2002

La ruptura de la “tablita” en 1982 y la debacle bancaria de 2002 son dos tristes de la historia económica reciente. Llegaron en momentos distintos: una en el tramo final de una dictadura; otra bajo una democracia fuerte, que permitió que el país salga adelante cumpliendo compromisos internacionales.

Los últimos años de la década de los 90 y el inicio del nuevo siglo configuraron uno de los peores ciclos de la historia económica del Uruguay moderno. La extrema dependencia comercial de los vecinos iba a ser un elemento crítico, una vez que las monedas de Brasil y Argentina se sobrevaloraban primero y abruptamente perdían valor después, en Brasil en enero 1999 con la devaluación del real, y en Argentina en enero de 2002 con el abandono de la convertibilidad.

Con las monedas de los vecinos fuertemente devaluadas y Uruguay manteniendo un sistema de tipo de cambio cuasi-fijo que dejó en evidencia una grave pérdida de competitividad, el deterioro de la economía uruguaya para 2002 era algo que nadie dudaba. El país ya arrastraba severas dificultades desde fines de 1998, cuando comenzó a producirse una sucesión de shocks externos negativos, en un contexto de recesión, deterioro sistemático de los números fiscales y de endeudamiento externo.

El primero de esos shocks fue la ruptura del Plan Real a inicios del año siguiente. Luego, el brote de aftosa a inicios de 2000 golpeó fuerte al principal producto de exportación, la carne bovina, que perdía sus principales mercados.

En Argentina, el atraso cambiario contenido durante diez años terminó dejando al desnudo a un país con abultado déficit fiscal, endeudado y con graves problemas en su aparato productivo, que entró al nuevo siglo arrastrando tres años de recesión. Fue el fin de la convertibilidad ideada por Domingo Cavallo una década antes. El derrumbe del “1 a 1” arrastró a un gobierno con escaso respaldo político y social y sumió a Argentina en una profunda crisis. Diciembre de 2001 llegó con corralito financiero, protestas en las calles, estado de sitio y decenas de muertos. A raíz de la profunda devaluación en Argentina, el BCU en enero 2002 duplicó el ritmo devaluatorio y el ancho de la banda de flotación del dólar. El desequilibrio de las cuentas fiscales llevó además a la aprobación de un ajuste fiscal en febrero y otro a fines de mayo.

A la tambaleante situación macroeconómica le llegó el golpe de gracia: los argentinos que no podían acceder a los depósitos en los bancos de su país cruzaron el río para retirar los ahorros que tenían en el sistema financiero uruguayo, donde los no residentes representaban más del 40% de los depósitos. A medida que fueron quedando al desnudo las dificultades de las instituciones bancarias para hacer frente al fenómeno, se sumaron también los residentes locales y el sistema financiero quedó al borde del colapso.

En los primeros meses del 2002, el sistema bancario uruguayo ya había perdido el 40% de sus depósitos y reservas. Banco Galicia, con una filial en Uruguay, había sido intervenido en Argentina. Poco después queda al descubierto la estafa de los hermanos Rohm en el Banco Comercial, a lo que se suma la imposibilidad del Banco Montevideo-Caja Obrera de cubrir los retiros y la insolvencia del Banco de Crédito. A su vez, la banca estatal (BROU y BHU) expusieron su enorme fragilidad. El proceso de insolvencia financiera que afectó a parte de la banca desencadenó el colapso económico.

Finalmente, el 20 de junio el gobierno decretó la libre flotación del dólar. En un solo día, su valor trepó 30%. La confianza estaba malherida. Dos indicadores se habían vuelto extremadamente relevantes: la posición de liquidez y el retiro de depósitos. Decenas de millones de dólares se retiraban de los bancos y el riesgo país se disparaba.

El martes 23 de julio, el ministro de Economía Alberto Bensión renunció y fue sucedido por Alejandro Atchugarry, que había sido el principal articulador del gobierno en el Parlamento y su rol fue clave para la salida de la crisis. También cambiaron las autoridades del BCU, donde asumió la presidencia Julio de Brun.

El martes 30 de julio, el gobierno suspendió las actividades de los bancos Montevideo y Caja Obrera e, in extremis, se decretó el feriado bancario por una semana.

Durante esos días las negociaciones en EE.UU. en procura de un salvataje del FMI eran un partido contra reloj. Desde el organismo se aconsejaba a Uruguay armar un “corralito” a la Argentina. El presidente Jorge Batlle rechazó esa salida. Las gestiones derivaron en un crédito puente de EE.UU. de US$ 1.500 millones que al filo del plazo permitió retornar al país con esperanzas de desactivar la bomba.

Entre tanto, el Parlamento discutía y aprobaba la ley de reprogramación de vencimiento de depósitos de bancos oficiales y la creación del Fondo de Estabilidad del Sistema Financiero.

El lunes 5 de agosto abrieron los bancos, excepto el Comercial, Montevideo-Caja Obrera, Banco de Crédito y la Cooperativa Caycu. Fueron suspendidos y el gobierno comenzó un plan para su liquidación y venta, y se reprogramó la devolución de los depósitos a plazo fijo de los bancos República e Hipotecario a tres años. La desaparición de varias instituciones financieras en 2002 significó el fin de la política del Estado uruguayo de rescatar a todas las instituciones quebradas.

Fue un período devastador: el PIB ajustó a la baja más de 15% entre 1999 y 2002. Estas cifras tuvieron su correlato en la desinversión, la quiebra de empresas, fuerte caída del salario real, la eliminación de puestos de trabajo y el incremento de los niveles de pobreza. Solo en 2002 emigraron 28.000 uruguayos buscando otros destinos como exiliados económicos.

Con la amenaza que suponía el abultado endeudamiento, Uruguay logró un exitoso canje a fines de mayo de 2003. Cumplida la promesa de no deshonrar los compromisos, a partir de ese año comenzó un período de crecimiento que se mantiene hasta nuestros días.