Pasaron los días y no hubo respuesta ni aclaración de parte del secretario de DD.HH. de Presidencia. Naturalmente no cuenta con prueba alguna de sus dichos, y sus declaraciones fueron por tanto absolutamente irresponsables.

Si hay un tema que el Frente Amplio en el poder ha bastardeado políticamente es el de la defensa de los derechos humanos (DD.HH.). La semana pasada hubo otro ejemplo más en este sentido, esta vez de parte del secretario de DD.HH. de la Presidencia de la República.

Todo ocurrió a raíz del sonado caso de la agresión a un peón en Salto y de las denuncias que distintos actores de izquierda realizaron acerca de lo que, según ellos, era una situación de explotación inadmisible en nuestro progresista Uruguay. El asunto tomó incluso un cariz histérico en las redes sociales. Allí los aplicados izquierdistas educados en el manual del pequeño marxista sufriente por la explotación social, aunaron sus esfuerzos con los férreos defensores de la clase obrera, para prender fuego en la hoguera de sus prejuicios a estancieros, oposición política y clases sociales criollas acomodadas. Con las certezas que brinda el confort del montevideano, escritorio y computadora conectada a internet, todos ellos dieron a entender que el Interior profundo es lo más parecido que hay a la Edad Media.

Al coro de voces críticas se unió la del secretario de DD.HH. de Presidencia que se sintió naturalmente interpelado por la dramática situación ocurrida en la lejana gleba “tardomoderna” uruguaya. Declaró entonces, para dar cuenta de su herida sensibilidad, que “el Uruguay profundo tiene sistemas serviles, casi feudales que emergen esporádicamente. Si bien no podemos decir que es un fenómeno estructural, muchas veces sí sucede”. Y agregó, clarividente, que “muchas situaciones de este tipo existen pero no las vemos”.

La Federación Rural del Uruguay (FRU) emitió rápidamente un comunicado en el que señaló su sorpresa y su rechazo a esas audaces declaraciones. En carta abierta al presidente Vázquez, solicitó con buen criterio que si existen elementos de juicio que permitan sostener lo que declaró el secretario de DD.HH. de Presidencia, es muy importante que sean conocidos por toda la opinión pública. Porque en definitiva, se trata de desarrollar la actividad en el campo “respetando toda la legislación laboral, procurando que la convivencia permanente sea amigable, que nadie se sienta intimidado”. Y agregó la FRU: “Repudiamos cualquier actitud de violencia -venga de donde venga- sin importar qué lugar ocupan los actores de estas acciones”.

Pasaron los días y no hubo respuesta ni aclaración de parte del secretario de DD.HH. de Presidencia. Naturalmente, no cuenta con prueba alguna de sus dichos, y sus declaraciones fueron por tanto absolutamente irresponsables. Es que además, si las tuviera, no debería de haber esperado este caso de Salto para denunciar en la Justicia los “sistemas serviles” que menciona. Así las cosas, el secretario de DD.HH. muestra una vez más, con sus declaraciones chapuceras y sus silencios cómplices, que en verdad poco le importan los DD.HH.

En efecto, hay otro caso reciente que ilustra su silencio encubridor. Cuando hace algunos meses el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario denunció en la Justicia la violación a los DD.HH. que estaban sufriendo varios presos que vivían desnutridos, la Secretaría de DD.HH. de Presidencia no salió públicamente a apoyar su gestión. Es más: cuando a raíz de esa denuncia del comisionado, el Ministerio del Interior apeló la decisión de la Justicia y argumentó que los presos podrían haber “contraído el diafragma” para exagerar la malnutrición denunciada, la Secretaría de DD.HH. de Presidencia tampoco salió públicamente a contradecir semejante disparate.

Se acusa sin pruebas de que existen sistemas “casi feudales” para quedar bien con la barra izquierdista militante, pero se hace un silencio infame cuando se debieran denunciar los casos de violaciones a los DD.HH. que comprometen al gobierno frenteamplista. Además, todo lleva un costo salarial nada desdeñable: el cargo de secretario de DD.HH. de Presidencia percibe un salario de unos $ 95.000 al mes, lo que lo sitúa dentro de las franjas de remuneraciones más altas del país.

En definitiva, el episodio fue bien propio de un tipo de personaje que prolifera en este Estado clientelista: se trata del amigo frenteamplista bien acomodado que cobra un suculento salario a cambio de ser funcional a los intereses oficialistas. Para el Frente Amplio, no importa nada si en el camino no se cumple con las tareas requeridas: en este caso, en vez de preocuparse por el respeto de los DD.HH. en las políticas públicas, se cacarea o se hacen ominosos silencios, según lo que la izquierda más precise.