GUILLERMO DUTRA

Sin dudas, en 2018 se potenciarán los temas que el país arrastra sin resolver en su agenda laboral. El crecimiento alcanzado en 2017 no se tradujo en la creación de puestos de trabajo según lo esperado y de seguir las cosas como están, es difícil avizorar una tendencia diferente.

Actores clave denunciaron rigideces, obsolescencias y demandaron cambios durante esta transición de calendario:

El Ministro de Economía reconoció que el país cuenta con limitada capacidad de crear empleo. Es más, insistió en dar continuidad al esquema de "flexibilidad" utilizado en la anterior ronda de los Consejos de Salarios, a fin de cuidar el equilibrio entre la política monetaria, fiscal y de ingresos, ¡incluido el de los empresarios!

La última Encuesta de Perspectiva Empresarial de KPMG registró para este año una visión positiva de los empleadores, pero no van a contratar más trabajadores y sí recortar sus plantillas. Los industriales abiertamente recurrirán a la automatización de tareas para aumentar su productividad.

La socia directora de E&Y afirmó que la capacidad contributiva de las empresas encontró su frontera, y que la regulación laboral en Uruguay está en las antípodas de lo que está pasando en el mundo, en el cual ganan terreno las alternativas pautadas por la descentralización y la flexibilidad.

Por su parte, el Economista Jefe del Banco Mundial para esta región, advirtió que en razón de las actuales tendencias demográficas, las cuentas no van a cerrar si no hay una reforma previsional en serio; recalcó que no hacerla —en un contexto marcado por el déficit— tendrá consecuencias fiscales nada buenas.

Asimismo, a partir de este primer trimestre y previo al año electoral, se iniciará una intensa ronda de los Consejos de Salarios, la mayor desde que retomamos la democracia: involucrará 173 grupos y subgrupos del sector privado más el sector público. En este contexto, se hacen presentes las declaraciones que en octubre hizo el dirigente sindical Richard Read: "El Consejo de Salarios como distribuidor de la riqueza, como generador de equidad, a esta altura del partido, está en cuestión. Para mí, se agotó".

La lectura triunfalista sobre los acuerdos alcanzados durante la pasada ronda hay que complementarla con los empleos que se han venido perdiendo, la informalidad existente, las inversiones que se dejaron de hacer o se trasladaron a Paraguay, las empresas que cerraron, presentaron concursos —que en 2017 alcanzaron la cifra récord de 285— o subsisten para no asumir los costos de clausura.

Es inevitable concluir que el actual marco normativo que regula las relaciones laborales —sin perjuicio de las observaciones que hizo la OIT— escaso favor le está haciendo a la inversión, el empleo y la equidad. Los mecanismos de negociación instrumentados centralizadamente pesan cada vez más por su rigidez y exiguo margen, y dejan para incluir una realidad productiva muy heterogénea. Esto se vuelve un calvario cuando se le suma la connivencia con un Estado que no deja de trasladar los costos de su ineficiencia; los arroceros algo nos pueden ilustrar al respecto.

Hay que reconocer desde ya que el sector de la bebida supo dar un paso diferente en materia de negociación colectiva: tanto en sus contenidos como en su descentralización; los salarios se vinculan con productividad y capacitación y se contemplan las diferentes realidades de las empresas.

El mundo del trabajo nos está haciendo ver que las nuevas formas de producir bienes y servicios —con independencia de nuestra voluntad— generan cambios permanentes. Ello incide en la configuración de las organizaciones —en términos territoriales y temporales— y en el posicionamiento de las personas ante las múltiples alternativas de empleo que surgen dentro y fuera de las empresas. Está apareciendo una mano de obra más dúctil y con predisposición a la movilidad; mientras el personal de las empresas debe trabajar con mayor flexibilidad.

Además, en la economía digital pasa a empoderarse el consumidor mediante la utilización de las TIC, y el orden democrático y la igualdad de oportunidades se garantizan a través de una gestión gubernamental coherente e involucrada con la transparencia.

La normativa laboral debe acusar recibo de todo eso, ayudarnos a agregar valor a lo que producimos, a ganar mercados y a facilitarnos algo más que la fugaz alegría de que la exportación de la soja creció un 10% y que llegaron más turistas gracias a Macri.

Es irresponsable no admitir las obsolescencias evidentes, y mediocre quedar atrapados y confundidos en las incertidumbres que nos depara el futuro del trabajo. Un enfoque resiliente es el que nos permitirá encarar las reformas que garanticen la inversión, el empleo de calidad y una protección social sustentable.

En ese esfuerzo, no otro objetivo debe orientar los mecanismos de gobernanza del mercado laboral que no sea la sustentabilidad del empleo, y así efectivamente traducirlo en las negociaciones que involucran lo salarial, la seguridad social y el desarrollo de capital humano, desde la escuela hasta el retiro.

Mantener el statu quo con este insoportables corsé no hará otra cosa que acrecentar los resultados que no queremos. En ello está en juego no sólo el desempeño de la economía, sino la cohesión social y las representaciones que hoy se arrogan para negociar salarios.