LEY DE CINCUENTONES

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) prevé que entre los meses de abril y mayo de 2018 comience en el Banco de Previsión Social (BPS) la atención a los denominados "cincuentones" comprendidos por la normativa recientemente aprobada, informó ayer la cartera.

En una primera etapa el asesoramiento se realizará a las personas ya jubiladas y a quienes tuvieran 56 o más años al 1° de abril de 2016. De esta forma, a partir de 2019 se extenderá progresiva y sucesivamente a quienes tuvieran menos de 55 años al 1° de abril de 2016.

Además se informó que en cada caso, y según dispone la ley, el BPS hará un "asesoramiento" a cada persona comprendida por la norma que incluirá "un análisis de la trayectoria laboral del afiliado y una proyección estimativa de las eventuales prestaciones a que éste podría acceder según la decisión que adoptare".

En el oficialismo, el proyecto sobre cincuentones fue negociado durante muchos días antes de llegar al Parlamento. El centro de la polémica que se había generado fue en torno al costo de la solución para los cincuentones. En base a datos aportados por el Banco de Previsión Social se había estimado que la solución podría implicar un desembolso de US$ 2.500 millones. Sin embargo, en medio de la discusión parlamentaria Economía reveló que la medida alcanzaría los US$ 3.648 millones.

Para enmendar esa diferencia de cálculo y reducir el costo, el astorismo presentó una solución que implicaba colocar un tope en las jubilaciones para que se cobre un 20% menos. Se llegó a manejar la posibilidad de renuncia del ministro de Economía, Danilo Astori, pero los distintos sectores del Frente Amplio negociaron para alcanzar el proyecto que quedó acordado.

El acuerdo incluyó una corrección a la baja de las comisiones que están cobrando las AFAP. El tope de las comisiones se fijó en un 50% sobre la más baja del mercado que es la República AFAP. Este había sido un reclamo histórico del Pit-Cnt.

Asimismo se sumó a último momento un colectivo de unas 2.500 personas ya jubiladas que fueron perjudicadas por la actual legislación y a los que ahora se les recalculará lo que deben cobrar.

El proyecto pasó a mediados de este mes por ambas Cámaras del Parlamento donde fue votado incluso por algunos legisladores de la oposición.