OPINIÓN

El año electoral se presenta muy difícil desde el punto de vista de la actividad productiva de nuestro país.

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Se ha confirmado recientemente, con información oficial, que en los tres últimos trimestres del año pasado la economía ha marcado —aunque leves—, sucesivas caídas reflejadas en menor producción de bienes y de servicios y consecuentemente en el valor agregado por la actividad laboral y empresarial privada.

La información mensual oficial de la tasa de desempleo y sobre todo de la tasa de empleo, anticipaban ese resultado. Si bien era algo que esperaba y señalé en varias columnas de Economía & Mercado, la subsistente duda me la planteaban las sucesivas estimaciones de más de veinte analistas locales y del exterior que, aunque reducían y reducen mensualmente sus predicciones volcadas en la encuesta de LatinFocus, planteaban un desempeño económico más dinámico y siguen pensando en una economía que seguirá creciendo. Ninguno de esos analistas, entre los que se encuentran los de algunas de las calificadoras de riesgo de nuestra deuda pública, según la encuesta de comienzos de este mes, espera que este año la tasa de variación del PIB sea negativa. Por el contrario, yo sigo pensando y con más antecedentes, elementos y convicción que antes, que las condiciones actuales que determinan la situación macroeconómica del país difícilmente cambien a lo largo del año, por lo que no se ven razones para que se vuelva al crecimiento. Tampoco se percibe cambio alguno de la política económica que pueda modificar la situación, aún siendo éste un año electoral, cuando es probado que en general a éstos se le imprime “alegría fiscal”.

Es seguro entonces, a mi entender, que culmine el año electoral con un registro negativo de la variación de la producción de bienes y de servicios de nuestro país (PIB) y que no haya mejoría por baja en la tasa de desempleo ni por aumento de la tasa de empleo.

La producción de bienes y de servicios y las importaciones reaccionan al comportamiento del consumo privado, del gasto público, de la inversión y de las exportaciones. Y los determinantes de cada una de esas variables apuntan en el sentido negativo, es decir, a continuar reduciéndose sea con una menor tasa de expansión a la ya reducida a la que venían creciendo —como la del consumo público—, o agudizando lo negativo a la que se desplazaban en los últimos tiempos las demás. Es que el ingreso que impulsa el gasto viene cayendo, las tasas de interés suben internamente y, por si fuera poco, hace eclosión el problema de la falta de competitividad para la producción transable.

Agreguemos a esto la situación regional. Es grave en el caso argentino, donde la política monetaria antiinflacionaria no solo no tiene éxito sino que agrava la actividad: profunda recesión y altísima inflación. Y no es buena en el caso de Brasil, que sigue siendo más competitiva que en nuestro país. Tampoco es buena para Uruguay la situación mundial que muestra receso o estancamiento en economías desarrolladas —de la Eurozona y Japón—, y problemas de proteccionismo comercial que golpean los ingresos por exportaciones de algunos commodities de los que aún compra China, erróneamente considerada como una economía que disminuye su crecimiento y con ello, su demanda por productos mundiales.

Además, se observa una estructura temporal de tasas de rendimiento de títulos norteamericanos que muestra una marcada suba de los de corto plazo, que los acerca a los de plazos de treinta años. Eso lleva a una valorización del dólar a nivel global que agrava nuestra bajísima competitividad y agrega tendencia bajista —solo con alguna excepción—- a los precios de nuestros principales commodities de exportación.

Todas estas razones —mundiales, regionales— y las locales, como la propia combinación de políticas macroeconómicas que lleva adelante nuestro país —contractiva por el lado monetario y fiscal tributario y expansiva pero sin resultados por el lado del gasto público—, no brindan un escenario “amistoso” para la situación macroeconómica. Y es por eso que se presentan dos desequilibrios internos no deseados hoy y en el horizonte de este año: recesión e inflación permanentemente por encima de la meta oficial y subiendo nuevamente.

Por si lo señalado antes fuera poca justificación para la previsión recesiva, hay algo muy importante que también afecta a la producción y al empleo actual y que puede agravar a uno de los puntales del crecimiento económico, no ya macroeconómico, sino del de más largo plazo: impedir o ponerle obstáculos a la inversión privada. Desde hace ya tiempo se viene configurando un escenario de costo creciente para las empresas para mantener su derecho a reducir su actividad ante la caída o desaparición de resultados económicos positivos. Y asimismo, se observa también el alto costo que además tiene para sus propietarios —-sean locales, regionales o internacionales— mantener su derecho a impedir la interferencia de terceros no propietarios en el manejo de su actividad. En otras palabras, la inversión viene siendo afectada por condiciones externas y regionales —-que aumentan capacidad instalada ociosa—- y económicas internas —que por igual razón justifican la menor inversión—, y además también, por amenazas constantes a la premisa fundamental para realizarlas: el respeto al derecho de propiedad.

Es muy difícil, en base a todas las razones citadas, que haya espacio para que la economía tenga impulso alguno para su crecimiento.