En los 12 meses a septiembre, la inflación se ubicará en Argentina en torno al 135%. Como la que tuvo nuestro país en los 12 meses a enero de 1991 (134%). En Uruguay, al terminar ese período de gobierno, en febrero de 1995, ya había caído al 44% y, cinco años más tarde, al concluir el siguiente, se ubicaba en un dígito, en 4%. Uruguay lo hizo. ¿Cómo lo hizo?

En el quinquenio anterior, el primero de la Democracia, la inflación había promediado el 74%, llegando a un mínimo de 54% (marzo de 1988), desde donde subió hasta el 92% en el último mes, febrero de 1990. En el primer año del nuevo período de gobierno, siguió trepando hasta alcanzar el 134% referido en enero de 1991. La inflación crónica en Uruguay estaba transitando su cuarta década.

La aceleración de la inflación tras el cambio de gobierno, a lo largo de 1990, se dio en el contexto de una considerable “inflación importada” cercana al 50% (por la incidencia de nuestros dos vecinos) y de un no menos impactante aumento del precio del petróleo en el marco de la Guerra del Golfo que llevó a subir los precios de los combustibles 152% en términos nominales y 28% en dólares.

Mientras tanto, el gobierno preparaba las bases para un plan de estabilización que comenzaría en los últimos meses de 1990. Para ello se realizó un ajuste fiscal del orden de ocho puntos del PIB (la piedra angular del plan) y se instauró una banda de flotación cambiaria como ancla nominal del sistema de precios. El plan de estabilización, para ser exitoso, requería consistencia entre las políticas económicas y, como se verá, así se procedió con las políticas fiscal, monetaria cambiaria y salarial (y de precios relativos en general).

Ajuste fiscal

El déficit fiscal total había alcanzado a 6,2% del PIB en 1989 y, sobre el final de ese año, la población había aprobado abrumadoramente una reforma constitucional por la que se indexaban las pasividades a los salarios, dando lugar a una superposición de aumentos por el régimen viejo y el nuevo, que daría lugar a un aumento del gasto previsional, con inflación constante, de dos puntos del PIB, según estimé para Ceres en aquel año.

Por lo que el ajuste fiscal necesario para ir al equilibrio fiscal total, con inflación constante, era de ocho puntos, y así se hizo: en 1991, año completo de vigencia del ajuste y con una inflación parecida a la de 1989, hubo equilibrio fiscal. Insisto en lo de la inflación constante porque por el régimen de indexación, el gasto en pasividades seguiría aumentando en la medida en que la inflación se desacelerara como efectivamente ocurrió.

Banda de flotación cambiaria

En materia monetaria cambiaria se eligió un régimen de la familia del tipo de cambio fijo, una banda de flotación con determinada amplitud y una tasa preanunciada de crecimiento mensual de sus extremos. Tasa que se fue reduciendo con el tiempo de modo de liderar la desaceleración de la inflación. Como lo habitual era que el tipo de cambio permaneciera en el piso de la banda y evolucionara con él, en los hechos no hubo flotación sino tipo de cambio fijo (crawling peg), con política cambiaria activa y monetaria pasiva.

Esa definición del ancla nominal dio lugar a que el plan de estabilización fuera gradual. Había quienes planteaban que fuera contundente, de shock, pero felizmente ese camino fue desechado porque no tenía sustento fiscal: la indexación constitucional de las pasividades habría dado lugar a un salto por una sola vez que hubiera afectado las finanzas públicas o que hubiera tenido que dar lugar a un nuevo ajuste impositivo. Al hacerse con gradualidad, ese costo se diluyó en el tiempo, financiado con el crecimiento de la economía.

Política de precios y salarios. Los salarios debían mantenerse bajo control porque la nueva regla constitucional de ajuste de las pasividades los tomaba en cuenta. Más allá de la fuerte caída inicial del salario real y de su recuperación posterior, al cabo del tercer año del período de gobierno, en ese quinquenio los salarios subieron muy poco, porque de lo contrario hubiera significado echar más leña a la hoguera del gasto previsional: en esos cinco años, los salarios reales privados cayeron 2%, los públicos subieron 8% y las pasividades reales aumentaron… 51%.

También se cuidó, como suele suceder en nuestro país, que los precios en los que el sector público tuviera participación se mantuvieran “realistas”, por ejemplo, sin atrasos en las tarifas públicas. Lo ocurrido con los combustibles en 1990, como fuera referido, es prueba bastante de ello.

Como se puede ver, las tres políticas económicas jugaron juntas en beneficio del plan de estabilización. Y el plan resultó exitoso: desde entonces se ha mantenido la inflación en un dígito en gobiernos de los tres partidos que han pasado por la Administración. Sólo hubo una pausa, transitoria, por el impacto (pass through) de la maxi devaluación de 2002 en los precios y muy breves y puntuales flirteos con el 10%. Hoy es política de país.

El presidente

Debo referir la que creo que fue la razón principal del éxito del plan: el liderazgo del presidente Lacalle Herrera. En este caso se dieron todas las condiciones requeridas de su parte. Plena conciencia del problema. Decisión total e inmediata de enfrentarlo. Liderazgo del equipo económico y apoyo a su gestión. Seguimiento permanente del avance del proceso. El verdadero líder de la política económica en general (siempre debe haber uno) y del plan de estabilización en particular, fue el presidente de la República.

Creo que más allá de las dificultades propias de nuestros vecinos y de su compleja trayectoria en materia de inflación, los aspectos reseñados en esta columna pueden constituir una hoja de ruta para el éxito.