Además de no ser un tema novedoso, tampoco se soluciona fácilmente (de ahí que sea recurrente). De hecho, no conozco, en el mundo, soluciones redondas.
¿Por dónde viene esta preocupación recurrente?
Básicamente de tres fuentes: 1.- por las posibilidades de corrupción y todo lo que ello implica para una Democracia. 2.- aún sin llegar a ese límite, puede dar lugar al ejercicio indebido de influencias y, 3.- aún si no ocurriera ninguno de los dos riesgos anteriores, el dinero puede desequilibrar las posibilidades de ganar una elección, a cualquier nivel.
¿Por dónde han andado las soluciones? Por alguna o varias de las siguientes medidas:
1.- Exigir a los partidos que lleven contabilidad suficiente y sean transparentes en el manejo del dinero.
2.- Intentos de topear el monto individual de las donaciones.
3.- Establecer mecanismos de financiación estatal, generalmente parcial.
Estas son las más comunes, pero existen otras:
4.- Obligar a la identificación y el registro de la actividad de lobby. Esta práctica existe en los EEUU y en el Reino Unido. El razonamiento atrás de la medida tiene algo de los argumentos en favor de la legalización de la marihuana: si es una realidad que no se puede suprimir, más vale regularla. El tema es muy polémico.
5.- Obligar a los medios a ceder gratuitamente espacios a los partidos. Existe en otros países y se ha hablado de ello en el nuestro.
6.- Prohibir lisa y llanamente toda contribución privada. No conozco si se practica en algún lado, pero también se ha hablado de esto en el Uruguay.
Antes de avanzar en el desarrollo del tema, recordar que el grueso de los fondos usados en las campañas electorales, en definitiva, va a parar a los medios, no a los bolsillos de los políticos.
¿Cómo es la cosa en nuestro país?
El grueso de la financiación proviene del Estado, en base a votos obtenidos, con un mecanismo de adelantos voluntarios a través del BROU. A la vez, los partidos deben llevar contabilidad y estar abiertos a controles y fiscalizaciones, aunque ignoro que tan rigurosas sean.
Como ante toda eventualidad de legislar, hay que preguntarse si la realidad lo exige o, por lo menos, lo aconseja. Más concretamente, cómo luce el Uruguay en materia de los riesgos que anoté al comienzo:
¿Corrupción de origen económico o financiero? No digo que no ocurra y quizás peco de ingenuo, pero mi impresión es que no tenemos un problema de ese tipo.
¿Influencias inapropiadas? Iguales comentarios. Ha habido casos de decisiones gubernamentales claramente fruto de influencias, pero no originadas en contribuciones financieras. Los casos que al menos yo recuerdo, se explican más por afinidades personales o políticas (como los negocios con Venezuela, por ejemplo).
¿Ventajas electorales por poderío económico? No es un fenómeno común. En el Uruguay se puede pelear exitosamente una banca, gastando mucha plata, pero no se precisa ser rico para ser electo o para que un partido gane una elección. No se puede, por ejemplo, decir que el Frente Amplio ganó tres elecciones nacionales y como doce departamentales porque gastó más que los otros partidos (ni que perdió las que perdió porque los otros gastaron más que él).
Por otra parte, yendo más al terreno de los principios, no está mal que una sociedad financie una actividad que es esencial para el funcionamiento de la Democracia. Es más, probablemente ayudaría a elevar el nivel de la política si también se financiaran otros aspectos, como el de la capacitación de dirigentes y la realización de estudios e investigaciones por parte de los partidos.
Para finalizar esta parte, sobre las consideraciones necesarias a la hora de legislar, cabe advertir que es muy mala la costumbre de legislar por la patología .
Con todo eso in mente, analicemos el listado de soluciones:
1. Imponer requisitos de contabilidad y fiscalización: totalmente de acuerdo, cuidando de que sean, eficaces y equilibrados.
2. Topear los montos individuales: no me entusiasma mucho. Lo veo arbitrario y fácil de gambetear. De última, ¿cuál sería el número mágico más allá del cual se producirían efectos nocivos?
3. Financiación estatal: puede ser complicado y suele levantar críticas de la gente, pero creo que es de las mejores soluciones, tanto para minimizar las “tentaciones”, como para evitar grandes diferencias de capacidad económica entre candidatos o partidas.
4. Regular el Lobby: no lo veo para nuestra cultura.
5. Obligar a los medios a dar espacios gratis: no me parece justo, la política se presume es para toda la sociedad, ¿por qué deben financiarla sólo algunos? Tampoco sirve el mecanismo, como tiene Brasil, de ametrallar por televisión con espacios breves y todos corridos, en el que aparecen los candidatos como muñecos.
6. Prohibición total de financiación privada: no es ni filosóficamente admisible (viola el principio de libertad), ni creo que lleve a buen puerto. En definitiva, no hay Democracia sin política y ésta no debe quedar en manos de los ricos, que así sucedería si se prohíbe toda donación.
En suma, no está mal repensar el asunto y capaz que se pueden introducir mejoras. Pero también hay paño para estropearlo.
