Más de $ 4 millones pretendió cobrar por un servicio de seguridad en el Ministerio de Cultura, Corte Electoral e IMM una persona que falsificaba habilitaciones de empresas de seguridad del Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines (Renaense). Ello se desprende de un fallo reciente de la jueza de 16° Turno, Julia Staricco.

El individuo logró que su empresa fuera declarada ganadora en la Corte Electoral y llegó a cumplir servicios, dijeron a El País fuentes del caso. Sin embargo, las quejas en su contra enseguida se hicieron sentir porque los funcionarios que contrataban concurrían a trabajar en forma muy desprolija.

El empresario también fue investigado por vender servicios de cadetería en hospitales.

Hace un año, convencidos de que nada le ocurriría, el acusado amplió su "radio de acción" y trató de vender servicios de seguridad en varias áreas del Estado. Sin embargo, una empresa competidora descubrió que había falsificado un documento y lo denunció a Renaense.

Tras realizar una investigación interna, efectivos de Renaense descubrieron que nunca expidieron habilitaciones a la empresa de seguridad del individuo denunciado. Posteriormente, jerarcas de este organismo del Ministerio del Interior concurrieron al juzgado penal de 16° Turno, cuyo titular es la jueza Staricco, y presentaron una denuncia penal.

Las investigaciones, realizadas por efectivos del Departamento IV de Inteligencia Policial, analizaron todas las licitaciones que el empresario se había presentado. Ahí descubrieron que en la Corte Electoral había logrado ganar una licitación por $ 2.000.000 y pretendía firmar un segundo contrato por otros $ 2.000.000 en otro organismo estatal, señalaron las fuentes policiales.

Al juzgado de Staricco concurrieron jerarcas de Renaense en calidad de denunciantes por falsificación de documentos públicos.

La magistrada decidió su procesamiento sin prisión —era primario— por incurrir en un delito de estafa.

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