OPINIÓN

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Hay, al menos, ocho claves macro en el mensaje del proyecto de Ley de Presupuesto:

1) El escenario económico está marcado por niveles de incertidumbre mayores a los habituales. En el corto plazo, los principales factores externos de riesgo siguen pasando por el control de la pandemia, las elecciones de Estados Unidos, sus implicancias en la globalización y las perspectivas para Argentina. A la larga, también hay dudas sobre la sostenibilidad del rebote del crecimiento mundial, un eventual ciclo más favorable para los emergentes y la capacidad de Uruguay para aprovecharlo debido a algunos desequilibrios acumulados. Todo ello exige cautela y flexibilidad en la gestión macro, inclusive para subir impuestos en la necesidad de atenuar fragilidades económicas.

2) Con todo, el contexto extrarregional sería más favorable. Tras la aguda recesión de este año, el crecimiento mundial rebotaría en 2021 en torno a 5%, para converger luego al promedio histórico (3,5%). Razonablemente, el gobierno contempla mejores condiciones financieras para Uruguay, con la tasa de la Fed en cero por largo tiempo. Por su parte, el dólar global y los precios de exportaciones se asumen conservadoramente estables, aunque las perspectivas lucen favorables con el debilitamiento global de la divisa y las consiguientes mayores cotizaciones de los productos básicos.

3) Previsiblemente se asume un entorno regional complejo e incierto. En este sentido, esta crisis vuelve a operar, tanto en las políticas públicas como en el sector privado, como un catalizador para potenciar los mercados fuera del Mercosur. Esto ya ocurrió después de las crisis de 1982 y 2002. Porque, si bien parece razonable esperar cierto impulso desde Brasil potenciado por el mejor entorno extrarregional, es poco probable que esto también Argentina lo pueda capitalizar plenamente. Mediocridad y volatilidad económica seguirían siendo la norma desde la vecina orilla.

4) El crecimiento potencial de Uruguay es menor de lo que se estimaba. El gobierno lo calcula en apenas 2,3% para la última década. Esta cifra mediocre, que se parece más la expansión registrada por Uruguay en el siglo XX, obedece a la caída en la inversión privada y al estancamiento del capital humano, junto con una baja productividad total de los factores. Debería, por cierto, constituir una señal de alerta por sus consecuencias sobre la masa salarial, la pobreza, la igualdad de oportunidades, la movilidad social y los ingresos para financiar gasto público.

5) La economía opera en 2020 con elevada capacidad ociosa, lejos del PIB potencial y el pleno empleo. Se estima que la brecha al PIB potencial sería cercana a 8% en 2020. Esto explica la profundización del deterioro cíclico en materia fiscal, con un mayor déficit este año y justifica la política monetaria más expansiva, con menores tasas de interés. El gobierno reconoce que la sostenibilidad de estas políticas contracíclicas exige reforzar la institucionalidad macro para actuar simétrica y restrictivamente al irse cerrando la brecha de capacidad durante el quinquenio, dada la proyección (plausible) de un crecimiento promedio de 3,7% para el PIB en 2021-24.

6) La política fiscal empieza a diseñarse basándose en el déficit cíclicamente ajustado y en un tope al incremento del gasto público ligado al crecimiento potencial.
Por un lado, se estima para 2020 que el déficit fiscal estructural es (evidentemente) menor al efectivo en 1,3% del PIB, sobre todo por los efectos de la capacidad ociosa (recesión) en menor recaudación y los mayores gastos del seguro de desempleo. Acertadamente, también se corrigen cíclicamente los salarios públicos y pasividades, que están transitoriamente deprimidos, pero se recuperarían desde 2021. En términos estructurales se plantea un ajuste cercano a 2% del PIB en el quinquenio, concentrado sobre todo en los próximos 2 años.
Por otro lado, para lograrlo, se establece que la variación del gasto primario (sin intereses) del Gobierno Central-BPS no superará el crecimiento de 2,3% del PIB potencial, siguiendo la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Dicho techo para el gasto y la recuperación cíclica de los ingresos llevarían el déficit a 2,5% del PIB en 2024 y la deuda pública bruta del gobierno central tendería a estabilizarse en torno a 68% del producto. Estos ratios se verían amortiguados por la revisión al alza del PIB nominal en las nuevas Cuentas Nacionales.

7) Además de las mencionadas nuevas reglas, el gobierno anunció otros cambios en la institucionalidad fiscal. Entre ellos, destaca el marco quinquenal móvil para las proyecciones fiscales, mayor frecuencia de la Rendición de Cuentas y un nuevo marco legal de endeudamiento del gobierno central. Todo ello se suma a lo establecido en la LUC, que incluyó un Fondo de Estabilización, el Consejo Fiscal Asesor y la convocatoria a un Comité de Expertos que entreguen el PIB potencial y otros parámetros para el cálculo de déficit estructural.

8) Por último, se internaliza la convergencia hacia una verdadera estabilidad de precios planteada por el Banco Central (BCU) y se asume un tipo de cambio real estable. Lo primero es un objetivo y lo segundo un supuesto de trabajo. Cierto. Que la inflación se vaya moderando gradualmente hasta cerca de 3% en 2024-25 resulta de la redefinición de metas, institucionalidad e instrumentos del BCU. Que el tipo de cambio nominal se asuma subiendo con la inflación, no es un compromiso, ni siquiera un pronóstico. Su trayectoria dependerá de la evolución de los fundamentos, externos e internos.