CONFLICTOS PARALELOS

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El balotaje ya pasó. Los uruguayos se expresaron en las urnas, eligieron una alternancia en el gobierno y el nuevo presidente ya asumió. Pero más de ocho meses después de los comicios, en la administración de la educación queda un asunto pendiente: ¿qué hacer con los inspectores y coordinadores de Secundaria que habían dado su apoyo expreso, mencionando sus cargos, a la fórmula Martínez-Villar?

“Somos profesores de carrera y hemos accedido a nuestros puestos de trabajo por llamado o concurso de oposición y méritos. En tanto mediadores de políticas públicas, hemos resuelto apoyar la fórmula Martínez-Villar”, rezaba parte de la declaratoria que llevaba la adhesión de 25 inspectores y coordinadores. Secundaria había sancionado a 23 de ellos (los otros dos se habían jubilado), con la suspensión de tres o cinco días (dependiendo si habían compartido el material en redes sociales o no). Pero la medida no conformó al consejero del Codicen, Óscar Pedrozo, quien interpuso un recurso de revocación jerárquico.

Las autoridades del Codicen y Secundaria fueron ayer a la comisión de Educación del Senado. La convocatoria, que había sido promovida por la entonces diputada y hoy senadora nacionalista Graciela Bianchi, el pasado diciembre, era para tomar conocimiento de las acciones adoptadas por los consejos. Pero, para sorpresa de la propia convocante, el expediente del caso “está vivo”, ya que no hubo pronunciamiento oficial y está pendiente el pedido de destitución.

El artículo tercero del Estatuto del Docente dice que el funcionario docente debe “abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será preceptiva causal de destitución”. Esta definición, que en la comisión de ayer fue leída por el consejero del Codicen Juan Gabito, es la que podría hacer destituir a los docentes sancionados.

O a parte de ellos. Porque de los 25 que habían adherido a la declaratoria de apoyo a la fórmula frenteamplista, aquel 12 de noviembre, solo están trabajando 13 (el resto se jubiló o está con certificación médica).

Según la senadora Bianchi, “solo cabría la destitución, ya lo dijo Jurídica”. La legisladora, quien ha ocupado cargos de confianza en Secundaria, explicó que, en sus años de ejercicio “jamás vi una cosa igual, un proselitismo de este tipo”.

Pero una destitución, tras ya haberse adoptado y cumplida la sanción, haría que las mismas personas sean sancionadas más de una vez por el mismo acto. Ese es uno de los argumentos que maneja la defensa de los docentes en cuestión. Y es, a la vez, el motivo por el que Jurídica de Secundaria le sugirió a los consejeros que desestimaran el pedido de Pedrozo.

Según Daniel Parrilla, abogado de Fenapes y de los inspectores sancionados, “Pedrozo carece de legitimidad activa para lo que está haciendo: esto no afecta un derecho personal de él y los docentes, en todo caso, ya cumplieron con la sanción”.

¿Qué significa? El abogado de Fenapes usa este ejemplo: “Supongamos que yo veo que se está coimeando a un policía y hago una denuncia. Tras ello se investiga y aplica una sanción al funcionario policial. Luego no puedo recurrir porque no me gustó la sanción y quiero algo más grave cuando eso no está lesionando un derecho personal, cuando yo solo soy un denunciante”.

La cosa no queda ahí. Parrilla y su equipo jurídico planean denunciar al Codicen de la ANEP y a Secundaria ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? “Lo que ocasionó Pedrozo es gravísimo: todos los funcionarios de la ANEP están subordinados a él, como consejero, y como a él no le gustó una medida que adoptaron sus propios técnicos, presenta un recurso violentando todo principio de imparcialidad… así no hay autoridad que funcione”.

¿Por qué Pedrozo había recurrido? El consejo dijo que no tuvo acceso a las actuaciones de Secundaria porque fueron determinadas como secretas. Y, además, que “si hubo sanción debió existir alguna irregularidad en la acción de los inspectores y coordinadores firmantes, distinta a las que eventualmente dieron inicio (proselitismo o violación de la laicidad)”.

La disputa entre la nueva administración educativa y el sindicato de profesores de Secundaría podría sumar otra tensión en la previa de la discusión presupuestal y en una semana de movilizaciones de los docentes sindicalizados.