OPINIÓN

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Uno de los errores recurrentes de las políticas económicas en Uruguay consiste en la disparidad entre el número de objetivos que ellas se plantean y la cantidad de instrumentos válidos para alcanzarlos, normalmente menor a aquel número. Al ser las cosas de ese modo, más tarde o más temprano se deberían replantear o redefinir las prioridades a alcanzar y fortalecer los instrumentos a utilizar. Si ello no ocurre, como también es habitual, se terminan incumpliendo todos los objetivos, como, sin ir más lejos, sucedió en el período de gobierno anterior al actual.

En ese caso, con un crecimiento que resultó muy magro, de 0,8% anual en el quinquenio, se priorizó el salario real y se perdieron decenas de miles de empleos; la inflación estuvo cuatro quintos del tiempo por encima de las metas oficiales y terminó próxima a los dos dígitos; el déficit fiscal finalizó el período en 4,4% del PIB y estuvo cada año en magnitudes insostenibles para mantener a la deuda estable en términos del PIB, la que creció considerablemente; y el tipo de cambio real extra regional mejoró desde 2017 pero de todos modos quedó aproximadamente 15% por debajo de los promedios históricos.

Hace tres meses, el lunes 20 de septiembre, publiqué acá una columna titulada “Platitos chinos: objetivos múltiples e instrumentos limitados”, donde advertía sobre la reiteración, aquí y ahora, del problema referido en el párrafo anterior. Creo que viene al caso en este momento, cuando nos acercamos al inicio del tercer año de gobierno, evaluar qué se podría hacer para tratar de darle consistencia a las políticas económicas acercando las cantidades de objetivos e instrumentos.

Para ello veamos primero qué novedades hubo en estos tres meses con relación a las políticas en cuestión: la monetaria cambiaria, la fiscal y la salarial.

En el caso de los salarios, las noticias que llegan desde los Consejos de Salarios hablan de aumentos mayores a los previstos en las pautas emitidas por el Poder Ejecutivo. El retorno de la indexación y de la recuperación es evidente y en el caso de la última, con mayor velocidad que la prevista por el Gobierno. En un contexto de crecimiento económico en el eje del 3% anual, ello no impediría la continuidad de la recuperación de empleos, pero seguramente habrá de afectar su intensidad. Y, naturalmente, la indexación operará como un paracaídas en la inflación.

En el caso de las finanzas públicas, el déficit ha seguido bajando, pero se mantiene muy elevado, cercano al 5% del PIB, más allá de las razones valederas y entendibles que se puedan esgrimir al respecto. Pero lo más importante es la comprobación de que la mayor parte del “ajuste” del gasto no tiene naturaleza permanente sino transitoria: entre 2019 y los 12 meses a octubre de 2021, el gasto, medido a precios constantes, bajó en US$ 600 millones de hoy, pero dos tercios de esa cifra se deben a menores inversiones del sector público no financiero (Gobierno Central y empresas públicas) y al efecto de la mayor inflación sobre el gasto, especialmente en salarios y pasividades. En la medida en que hay compromisos explícitos de recuperación salarial y que la inflación algo bajará, esto es esencialmente efímero.

El siempre inteligente análisis de Fitch Ratings parece haber soslayado lo anterior y fundamentó en la gestión fiscal la mejoría recientemente asignada en la perspectiva de nuestra calificación de riesgo. Algo que nos viene de perillas ante el cambio de escenario externo global que se ha iniciado, dicho sea de paso.

En todo caso, sin un ajuste permanente, el déficit fiscal estará más cerca del 4% del PIB que del 2%, que sería la magnitud necesaria para mantener estable a la deuda en relación al PIB.

Y en el caso de la política monetaria cambiaria, el BCU ha seguido subiendo la tasa de política monetaria (TPM), hasta el 5,75% y todo apunta a que lo seguirá haciendo en lo inmediato. Alegan que se trata de una tasa real negativa, pero parecen dejar de lado que las tasas de las letras de regulación monetaria, para los cuatro plazos más cortos, promedian 7,2% y es con estos instrumentos que sacan el grueso del exceso de liquidez. El aumento de estas tasas va siempre con ventaja versus el de la TPM.

A todo esto, la inflación termina el año igual que terminó 2019, con la medición subyacente (dejando de lado precios volátiles y administrados) en torno al 8%. Aunque ahora las expectativas son a la baja y entonces eran al alza. A la baja, pero no tanto como para entrar dentro del rango meta. A propósito, si el objetivo de inflación de 2024 es de 3,7%, en enero, el Copom debería ajustar ese rango (para dentro de 24 meses) con eje en ese objetivo (¿3% a 4,5%?).

Sin la ayuda de las políticas salarial y fiscal, luce imposible bajar la inflación a los objetivos planteados y no en vano las expectativas no apuntan a ello. Sí se la puede reprimir, transitoriamente, con daños colaterales, pero no bajarla de manera permanente.

En este contexto, el ajuste de la política económica, por el lado de los instrumentos, debería al menos fortalecer el instrumento fiscal, de modo que el gasto baje de manera permanente y no efímera. Cuidado con la complacencia que se pueda derivar de una lectura ligera de los resultados alcanzados hasta el momento. Y, por el lado de los objetivos, debería ajustarse el de la inflación, que difícilmente pueda ir abajo del 6% de manera permanente en el contexto referido para las políticas económicas.