Opinión

El problema de la seguridad en Uruguay es tan grave que no puede quedar librado a la suerte de que se pongan de acuerdo los líderes de los diferentes partidos políticos; sencillamente, porque no lo han hecho en los últimos años, a pesar de lo agudo de la situación.

Menos aún, cuando nos encontramos en las vísperas de un periodo electoral, donde el debate sustituye los acuerdos políticos y la toma decisiones.

Por eso, la prensa debe jugar un rol importante, informando objetivamente la situación real y analizando las diferentes soluciones. Este es el objetivo de esta columna y la próxima.

Los datos. Según declaraciones atribuidas al Comisionado Parlamentario en la edición de El País del 25 de mayo del 2018, "cada año 6.000 presos salen en libertad. Un 65% de ellos reincide. Si esa reincidencia fuera menor, hablaríamos de muchos miles de delitos menos". Hoy la población carcelaria ronda los 11.000 internos y en el 2005 había 6.200.

Pero hay otro dato igual o más relevante, y es que los tipos de delitos son cada vez más violentos lo que se refleja por la cantidad de rapiñas y homicidios.

En primer lugar, la pasta base, que ha generado un cambio enorme en la conducta de los adictos, primero porque afecta a los adolescentes, generando abandono del hogar y la educación, y al mismo tiempo, la adicción es tan intensa que las víctimas de esa droga son capaces de atacar a su propia madre, para conseguir el dinero para consumir. Es extremadamente complejo rehabilitar a un menor infractor adicto a la pasta base y la consecuencia de ello es la altísima reincidencia de estos menores.

En segundo lugar, el sistema carcelario. También dijo el Comisionado parlamentario que una de las principales causas de la reincidencia es que las cárceles no cumplen el rol de rehabilitación que deberían cumplir y de ahí la altísima tasa de reincidencia. El problema es que la mayoría de la sociedad no está dispuesta a que se incremente el gasto público en las cárceles.

A su vez, la mayoría de los políticos no están dispuestos a asumir el costo de decir claramente que para enfrentar a esta pandemia que aqueja al país, hay que invertir mayores fondos públicos en políticas carcelarias. Seguramente la gente no ha hecho la cuenta, pero los ciudadanos cada vez gastan más en medidas de seguridad privadas, que son meramente disuasivas, como las remesas, los guardias privados en comercios, departamentos y barrios cerrados, las alarmas y las rejas electrificadas, lo que solo sirve para que la casa o el comercio propio sea más seguro que el del vecino. La delincuencia no baja, simplemente se corre y el delincuente elige la víctima más vulnerable.

Pero ese remedio —al que pueden acceder unos pocos— está llegando a su fin, porque la violencia se ha incrementado de tal forma que las medidas disuasivas se están volviendo absolutamente ineficaces. Hoy nadie —salvo que tenga un guardaespaldas— está libre de sufrir una rapiña en cualquier lugar del país y peor aún, que lo maten aunque no se resista.

Otro aspecto que preocupa es la duración de las penas. La tercera causa tiene —a nuestro juicio— relación con la percepción de los delincuentes, de que los tiempos de reclusión no son lo suficientemente extensos como para pensarlo dos veces antes de cometer determinados delitos. Evidentemente, no tienen el efecto disuasorio que debe tener cualquier sistema punitivo. La tasa de reincidencia del 65 % demuestra que quienes recuperan la libertad, lo hacen antes de estar rehabilitados, y por eso vuelven a perder la libertad varias veces a lo largo de su vida.

Un cuarto punto es que la policía está desbordada: entre 2009 y 2016 el presupuesto en seguridad pública se incrementó en 50 % en términos reales. Pero es claro que esta inversión no ha tenido el efecto esperado, de lo contrario, habrían bajado la cantidad de delitos. En cambio, no solo aumentaron, sino que mutaron a formas mucho más violentas.

A cuenta de las próximas columnas queremos dejar planteados algunos temas:

a) Como cualquier país que no está en guerra, tenemos un importante número de efectivos militares con capacidad ociosa. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de asignarles tareas de seguridad pública interior y crear una fuerza especializada como existe en tantos países, que colabore con la policía que claramente está desbordada? Acaso, ¿es más eficiente seguir incrementando el gasto público y contratar más policías novatos, para luego entrenarlos, cuando el Estado ya cuenta con esos recursos humanos?

b) Reformemos la Constitución para habilitar que el Poder Legislativo pueda sancionar una Ley que habilite los allanamientos nocturnos, exclusivamente con orden escrita del juez competente y cuando tenga fundadas sospechas de que se estén cometiendo determinados delitos. Debe quedar claro, que la reforma constitucional propone habilitar el allanamiento nocturno solamente para realizarlos cuando un juez considere que se están cometiendo o consumando delitos y no para realizar pesquisas, investigaciones y detenciones por delitos ya consumados.

c) Finalmente, habría que informarle a todos los padres, que tienen el derecho a exigirle al Estado, que sus hijos: "niños o adolescentes que cursen episodios agudos vinculados al consumo de drogas" sean internados por orden médica para ser tratados y curados como corresponde, conforme prevé el art. 121 del CNA.

De esta forma, se asociarían el Estado y la familia, para comenzar a atacar al narcotráfico donde más importa, que es disminuyendo el número de consumidores.