Carlos Steneri

La rebaja de impuestos anunciada por el Presidente en su mensaje a la Asamblea General despertó comentarios de toda índole. Si bien muchas posturas tuvieron un cariz netamente político, algo bueno en una sociedad con democracia plena, también sirve para poner sobre la mesa temas importantes para el devenir del país.

En primer lugar, el gobierno justifica con acierto que la rebaja de impuestos es un compromiso electoral que debe cumplirse, pues la ciudadanía lo convalidó con su voto. El gobernante no hace otra cosa que ejecutar un mandato ciudadano ajeno al calificativo de oportunismo político. Por el contrario, no hacerlo hubiera sido un acto demagógico con fines electorales.

Segundo, puso sobre el tapete el cumplimiento de la regla fiscal recientemente aprobada por la LUC. Esta innovación en las finanzas públicas es una verdadera reforma estructural, que asegura la sostenibilidad temporal de las cuentas públicas y la deuda del gobierno. Su instrumentación limita la práctica habitual de expandir el gasto público en tiempos preelectorales (carnaval electoral), hecho que ha sido una práctica corriente de nuestro país cuando analizamos su historia económica. Su cumplimiento también es una forma potente de anclar expectativas en materia inflacionaria. Sin una consolidación fiscal sostenible, no hay política monetaria capaz de bajar por sí sola la inflación. Más si se trata de una economía bimonetaria como la existente en nuestro país.

En tal sentido, el monto de la rebaja impositiva anunciada (<0,2% del PIB) no parece poner en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal. Y si el riesgo de incumplimiento apareciera, el gobierno ya mostró credenciales suficientes en el manejo de la hacienda pública, para instrumentar los correctivos necesarios.

También a destacar es la calidad del diseño de la propuesta, que focalizó la rebaja impositiva en los segmentos más bajos de la escala, dándole progresividad fiscal al subir los mínimos imponibles. También de justicia impositiva al modificar los criterios de las deducciones, en particular por la cantidad de hijos. El IRPF todavía se asemeja más a un impuesto a los ingresos que a las versiones habituales de otros países. Eso esconde inequidades a nivel horizontal significativas, discriminando fiscalmente a las familias numerosas. Corregirlo es un debate aún pendiente pero necesario.

A ello se lo complementó con renuncias y rebajas fiscales a las PYMES, muy perjudicadas por la pandemia, y generadoras genuinas de empleo.

Señalar, como se ha planteado, que no se atiende a los segmentos más bajos de la población, desconoce que por definición la renuncia fiscal solo cubre a quienes pagan impuestos. El apoyo a esos sectores es a través de transferencias directas o indirectas que están fuera del ámbito de los anuncios. Si ese es el tema, la discusión debería ir por otros carriles, pues de esta manera se desenfoca el debate sobre las políticas y las posibilidades necesarias para resolverlo.

Aumentar transferencias tiene límites fiscales determinados por el crecimiento del Producto Bruto potencial de largo plazo, hoy estimado en el 2,1%. El debate debería girar entonces en cómo aumentarlo, pues de lo contrario estaríamos siempre girando alrededor de la misma noria de planteos inconducentes.

Por cierto, debemos aumentar el gasto en educación, apoyar a la ciencia y la innovación para aumentar la productividad global. También aumentar los salarios reales del sector público y mantener nuestro generoso modelo de seguridad social, incluyendo el sistema integrado de salud, casi únicos entre las economías en desarrollo. Pero nuestra capacidad de aumento del gasto es limitada y financiarlo es un desafío enorme. Entonces, creo que es el momento de bajar la pelota al piso. El sistema político reconoce desde hace décadas que el sistema de seguridad social debe reformarse para aggiornarlo a las nuevas realidades demográficas y estructurales del sistema. Se ha discutido hasta el cansancio, llegando a un proyecto de ley donde se recogen la mayoría de los planteos y las mejores prácticas provenientes de la academia y de reformas similares en otras partes del mundo. No hay reforma perfecta ni tampoco definitiva. Están vigentes los mecanismos para perfeccionarla, pero detener su aprobación sería un error histórico. Y más cuando no hay cuestiones de fondo sustanciales.

La reforma educativa es el clamor de todos los partidos, como forma idónea de mejorar la justicia social y potenciar el crecimiento. Lo fue durante la gestión de las últimas administraciones y lo es ahora, con la diferencia que la actual la está llevando adelante en solitario, enfrentando la oposición de los gremios docentes ante la indiferencia de una oposición que sabe que es una reforma que va en la dirección correcta, que siempre puede perfeccionarse, pero que no quiere pagar el costo político que implica su ejecución.

Por último, para crecer más tiene que aumentar la inversión de manera permanente. La mejora al acceso a los mercados es una vía de atraer inversión directa extranjera, la que a su vez aporta cambio tecnológico. Como las vías pueden ser diversas, no podemos solo concentrarnos en la búsqueda de los beneficios que pueden aportar los grandes acuerdos, limitados a su vez por tratados ya firmados como el Mercosur. Sin cejar en ese empeño, hay que persistir en la búsqueda de condiciones de acceso mejores conectadas con barreras sanitarias, tipologías de productos que abren oportunidades significativas en nuestra oferta exportadora.

Estos son algunos de los temas relevantes que moldean el destino de un país, para lo cual el sistema político debe estar a la altura de las circunstancias.