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FA apunta a bajar la exoneración fiscal de inversiones y donaciones

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La bancada definió la agenda de la agrupación de gobierno. Foto: M. Bonjour
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Un presupuesto de "sábana corta" pone a prueba al partido de gobierno, que para poder hacer frente a los compromisos de campaña propone bajar las exoneraciones a inversiones y revisar los beneficios fiscales que se otorgan a privados por las donaciones que realizan.

Hubo una sola reunión con el ministro de Economía Danilo Astori desde se comenzó a trabajar en la elaboración del presupuesto quinquenal. Ningún legislador sabe bien cuál será el espacio fiscal del que se dispondrá, pero previendo que los márgenes de maniobra sean acotados ya están buscando recursos para financiar las promesas de campaña que hizo el presidente Tabaré Vázquez.

La revisión de los estímulos fiscales a las inversiones estuvo presente ayer en una reunión extraordinaria de la bancada de Diputados, dijo a El País la coordinadora del Frente Susana Pereyra. "Se habló de tener presente el tema de las inversiones y de las empresas que vienen, que no nos pase como nos pasó con algunas que hace poco se retiraron del país. Lo que estamos planteando es analizar el tema y ser selectivos. Ver las empresas que queremos que se instalen y poner condiciones también", explicó.

El debate está instalado. Hay que cumplir con el 6% del PBI para la educación, implementar el sistema nacional de cuidados y financiar la incorporación de más colectivos al Fonasa. Todos se preguntan cómo hacerlo y desde el bloque mujiquista ya tienen ensayadas algunas respuestas.

Otra vez la mira está puesta en la ley de inversiones por la que se otorgan beneficios tributarios a las empresas. "Si tenemos una problemática presupuestal indudablemente tenemos que ver lo de las exoneraciones a las inversiones que la misma DGI las llama gasto tributario", dijo a El País Héctor Tajam, economista y asesor de la bancada del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El sector ya lo tiene estudiado. En los proyectos de inversiones, la mayor exoneración corresponde al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Solo por este tributo y por el descuento del IVA a determinados productos, el Estado debe hacer una erogación del 6% del PBI. Es decir lo equivalente a US$ 3.420 millones cada año. "Es mucha plata", señaló Tajam.

La misma posición tienen otros grupos como el Partido Comunista o la lista 711 que lidera el vicepresidente Raúl Sendic. En este sector son proclives a revisar las exoneraciones que permite la ley de reforma tributaria a donaciones realizadas a instituciones de enseñanza, salud y apoyo a la niñez.

Este tipo de beneficios fiscales implica una renuncia estatal equivalente al 83% del monto donado, por lo que el aporte del donante es de 17%. La utilización de este instrumento se ha intensificado en los últimos años, según el informe económico financiero de la Rendición de Cuentas 2014. Ese año, las donaciones alcanzaron los $ 298 millones y su costo fiscal fue de $ 247 millones.

El diputado comunista Óscar Andrade discrepa con que el Estado exonere a privados por el 83% del monto donado. "Capaz alcanzaba con el 50%. Esto lo conversé el otro día con Sendic. No sé si habría que eliminar el mecanismo, pero sí graduarlo, para no cortar las donaciones a instituciones que la necesitan", dijo Andrade en una entrevista con Brecha.

Junto con esta posición de revisar las exoneraciones fiscales que se otorgan a empresas privadas, en la izquierda también se discute con fuerza el uso de una parte de las reservas que tiene el Banco Central que representan US$ 18.193 millones a julio de este año. Sendic y una parte del Partido Socialista entienden que podrían ser empleadas para la obra pública.

"Hay una discusión abierta sobre el tema de las reservas, por las cuales el país está pagando un sobrecosto por tenerlas. Lo que se plantea es que si existen reservas excedentarias, quizás se puede destinar un componente de eso a inversiones", opinó el diputado socialista Gonzalo Civila.

El legislador llamó a no autocensurarse "en algunos debates". "No está bien decir sobre las reservas no se puede discutir o sobre los impuestos no se puede discutir. Los que discutimos esto no estamos fuera del programa y si alguien te dice: eso no se puede discutir, ese sí está fuera del programa", concluyó.

Empresas públicas.

Además de abordar el tema de la ley de inversiones, en la reunión de bancada de ayer se analizó la situación de cada una de las empresas públicas y las últimas inversiones que se realizaron. Se celebró la continuidad de la construcción del polémico Antel Arena, que había sido dejado en suspenso por Vázquez.

La coordinadora de bancada dijo a El País que se hizo referencia a que Uruguay tiene un crecimiento menor al que estaba acostumbrado, pero aseguró que "no estamos en crisis". De todos modos, "hay que ser prudentes".

En la reunión, tanto el MPP, como el Partido Comunista y la lista de Sendic, plantearon la necesidad de mantener el nivel de inversiones de las empresas públicas y "no jugar al achique", dijeron a El País fuentes de la bancada. Explicaron que en este contexto, donde "factores externos" están haciendo bajar el nivel de crecimiento, se debe continuar con los aumentos de salario y la obra pública.

Andrade planteó la importancia de que el Frente asuma una posición de "defensa de las empresas públicas". Además se hizo mención a que el recorte de inversión podría generar una "mala señal" para el ámbito privado.

SABER MÁS

Partido Comunista

CUESTIONAN LAS PAUTAS SALARIALES DE GOBIERNO

Las pautas salariales que ofreció el gobierno para el sector privado no conforman a una parte del Frente Amplio. Así lo manifestó ayer en una reunión de bancada del Frente Amplio, el diputado comunista Óscar Andrade.

El legislador señaló que en el caso de un escenario de crecimiento mayor al esperado, la pauta podía determinar que no hubiera un crecimiento del salario real, dijeron a El País fuentes que participaron de la reunión.

Diputados astoristas salieron al cruce de este comentario al afirmar que la hipótesis más probable es que el crecimiento del país no supere lo proyectado por el Ministerio de Economía para este año, es decir 2,5% del PIB.

Según los lineamientos del gobierno, los sectores considerados "dinámicos", que están creciendo a un ritmo superior al 4% anual, deberían dar un aumento nominal de 10% en el primer año de vigencia del acuerdo salarial, de 9% en el segundo y de 8% en el tercero. En el sector "medio", los porcentajes serán de 8,5%, 7,5% y 7%, y en el grupo que atraviesa dificultades, conformado por áreas que reciben subsidios, los porcentajes serán de 8%, 6,5% y 6%. En todos los casos, se tolerará aumentos por sobre las pautas en la medida en que no se trasladen a precios.

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