El Poder Ejecutivo (PE), por iniciativa del Presidente Vázquez, creó una comisión multisectorial para regular el consumo de alcohol. 

La comisión está integrada por el propio Presidente de la República, el Prosecretario de la Presidencia, el Ministro de Salud Pública, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, un representante de los partidos políticos con representación parlamentaria, el presidente de Cambadu, y el secretario general del sindicato de la bebida.

En cuanto a la integración de la comisión multisectorial, si bien es razonable que el gobierno escuche a todos los sectores involucrados, también es claro que ninguna de las partes que trabaja o lucra con el alcohol está en condiciones de darle al gobierno un consejo objetivo e imparcial sobre el tema.

En este sentido, es poco probable que el sindicato de trabajadores de la bebida (FOEB) proponga aumentar los impuestos o subir el precio de la cerveza, porque esto afectaría las fuentes de trabajo, como también es natural que Cambadu se encuentre a favor de la ampliación del horario de veda de venta alcohólica en las estaciones de servicio, kioscos y mini mercados.

Por ejemplo, Cambadu propuso al gobierno que las estaciones de servicio directamente no puedan vender alcohol, pero al mismo tiempo reivindica el derecho de los bares y restaurantes a mantener un servicio de delivery aun dentro del horario de la veda, porque considera que ello significa una extensión natural del servicio.

En definitiva, regular el consumo de alcohol es una típica actividad del Estado que debería llevarse a cabo por ley, por cuanto está en juego la libertad de los consumidores, la libertad de comercio y la salud de las personas en general.

En 1994 se sancionó la Ley 16.585 que estableció un límite de tolerancia de alcohol en sangre inferior a 0,8 g/l. Con posterioridad, en 2007 el art. 45 de la Ley 18.191 estableció que: "El Poder Ejecutivo reducirá en forma gradual y en un período no mayor de tres años, la concentración de alcohol en sangre permitida del 0,8 gramos (ocho decigramos) actual a 0,3 gramos (tres decigramos) de alcohol por litro de sangre o su equivalente en términos de espirometría".

Consecuentemente, primero se redujo el límite a 0,5 g/l y en 2009 se llevó al actual 0,3 g/l. A pesar de ello, se aplican en todo el país un promedio de 500 multas por día, lo que llevó al PE a tomar la decisión de eliminar el límite de tolerancia de alcohol en sangre y a remitir al Parlamento el citado proyecto de ley, buscando así modificar definitivamente la conducta de los conductores.

El proyecto de ley es acertado, en cuanto la tolerancia cero elimina cualquier tipo de especulación de los conductores en relación a cuánto alcohol se puede consumir cuando se maneja. A partir de ahora, la única interrogante es ¿cuánto tiempo demora el organismo en sintetizar el alcohol para que la espirometría arroje un resultado negativo? Esta medida legislativa va a tener un efecto importante, porque además de la pena pecuniaria y la suspensión de la libreta de conducir, la más mínima presencia de alcohol en sangre será suficiente para que las compañías de seguros no cubran un siniestro.

Todo ello implica un cúmulo de resultados negativos de magnitud suficiente como para modificar la conducta de las personas en cuanto al hábito de consumo de alcohol. Se trata de un caso en que la norma claramente beneficia al que soporta la prohibición y sus sanciones, sin que los conductores puedan invocar la lesión de ningún derecho, a diferencia de lo que puede suceder con las restantes medidas que se analizan. Existen otras restricciones al consumo de alcohol que afectan el derecho de algunos comerciantes y pueden generar responsabilidad del Estado.

El gobierno también modificaría el horario de venta de alcohol al público, prohibiendo la venta de alcohol entre las 22 y las 8 horas, salvo en restaurantes, pubs y locales bailables.

Con esta medida, los principales perjudicados son las estaciones de servicio, los kioscos y autoservicios, que tampoco podrán realizar envíos a domicilio —delivery— de bebidas alcohólicas en el horario de veda. Si bien esta prohibición puede servir para evitar que los jóvenes consuman en la calle o se concentren de noche en las puertas de las estaciones de servicio, lo cierto es que también impide en forma genérica que los uruguayos compren o encarguen bebidas alcohólicas después de las diez de la noche, aun cuando lo hagan para consumir en su domicilio. En tanto el resultado de esta prohibición redirige la demanda hacia los restaurantes y pubs, se han generado diferencias entre Cambadu y la Unión de Vendedores de Nafta.

Adviértase que las estaciones de servicio en estos últimos años se han enfocado en la venta de alimentos y bebidas y han realizado importantes inversiones en sus locales comerciales con ese fin. Se trata de una actividad comercial donde la extensión horaria es una de las ventajas comparativas con los supermercados. Si las limitaciones normativas a la venta de alcohol no se establecen con carácter general, perjudican a unos comerciantes y al mismo tiempo benefician a otros, lo que además, puede generar responsabilidad por parte del Estado.

Por otra parte, estas dificultades para adquirir alcohol en determinados lugares y horarios, son rápidamente eludidas por los consumidores, especialmente los más jóvenes. Es un problema cultural y por eso es difícil cambiar el hábito de consumo de las personas en general y más aún lograr que una persona joven pase una noche entera sin tomar alcohol. Además, la mayoría de los jóvenes no tiene la capacidad económica para consumir en bares y pubs. "Las previas" existen por una razón de costos, no porque sea más cómodo consumir en la calle. Si una cerveza en un bar o en la barra de un local bailable costara lo mismo que en una estación de servicio, nadie tomaría alcohol sentado en la vereda. Probablemente, los jóvenes empiecen a comprar bebida más temprano y deambularán por la calle con botellas en la mano y luego habrá que prohibir y controlar el consumo de alcohol en la vía pública. En definitiva, el problema del alcohol no se soluciona restringiendo los horarios y lugares de consumo y tampoco alcanza con subir los precios, porque siempre hay una bebida alcohólica sustitutiva, más barata y de peor calidad.

Recordemos que se trata de una adicción. En nuestro país —según cifras del MSP— hay 230 mil personas afectadas por el uso problemático del alcohol y de acuerdo con datos de la DGI hay 34.951 puntos de venta formales del bebidas alcohólicas. También debe evaluarse, como pueden afectar estas restricciones al consumo de alcohol, en el consumo de marihuana que queda totalmente por fuera de esta la regulación.

Los especialistas clasifican las medidas de prevención en primarias y secundarias.

Dentro de las medidas de prevención primaria, se encuentran aquellas que limitan la disponibilidad del alcohol. En esta categoría ingresan, la "limitación de la accesibilidad económica", que equivale al aumento del precio e incremento de impuestos y las "limitaciones a la accesibilidad física", como la restricción de los puntos de venta y sus horarios.

Las limitaciones a la publicidad también juegan un rol importante. Según una publicación española, se calcula que por cada 5% que se reduce la inversión económica en publicidad de alcohol, se reduce un 1% el consumo, por lo que se debe ser restrictivo. En efecto, en España la Ley General de Publicidad prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas superiores a 20º en TV y radio, pero no prohíbe totalmente la publicidad del alcohol.

La segunda categoría de medidas preventivas, son las destinadas a reducir la demanda de alcohol a través de programas de educación e información sanitaria y el marketing sanitario.

La prevención secundaria que se enfoca en el diagnóstico y tratamiento precoz del consumo problemático del alcohol, es un camino con más costos y de largo aliento, pero más efectivo y es ahí donde las instituciones de salud públicas y privadas tienen que jugar un rol preponderante. Las cifras que maneja el MSP en relación al consumo de alcohol en nuestro país son alarmantes e indican que se trata del factor de riesgo que más negativamente influye en la sobrevida y calidad de vida de los uruguayos. Y en el caso de las personas de 15 a 49 años, es el principal factor de riesgo sanitario.

Por consiguiente, conjugando las medidas preventivas existentes, se justifica aumentar los impuestos al alcohol, para financiar un buen programa sanitario de prevención secundaria y rehabilitación.

Gonzalo Ramírez