado del personal y su equipamiento, y el otro se utiliza para el traslado de las personas indigentes, ya sea hacia un refugio, la seccional policial o la sede judicial.

De las más de 6.500 intervenciones realizadas, la mitad se debió a personas que ocupan de forma recurrente los espacios públicos.

"Hay gente a la que se la ha retirado hasta 20 veces, y como máximo se la ha procesado sin prisión", señaló el responsable del patrullaje en Montevideo, Yoni Wints, a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

En total, 42 personas resultaron procesadas sin prisión; otros dos, con prisión por reincidir, y uno estaba requerido por un homicidio cometido en Durazno.

"Siempre que se constatan las conductas referidas, la persona es trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente", explicó Wints.

El vocero aclaró que no hay familias durmiendo en la calle, ni menores de edad. Por lo general son hombres de entre 20 a 40 años. Las mujeres apenas alcanzan el 2% de las intervenciones semanales, y según Wints, son siempre las mismas.

"Al llegar al lugar y entrar en contacto con la persona, lo primero que hacemos es sacarle una foto con la tablet mediante la cual obtenemos los datos personales necesarios para completar un formulario que luego entregamos al Mides".

“Hay gente a la que hemos retirado hasta 20 veces”, admiten