El mito de los impuestos. A menudo los uruguayos creen que evadir impuestos no conlleva consecuencias graves. En realidad, BPS y DGI son huesos duros de roer y sus penalizaciones son implacables. En las intendencias, en tanto, sigue habiendo ciertas contemplaciones para los incumplidores.

Todo fue a raíz de una conversación en su trabajo. Era 2008, muchos se quejaban de lo costosas que estaban las patentes y uno de sus colegas le despertó la idea: "¡No voy a pagar más la patente!". Para ese entonces, Jorge, un montevideano de 52 años, tenía un Hyundai Accent del año 2001. Hoy conserva tanto el vehículo como la deuda, que crece año a año.

Tiempo después de convertirse en un evasor, decidió consultar cuánto debía. Para ese momento eran US$ 5.000, así que optó por seguir ignorándolo. El valor de su auto ronda hoy los US$ 7.000 (con generosidad, asegura) y según sus estimaciones, la deuda debe alcanzar el precio de mercado del vehículo. Sin embargo, el plan de refinanciación para quienes deben patentes acordado por el Congreso de Intendentes (ver recuadro en la página siguiente) le podría dar una oportunidad para ponerse al día de acá a seis años y por la mitad del valor del coche. A pesar de eso, Jorge prefiere seguir esperando una quita o amnistía. "Siempre hay una oferta mejor", dice.

El mito popular dice que están los que no pagan impuestos y luego aprovechan descuentos y perdones de las administraciones, y están los "nabos de siempre" —expresión acuñada por el periodista Tomás Linn— apodados duramente por ser quienes cumplen año a año. Varios especialistas consultados por El País echaron por tierra esta teoría y aseguraron que, aunque indigne a muchos, no se cumple en la mayoría de los casos.

A nivel nacional, "los regímenes de facilidad de pago son bastante estrictos; no es que perdonan deudas" explicó Jorge Bentancur, Director del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de la consultora KPMG. Sí se puede aplicar un régimen de multas y recargos más benevolente para acercar a los deudores a la regularidad, pero no perdonar sus deudas. "Flexibilizan las sanciones o cobran intereses menos gravosos", apuntó.

"A partir de la reforma de la administración tributaria en 2006, el premio por la morosidad pasó a reducirse mucho", dijo Félix Abadi, socio del estudio Rueda, Abadi y Pereira y catedrático de Impuestos en la Universidad ORT. Abadi distinguió entre lo que ocurre en la Dirección General de Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y las intendencias.

En lo que respecta a DGI, explicó, en los últimos años pasó a ser menos claro el beneficio tras el incumplimiento. Esto se debe a que las sanciones son altas, las probabilidades de detección por parte del fisco también, y la deuda puede tener consecuencias fuera del ámbito fiscal, especialmente para las empresas. "Esa sensación de falta de conveniencia en el incumplimiento se ve reforzada porque no está aquello de que no pago y después veo y negocio", consideró. Reconoció que existen refinanciaciones amparadas en el código tributario, pero destacó que no son quitas. "Ya no existen esas amnistías con perdona tutti".

Abadi opinó que en el pasado se solía hacer un uso "abusivo" de la posibilidad de acuerdos con la administración tributaria, que podían terminar siendo una suerte de quitas indirectas. Según el experto, eran acuerdos previstos por ley, pero implicaban una conducta más permisiva con los deudores. La reforma en el código tributario que se aprobó en 2006 empujó a la administración a ser más eficiente y eso rebajó el nivel de tolerancia del fisco con la evasión. Si bien se sigue aplicando este régimen, argumentó, ya no se hace de forma tan distorsionada, como ocurría en el pasado. "Mi opinión es que el régimen actual va en camino a desmotivar el incumplimiento", sostuvo.

En BPS, por otra parte, ha habido refinanciaciones en años anteriores. En 2014, por ejemplo, miles de pequeñas y medianas empresas pudieron obtener facilidades de pago por diferentes tributos adeudados entre 2006 y 2013. Pero esto tampoco significa que las consecuencias ante el incumplimiento no sean graves. Los empleadores que incumplen se exponen a denuncias de los empleados, por mencionar una de ellas.

En muchos casos, como ocurre con el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las contribuciones a la seguridad social, las multas por mora pueden ser de 5%, 10% y hasta 20% según los días que hayan transcurrido desde el vencimiento. El problema con dejar pasar esta deuda, explican los expertos, es que el recargo que se aplica por mes capitaliza cada cuatro meses. Esto quiere decir que luego de pasado el período, el recargo —un porcentaje determinado por el Banco Central— se suma al capital adeudado y computa para generar un recargo mayor. En palabras de Guillermo Sena, abogado del sector tributario de la empresa Posadas, Posadas y Vecino, se convierte en una "bola de nieve" que crece a medida que pasa el tiempo. Para las empresas, además, la informalidad puede espantar a posibles inversores o compradores.

A su vez, el incremento en las fiscalizaciones y la profesionalización de las administraciones también colaboraron para que desapareciera esa sensación de que se podía sacar un buen negocio de la informalidad. De acuerdo con los expertos, Uruguay tiene una de las tasas de evasión más bajas de la región.

Del otro lado de la balanza están los cumplidores. En algunos casos, los buenos pagadores pueden recurrir a su historial para evitar multas por atrasos puntuales. Para IRPF, IVA y contribuciones a la seguridad social (BPS), el código tributario establece que las sanciones por mora en un mes se pueden perdonar si el contribuyente pagó sus tributos en fecha en el año previo al vencimiento y si paga dentro de ese mes. En BPS, por otra parte, hay un descuento del 10% sobre las obligaciones jubilatorias patronales para buenos pagadores que se aplica en enero.

En lo que respecta a la patente de rodados, los buenos pagadores pueden tener un 20% de bonificación si pagan todo el año por adelantado y en contado un 10% sobre la cuota por el pago en fecha.

"A mí no me gusta estar en esa situación, pero en ese momento no me parecía justo", relató Álvaro, que tiene su casa en la Ciudad de la Costa. Años atrás se encontró con la sorpresa de que la contribución inmobiliaria por su vivienda había pasado de $ 21.000 a $ 48.000. Sin previo aviso, el impuesto subió y la única explicación que recibió fue que, con fotografías aéreas, la intendencia de Canelones había reaforado el valor de su vivienda. En un acto de rebeldía tributaria que consideró válido, dejó de pagarla.

Es que si en algo concuerdan los especialistas es en que los beneficios, las multas y los perdones de deudas dependen de cada administración departamental y sí: las amnistías son más habituales que en organismos a nivel nacional.

La Intendencia de Montevideo, por ejemplo, dio beneficios a deudores en 2013. En algunos casos topeó las deudas y en otras exoneró de multas y recargos. En Artigas, hasta el 31 de diciembre de 2015 funcionó el plan Pago Fácil, que eliminó multas y recargos a quienes pagaron su deuda por la contribución inmobiliaria r al contado. En Maldonado, la Junta Departamental también facilitó pagos de tributos atrasados en diciembre de 2015.

Salvo cuando hay una situación de crisis o de rebeldía fiscal generalizada, cuando una institución "tiene que llegar a amnistía es que falló su formulación inicial", analizó Abadi. "Desde el punto de vista de la administración, reiterar las amnistías es generar una incertidumbre en el buen pagador y provocar, a nivel de la plaza, una inestabilidad al respecto de quién es el que está obligado o no a pagar", dijo a El País el consejero del Congreso Nacional de Intendentes, César García.

A pesar de esto, las amnistías y quitas siguen siendo un recurso que las intendencias utilizan, aunque los expertos también detectaron una disminución en su frecuencia. En algunos casos se hace en conjunto con planes de beneficios para buenos pagadores. El intendente de Cerro Largo y presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, explicó que recientemente se realizaron importantes quitas y amnistías a deudores en el departamento y que en contrapartida se benefició a buenos pagadores con una bonificación de un año gratis en la contribución urbana y suburbana. Botana también destacó que la práctica de descontar un 10% en diferentes tributos a buenos pagadores es habitual en muchos municipios.

"Estuvimos como cuatro años sin pagar", recordó Álvaro. Hasta que un día, al consultar con la intendencia, el valor de su propiedad había vuelto a ser el anterior sin dejar rastro del aumento que había motivado su evasión. Incluso le dijeron que debía haberse confundido. Luego de que se le ofreciera un plan de pago en cuotas y sin intereses ni recargos, Álvaro aceptó ponerse al día, pero concluyó: "Capaz que los nabos de siempre fueron los que continuaron pagando con los aumentos".

Expertos descartan idea del incumplidor que se beneficia por quitas y amnistíasMARIANA CASTIÑEIRAS