En la avenida Arocena y la rambla, una vivienda histórica de Carrasco aparece abandonada desde hace años.

Su deterioro y el poder acotado de la Intendencia ponen sobre el tapete varias interrogantes en cuanto a los alcances de las declaraciones de interés patrimonial, en la medida que los propietarios se desvinculen del cuidado del bien, sea por falta de recursos propios, o por desinterés como parece ser el caso del chalet costero perteneciente a un empresario chileno archimillonario, que llegó a rechazar una oferta de arrendamiento que rondó el millón de dólares al año.

Por la zona en que se ubica, la propiedad tiene un grado 4 de protección, es decir, el más alto en la escala aplicada desde 1983. En la lista de datos territoriales de los padrones de Interés de Carrasco se informa que la calificación está merecida por ser un bien de particular destaque, "representativo de una tipología urbano-arquitectónica, lo que se aprecia tanto en aspectos organizativos volumétricos o lingüísticos, con particular presencia en lo urbano". La finca encuadra asimismo entre las que "condensan una fuerte representación en la memoria colectiva y pueden actuar como referentes".

La arquitecta de la Comisión Especial Permanente de Carrasco, Beatriz Vellano, dijo a El País que en el barrio residencial de Montevideo hay otra casona en estado de abandono, en la calle Costa Rica y Sáenz, pero sin que todavía haya llegado a la situación del chalet de ocho metros de altura con frente a Arocena que ocupa el 50% del predio (Padrón 64164).

Diferentes normativas permiten la exoneración de la Contribución Inmobiliaria en relación a bienes de importancia patrimonial, sean monumentos históricos declarados por la Comisión Nacional, de interés departamental para la comuna capitalina o protegidos por hallarse en zonas testimoniales.

El beneficio puede en ocasiones ascender al 100% hasta durante ocho años, si se realizan rehabilitaciones técnicas y económicas. O al 75% cuando existe un buen mantenimiento de la vivienda.

Al propietario del chalet de Carrasco, como a quienes no cumplan con esto último o abandonen inmuebles protegidos, la Intendencia de Montevideo en cambio recarga el monto de la Contribución con un impuesto adicional de entre un 150% y un 200%.

"La casa (de Arocena) está bastante comprometida en varios aspectos, y debido a eso se cobra un impuesto a manera de sanción por tenerla en esas condiciones. Se está haciendo desde 2012 por lo menos. Es una lástima y por supuesto que sería interesante mantener, recuperar y habitar", dijo a El País la arquitecta Vellano.

Las diversas formas de evitar la desaparición de viviendas con valores arquitectónicos e históricos han detenido en la ciudad sustituciones edilicias pésimas como las ocurridas en la primera mitad de la década de 1980, sobre todo en la Ciudad Vieja. Pero a la par, las limitaciones impuestas a los dueños a veces impiden que estos inviertan en el mantenimiento o la recuperación de reliquias. En el mundo, los chalets, en concreto, se explotan con fines turísticos, convertidos en restoranes, hoteles y viviendas vacacionales. Pero estos emprendimientos en Uruguay no siempre encuentran allanado el camino. El Castillo Idiarte Borda fue también abandonado por inversores españoles que lo dieron en comodato a la Comisión de Patrimonio, en tanto llegaron a ponerlo a la venta en 1:300.000 euros.

Tenían pensado crear allí un hotel pero, por tener un Monumento Histórico, ni siquiera fueron autorizados a instalar un ascensor. Como todos los monumentos históricos está bajo el régimen de la ley 14.040. El Poder Ejecutivo realizó la declaración con el asesoramiento de la Comisión del Patrimonio.

De todos modos, más allá de las diferencias entre regímenes nacionales y locales, en todos los casos puede darse el desencuentro entre administraciones del Estado y particulares. "Por eso se exonera; ante los mecanismos de limitación al privado existen incentivos para equilibrar la situación", dijo Vellano.

La Intendencia de Montevideo podría determinar otras medidas en contra de quienes no respetan la normativa patrimonial, por ejemplo cuando las deudas acumuladas en el pago de los tributos perduran por décadas. Pero respecto a la casona de Carrasco en ruinas no parece aún viable el inicio de un trámite de expropiación. El propietario paga lo que le corresponde.

Las Comisiones Especiales se integran en todos los casos con delegados honorarios de la Intendencia Municipal de Montevideo, la Facultad de Arquitectura, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, y la Junta Vecinal correspondiente a cada zona. En algunas de ellas hay delegados del Banco Hipotecario del Uruguay o de la Comisión del Patrimonio Histórico.

En un trabajo expuesto en el “III Seminario-Taller Internacional sobre Rehabilitación de Centros Históricos de ciudades de América Latina y del Caribe”, el arquitecto Gustavo Aller indicaba que “la problemática en cada una de las distintas Áreas Testimoniales posee algunos elementos en común pero presenta también situaciones arquitectónicas, paisajísticas, económicas y sociales bien diferentes. Debido a ello, si bien hay bases conceptuales comunes, existen objetivos y estrategias diferentes entre las distintas Comisiones”.

Para el caso de la de Carrasco sostuvo que “debido al potencial económico de los habitantes e instituciones de la zona, buena parte del trabajo de esta Comisión está centrado en procurar la integración del capital privado en la recuperación o mantenimiento de los numerosos aspectos testimoniales, cuidando sin embargo que la fuerte presión económica, tanto por los aspectos inmobiliarios como comerciales, no afecten negativamente las calidades arquitectónicas y ambientales superlativas que allí existen. Se agrega además toda la problemática de protección de la vegetación, de fuerte presencia en la imagen zonal”.

ACCIONES.

La actuación de la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda tiene jurisdicción desde el Parque Baroffio hasta el Arroyo Carrasco. Se concentra en dos áreas de labor. La aprobación de obras en su zona, y el promover, idear, gestionar y desarrollar acciones.

El arquitecto Aller explicó en su trabajo que “en general, se trata de llevar adelante propuestas y normativas que se consideren necesarias o beneficiosas para el Área Testimonial. La Comisión en este sentido, actúa como elemento catalizador de acciones. Conecta los intereses particulares con los públicos”. Aller destacaba en simultáneo la necesidad del diálogo con agentes inmobiliarios, con promotores e instituciones “para obtener los fines perseguidos”, algo que no siempre se consigue.

El decreto departamental 22.887 de 1986 facultó a la Intendencia de Montevideo para otorgar exoneraciones en el impuesto de Contribución Inmobiliaria para aquellos edificios ubicados en Áreas Testimoniales que hayan sido restaurados o reciclados. La misma norma afectó como Área Testimonial a los barrios de Carrasco y Punta Gorda y creó la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda. El decreto departamental 6.188 de 1990 constituyó la Unidad para la Protección del Patrimonio Edilicio, Urbanístico y Ambiental del Departamento de Montevideo. En 1991, también por decreto, en Montevideo quedaron afectados 65 edificios como Bienes de Interés Municipal, incluyéndolos en el régimen patrimonial y bajo jurisdicción de la Unidad para la Protección del Patrimonio. Se declaró asimismo como Bienes de Interés Municipal a todos los que estuvieran en la lista de Monumentos Históricos a nivel nacional. Desde entonces, el listado quedó abierto a otras incorporaciones. En el año 1998 apareció otra zona a proteger o Área Testimonial: la de Colón y Lezica, que por entonces se sumaba a las ya existentes en Ciudad Vieja, Pocitos, Carrasco y Punta Gorda, el Prado, Reus Norte, Reus Sur y el Barrio Sur. Igualmente surgieron normativas para impedir la demolición de edificios anteriores al año 1940 ubicados sobre avenidas, y legislación para edificios linderos a bienes de interés.

La propiedad de la casona es del millonario chileno Christoph Schiess, un cuarentón que la heredó junto a una gran cantidad de emprendimientos diversos concretados por su padre alemán, Guillermo Schiess, quien llegó a Valparaíso el 6 de julio de 1948, a los 23 años de edad, después de huir del ejército ruso cuando lo trasladaban en barco a Liberia como prisionero durante la II Guerra Mundial. Según reseñó El Mercurio, en 1954 Schiess padre formó Transoceánica, empresa dedicada al comercio exterior.

En 1984 invirtió en las Termas de Puyehue y compró envidiables terrenos en Santiago para desarrollar proyectos inmobiliarios. Al morir en 1998, Christoph se hizo cargo de los negocios de la familia, fortaleciendo unos y creando otros, siempre con un criterio diversificador, desde turismo y productos orgánicos hasta la hotelería. En este último rubro, en Uruguay tiene el Hotel Cottage, ubicado en Carrasco, en la calle Miraflores. Pero cuenta además en Chile con el Hotel Termas de Puyehue Wellness & Spa, el complejo Aguas Calientes, el Hotel Alto Atacama, Hanga Roa Eco Village & Spa en la Isla de Pascua.

En el área industrial, en Uruguay produce malta que abastece a cervecerías en Brasil, Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia, Centroamérica, el Caribe y África. En su país maneja firmas de agua mineral, muelles y turismo antártico, entre otras.

Al propietario le cobran impuesto que recarga en 150% la Contribución