ISAAC ALFIE

Es usual intentar medir la concentración del ingreso, es decir la contrapartida —medida en flujo monetario— del valor generado a precios de mercado en determinado período de tiempo.

Con las limitaciones sabidas, la medida más utilizada para ello es el índice de Gini, el cual es utilizado no sólo para este tipo de medición. El ingreso corriente de una familia puede provenir de la remuneración del capital acumulado, la retribución del trabajo o por utilidades derivadas de la combinación de trabajo y capital. Desde el momento que la riqueza deriva de los ahorros, y éstos no son otra cosa que trabajo acumulado no consumido, resulta esperable que la concentración de la riqueza sea mayor —bastante mayor diría—, que la de los ingresos. En efecto, el primer uso de nuestro ingreso es para cubrir consumo necesario que la vida implica; alimentación, vestimenta, salud, educación y vivienda, luego vendrán otros bienes y servicios y, de existir un excedente, la adquisición de una vivienda propia. Por último, luego de formar cierto capital líquido, se está en condiciones de emprender empresarialmente. Por tanto, seguramente la concentración de la riqueza sea menor cuando de inmuebles se habla, en comparación con otros activos que sean destinos de los ahorros y menor aún entre los activos financieros líquidos que entre los invertidos en empresas.

Tres meses atrás se difundió la tesis del Economista Mauricio de Rosa, quien se tomó el trabajo de estudiar el tema, y dio a conocer el resultado de su estudio acerca de la concentración de la riqueza. Sus resultados confirman en un todo las hipótesis anteriores.

Más allá de la comprobación empírica, que incluye una aproximación cuantitativa, desde ciertos sectores se ha comenzado a hablar de cómo gravar esa riqueza de manera de reducir su concentración. Hoy día ya existen impuestos sobre el capital (patrimonio, contribución inmobiliaria, primaria), que se suman a los que recaen sobre el rendimiento que esos activos generan —impuestos sobre las rentas—, los que resultan muy pesados en términos porcentuales respecto a la rentabilidad del activo, que es la medida relevante a efectos de las decisiones que a diario se toman al momento de decidir o no una inversión.

Como he intentado explicar desde esta columna en ocasiones anteriores, un impuesto sobre la riqueza, como el impuesto al Patrimonio, constituye un adicional al impuesto a la renta, con la desventaja de que es "ciego" y, por tanto, como sucede en la actualidad con la mayoría de los sectores del agro y la pecuaria, se paga impuestos aún con pérdidas en el ejercicio, lo que acentúa la descapitalización, fomentando la concentración del factor productivo tierra, supuestamente todo lo contrario a lo que se busca.

Los efectos son diversos según el factor productivo; así, en sectores donde la movilidad del factor capital es mayor, lo que principalmente sucede a mediano plazo no es el mero traspaso de mano del capital, como sucede con la tierra, sino la reducción del total aplicado en la economía en cuestión. Menor capital aplicado, implica mayor escasez del mismo y, por ende, mayor remuneración a la que tendría bajo circunstancias normales.

Dado lo anterior, gravar adicionalmente la riqueza constituiría un enorme error y pondría más presión sobre la ya reducida inversión que tenemos.

Ahora dejemos de lado la parte técnica y sus efectos de mediano y largo plazo e imaginemos que vamos a quedarnos con el 100% del patrimonio de los 10.000 hogares más ricos del país, algo así como el 1% del total de hogares, esos que acumulan una parte significativa de la riqueza total.

Según la investigación este 1% concentra el 25% de la riqueza total, unos US$ 22.500 millones, según el mismo estudio. Supongamos ahora que toda la riqueza estuviera líquida, es decir, en dinero que se puede utilizar y decidimos pagar con ese dinero el presupuesto nacional. ¿Para cuánto alcanza? Lamento decir que para casi nada.

En efecto, con un gasto público total del orden de 37,538% del PIB, donde unas tres cuartas partes son salarios, pasividades y transferencias, apenas si alcanza para cubrir el presupuesto de un año.

Si se decide duplicar todas las partidas, excepto el pago de intereses, al cabo de poco más de un año la fiesta de duplicar los salarios, pasividades, la asistencia del Mides, las asignaciones familiares, el seguro de enfermedad, etc, habrá acabado y estará claro que en Uruguay nadie invertirá un centésimo por al menos una generación. Si se decidiera pagar deuda, amortizaríamos 2/3 de ella y nos ahorraríamos 2 puntos del PIB, con lo que podríamos reducir a la mitad el IRPF e IASS, y los efectos devastadores serían los mismos.

Pero las cosas son peores aún, porque la mayoría de la riqueza está en inmuebles o capital en empresas, no es dinero disponible, y si se saliera a vender las propiedades sus precios caerían, en tanto a las empresas se las podemos pasar al sindicato o convertirlas en propiedad estatal, prenderle varios candelabros completos al socialismo y terminar como ya sabemos el final del llamado "socialismo real" y de todos los emprendimientos que pertenecen netamente a la órbita privada que nuestro sector público tomó o el Fondes financió. Entonces tomaríamos toda la riqueza financiera y, con suerte financiaríamos 4 meses de presupuesto para después esperar el diluvio.

La única manera genuina de largo plazo de disminuir la concentración del ingreso y la riqueza es que el capital abunde, porque reduce su remuneración relativa y para ello se debe hacer exactamente lo contrario a seguir aumentando los impuestos.