La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores analizó el proyecto de presupuesto de la Presidencia de la República. Uno de los aspectos que despertó las críticas de los legisladores de la oposición fue el proyecto de crear tres nuevas Secretarias que actuarán dentro del ámbito de la Presidencia: de Medio Ambiente y Cambio Climático; Ciencia y Tecnología, y Deportes.

Esos tres órganos se suman a los que ya existen directamente dependientes de Presidencia: Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (Agesic), creada en el 2005, la Secretaría Antilavado (2007), la Unidad Nacional de Seguridad Vial (2007), la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), establecida en el 2002, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), en el 2001.

La política de crear este tipo de entidades dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no es nueva. Es justo reconocerlo, la creación de algunas de ella tuvo el respaldo de diferentes partidos políticos.

La interrogante es si es útil, y sabio, continuar con esa tendencia a la concentración de competencias y de poder sin control parlamentario, en Presidencia. A lo que debe sumarse la circunstancia de que la mayoría de brazo enyesado de la coalición de gobierno en el Parlamento le permite crear estos órganos sin que necesite crear un consenso político más amplio sobre el tema.

En la reunión de la Comisión del Senado, el prosecretario de la Presidencia, opinó que la creación de las tres secretarías no supondría crear más cargos, que no habrá duplicación de tareas y, dijo, se "apunta a jerarquizar los temas de que se ocuparán".

Son argumentos que no tienen mucho peso.

Aunque se alega que no se crearán más cargos, en la última década el personal que se desempeña en Presidencia pasó de 1.263 a 2.036 funcionarios. No se puede sostener que sacar un tema de la órbita de un Secretario de Estado, con su jerarquía institucional y política y su acceso directo al Parlamento, para entregárselo a un funcionario de Presidencia, signifique "jerarquizar" el asunto. La experiencia demuestra que es inevitable que se produzcan duplicaciones de tareas y conflictos de competencias. Incluso se puede terminar creando un gobierno paralelo. También se observó que los ministerios pueden establecer mecanismos de coordinación horizontales para mejorar su gestión, lo que hace innecesario crear nuevos órganos.

Pero, el verdadero problema es mucho más importante.

La Constitución de 1966 estableció un sistema de gobierno complejo. Por una parte, fortaleció la posición del Presidente y el Poder Ejecutivo, por la otra, introdujo elementos propios de un sistema parlamentario. Los Secretarios de Estado tienen un papel fundamental en este sistema.

La Constitución establece que "El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros". El Presidente de la República "adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo".

Un elemento central del sistema constitucional de pesos y contrapesos en las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es el control que el primero ejerce sobre el segundo a través de los Secretarios de Estado. Así la Constitución estipula que "Todo Legislador puede pedir a los Ministros de Estado … los datos e informes que considere necesarios". El Poder Legislativo podrá juzgar políticamente la conducta de los Ministros de Estado; y "Cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de los Ministros de Estado"; la desaprobación podrá "ser individual, plural o colectiva".

Restar competencias a los distintos Ministerios para trasladarlas al ámbito de este creciente enjambre de unidades que giran en torno de Presidencia supone excluir del escrutinio de los legisladores y, por lo tanto, de los ciudadanos, a sectores cada vez más amplios de la administración y política del Estado.

De esta manera se expanden las áreas opacas (las cuales ya son bastante amplias, basta pensar en las innumerables empresas de derecho privado creadas por los entes estatales que funcionan en esa nebulosa) y se disminuye la transparencia en la Administración, se modifica el equilibrio de poderes previsto en la Constitución, y se debilita, aunque esa no sea la intención, el sistema republicano. El Parlamento pierde el control de lo que allí suceda, y eso no es bueno.

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