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El gobierno subasta hoy siete aviones de Pluna a una base de US$ 136 millones. Se estima que apenas cuatro de los siete interesados que levantaron pliegos se presentarán al remate de las aeronaves.

En el tercer piso del Aeropuerto de Carrasco -a partir de la 12 horas- se realizará la subasta pública de siete aviones Bombardier de Pluna por una base de US$ 136 millones, deuda que el Estado debe asumir como garante de la compra de las aeronaves con el Scotia Bank.

Siete interesados pagaron US$ 5.000 al fideicomiso que administra los bienes de Pluna para tener derecho a inspeccionar los aviones, obtener información técnica y realizar preguntas acerca de los aviones y el negocio que implica la aerolínea. Pero de ese grupo, solo dos mostraron mayor interés y apenas una línea aérea (la empresa BQB, del empresario argentino Juan Carlos López Mena) inspeccionó las aeronaves.

A pocas horas de la subasta, el Ejecutivo expresaba su cautela ante los resultados. Fuentes del gobierno dijeron a El País que no todos los interesados se presentarían al remate y según cálculos oficiales no pasarían de cuatro las empresas que pujen.

Las fuentes explicaron que el número de inversores que se presenten se puede deducir del tipo de preguntas que hicieron. Entre los siete interesados estaban BQB, la aerolínea estatal venezolana Conviasa y Latam.

Desde el Ejecutivo se informó que la empresa Cutcsa no compró pliegos, pero no se descarta que pueda asistir a la subasta. En cambio, la aerolínea argentina Sol confirmó ayer que no participará del remate. "Ya le notificamos al Ministerio de Transporte que no nos vamos a presentar", comentó a El País el director de Planeamiento de Sol, Horacio Darré.

La decisión fue tomada en una reunión de directorio con los accionistas este lunes. "Se evaluó que las condiciones (del remate) nos resultaban negativas. No nos cerraban los números", comentó Darré. De todas formas, indicó que desde la aerolínea seguirán "atentamente" el resultado de la subasta.

La única condición para ofertar es entregar al Fideicomiso una garantía de mantenimiento de oferta a través de un aval bancario de US$ 13,6 millones.

Una vez se verifique el aval bancario se dará inicio a la subasta ante el rematador público Mario Stefanoli (presidente de la Asociación de Rematadores del Uruguay). Los interesados tomarán asiento y se comienzan a escuchar las ofertas al mejor postor.

En el caso de no presentarse ofertas, la subasta se declara desierta. Una hora más tarde comenzará una "subasta a la baja" por un mínimo de US$ 100 millones.

Si el remate culmina con éxito, el mejor postor deberá abonar la comisión al rematador (0,5% del precio de adquisición más impuestos). La transferencia de las aeronaves se realizará en un plazo de 30 días a partir de la subasta. Luego de esa fecha, los compradores de las aeronaves deberán gestionar los permisos exigidos por la autoridad aeronáutica internacional.

La empresa ganadora de la subasta que contrate al menos 250 exempleados de Pluna tendrá la posibilidad de negociar directamente con el Estado el paquete completo de rutas y frecuencias que estaban reservadas para Pluna. Las mismas implican 30 rutas a 22 ciudades de América del Sur, con un total de 320 frecuencias semanales. El puente aéreo Montevideo-Buenos Aires es la más rentable de todas las rutas.

PLAN B. En caso de que no se concrete ninguna oferta, la subasta se declara desierta. Ante esta eventualidad, el Poder Ejecutivo comenzó a diseñar un Plan B que abarca desde la creación de una nueva aerolínea de capitales público-privados, una empresa autogestionada por trabajadores o una compañía 100% estatal.

"La preocupación más grande que tenemos es qué va a pasar el día después de la subasta. Hay dos opciones: o es un éxito o fracasa. Si eso pasa, cuando algunos se agarren de los pelos nosotros ya salimos con una propuesta concreta", dijo a El País el vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo.

El excoordinador del Pit-Cnt mantuvo una serie de reuniones con la Organización de Funcionarios de Pluna. Dijo que "no hay un proyecto acabado", pero sí "una perspectiva" de los pasos a seguir.

El presidente del gremio de exfuncionarios de Pluna, César Iroldi, dijo a El País que "el Plan B que maneja el gobierno estaría en la línea de un mecanismo de autogestión que puede ser bien con un socio privado o con el propio Estado".

El secretario general del sindicato, Nicolás De los Santos, dijo que si fracasa la subasta, hoy en la tarde los funcionarios entregarán un proyecto de autogestión de la aerolínea. Para hacer viable la empresa se requiere de una inversión de US$ 30 millones, dicho monto debía invertir Leadgate (socio mayoritario de Pluna S.A.) para mantener activa la aerolínea. Como no lo hizo, el pasado 16 de junio dejó sus acciones.

Unas semanas más tarde, el gobierno decidió cerrar la compañía por la "insolvencia financiera" y ante la amenaza de juicios millonarios de extrabajadores de Varig.

Si hoy fracasa la subasta y no se encuentran inversores para reflotar Pluna, el Estado debe asumir un pasivo de US$ 379,8 millones.

Un grupo de damnificados de Pluna presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 18.931, por la que se dispuso la liquidación de la aerolínea.

El coordinador del grupo, Daniel Martínez, dijo a El País que si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de la ley "todas las subastas son nulas, porque es ilegal la forma en la cual se sacaron los aviones del concurso judicial".

Martínez señaló que el grupo que nuclea a 2.000 damnificados no tiene previsto realizar como tal ninguna movilización al remate. "Se está manejando por mail que algunos van a ir, pero el grupo no está aplicando como tal esa medida de lucha. Nos estamos moviendo por vía judicial", agregó.

Los damnificados solicitan que la jueza de Concursos investigue qué ocurrió con las tasas de embarque que pagaron los pasajeros al momento de adquirir sus boletos y cuyo monto nunca fue devuelto por Pluna. "Consideramos que puede existir una apropiación indebida", explicó Martínez.

De acuerdo a la ley de liquidación de Pluna S.A. el primer acreedor que cobrará su deuda es el Scotia Bank (al que se le deben US$ 136 millones por la compra de siete aviones Bombardier). En segundo lugar podrían cobrar sus créditos laborales los exfuncionarios de Pluna. Luego tienen prioridad los acreedores comerciales (quirografarios) dentro de esta lista se encuentra Ancap (US$ 28 millones) y el Aeropuerto de Carrasco.

Los últimos en recuperar su dinero serían los pasajeros (alrededor de 70.000), el Banco República (US$ 16 millones con garantía estatal) y los particulares que invirtieron en fideicomisos de la Bolsa de Valores.

Son los millones de dólares de base parala subasta de hoy por los aviones de Pluna.

Es la cantidad de trabajadores que deberá emplear la ganadora de la subasta.

Miércoles 12 de septiembre a las 12 horas en el tercer piso del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Siete Bombardier CRJ 900 NextGen, con capacidad para 90 pasajeros, 2.756 kilos de carga y una velocidad crucero de 827 km/h. Los aviones tienen 36,2 m de largo, 24,9 m de envergadura (de ala a ala), 7,5 m de altura y un diámetro del fuselaje de 2,7 m.

Los interesados que deseen, se hayan registrado o no en el fideicomiso para obtener información y visitar las aeronaves. Antes del inicio de la subasta, los interesados deben entregar al fideicomiso una garantía de mantenimiento de su oferta de US$ 13.688.516 (el 10% del precio base).

Comienza con una base de US$ 136.885.156, el equivalente a la deuda que Pluna S.A. mantenía con The Bank of Nova Scotia por la compra de los aviones.

El ganador tiene la posibilidad de llevarse las aeronaves o de establecer una empresa nacional de aviación y negociar las frecuencias de la ex-Pluna.

Una hora después de declarada desierta la subasta al alza, se realizará la subasta a la baja. Se comenzará a pujar desde la base de US$ 136 millones, a razón de US$ 100.000 en orden decreciente, hasta un piso de US$ 100 millones. El primer interesado que oferte será el ganador.

En este caso, no puede llevarse los aviones, debe montar una empresa nacional y contratar 250 exempleados de Pluna.

Si adquiere las frecuencias, la empresa puede pedir al Estado uruguayo una garantía por la compra de los aviones de hasta el 75% del precio de las aeronaves.

Con lo recaudado de la subasta, el Estado debe cubrir las deudas de Pluna, que según declaró la empresa a la justicia concursal ascienden a US$ 379,8 millones.

El Parlamento se debe reunir nuevamente para evaluar qué hacer al respecto.

Desde el Poder Ejecutivo piensan establecer una política de "cielos abiertos", es decir, no reservar las frecuencias de vuelo que tenía Pluna para ninguna aerolínea.