Ignacio Munyo
Ignacio Munyo

Más allá de fuegos artificiales

Volvieron los fuegos artificiales sobre el dilema de la delincuencia juvenil. Luego de la campaña del plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, hubo nueve meses de silencio y ahora el tema está de nuevo en los titulares ¿Qué quedó detrás del estruendo de octubre? ¿Qué quedará cuándo se bajen los decibeles actuales? Porque más allá de colibríes, videos, procesos judiciales con o sin prisión y potenciales bajas en la guardia republicana, todos los días hay cerca de mil adolescentes privados de libertad y muchísimos más por las calles, a los que hoy no parece que le estemos ofreciendo luz al final del túnel.

Volvieron los fuegos artificiales sobre el dilema de la delincuencia juvenil. Luego de la campaña del plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, hubo nueve meses de silencio y ahora el tema está de nuevo en los titulares ¿Qué quedó detrás del estruendo de octubre? ¿Qué quedará cuándo se bajen los decibeles actuales? Porque más allá de colibríes, videos, procesos judiciales con o sin prisión y potenciales bajas en la guardia republicana, todos los días hay cerca de mil adolescentes privados de libertad y muchísimos más por las calles, a los que hoy no parece que le estemos ofreciendo luz al final del túnel.

Lo cierto es que en la materia hay cosas que están funcionando, otras que se sabe que funcionan y se podrían implementar, y otras que no se sabe cómo solucionar. Veamos a continuación cada punto.
Empecemos por ver lo que funciona. La Ley 19.055 en vigencia desde 2013 -que estableció una sentencia mínima de un año para aquellos menores que cometen delitos graves como rapiñas, violaciones, secuestros u homicidios- está teniendo un impacto positivo sobre la reincidencia de los menores liberados. Así lo indican los resultados preliminares de un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el profesor Néstor Gandelman. Un resultado que no era nada obvio de antemano. Existe un debate de larga data y aún abierto sobre la efectividad de aumentar las penas a los adolescentes. Si bien hay argumentos que sugieren que la privación de libertad tiene efectos disuasivos, hay otros que indican que un mayor tiempo de detención genera incentivos para la reincidencia, fundamentalmente a través de la “escuela del crimen”.

En una investigación iniciada hace más de 5 años y que fue publicada este año en EEUU por la revista científica Review of Economic Dynamics, desarrollamos un modelo para analizar las causas de por qué un número creciente de adolescentes participa a diario en actividades delictivas. Presentamos evidencia de que este fenómeno no es la consecuencia inevitable de una generación de jóvenes que difieren intrínsecamente de sus predecesores sino que puede ser explicado como la respuesta racional a un cambio de incentivos.

En efecto, en los últimos 15 años en Uruguay se produjo una significativa disminución en la rentabilidad de las actividades legales en relación a las delictivas. Tuvimos un combo perverso dado por una reducción del retorno del trabajo legal relativo al potencial botín del delito acompañado de la aprobación en 2004 de un Código de la Niñez y de la Adolescencia extremadamente benevolente con los adolescentes en conflicto con la ley. Modificaciones legales aprobadas entre 2011 y 2013 han aumentado el costo de las actividades delictivas, y como vimos, con resultados positivos. Sin embargo, por el lado de mejoras en el retorno a las actividades legales para los adolescentes en contextos socioeconómicos complejos, no se vislumbra nada promisorio.

En esa línea, la evidencia internacional indica que hay cosas que se sabe que andan. Durante el último mes estuve en Montreal. Se presentaron varias investigaciones interesantes, pero hubo una que me llamó especialmente la atención dada su relevancia para nuestro país.

Resulta que el gobierno de Nueva York desde 2005 financia un programa de trabajo de verano para adolescentes de contexto crítico en donde la delincuencia juvenil tiene una incidencia preocupante. Dada la elevada intención de participar en el programa fue necesario sortear el ingreso entre los interesados. Esto permitió definir un “grupo de control” que son aquellos adolescentes que no pudieron entrar y que tienen características similares a los que ingresaron al programa. El estudio demostró que el trabajo de verano redujo sustancialmente la delincuencia juvenil con respecto al “grupo de control”.

Indagando más sobre el tema encontré que resultados similares se observaron en Chicago. Una investigación demostró que el mismo programa tuvo un gran impacto en la reducción de la delincuencia juvenil: los 1.600 menores que aleatoriamente fueron asignados al programa redujeron en un 43% la propensión a cometer delitos. Este tipo de programas hoy ya están presenten en todas las grandes ciudades de EE. UU.

Estos resultados son relevantes porque demuestran que en un periodo muy corto de “tratamiento” y de muy bajo costo -dos meses de trabajo en el verano- se pueden obtener cambios sustanciales en el comportamiento de los adolescentes y literalmente cambiarles la vida. Dada la realidad de nuestro país, este tipo de programas -cuyos resultados fueron comprobados científicamente- nos vienen como anillo al dedo.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar aquello que no se sabe cómo solucionar. La rehabilitación de menores infractores es un problema que hoy no tiene solución, ni acá ni en la mayor parte de los países del mundo.

Sin embargo, que sea un desvelo generalizado no quiere decir que no se puedan intentar caminos alternativos. Así saludamos propuestas como la del Padre Mateo Méndez que hace años viene insistiendo en que el Estado debería compartir la tarea de la rehabilitación con instituciones de la sociedad civil que tienen la experiencia del contacto con adolescentes y que tal vez les podrían ofrecer la posibilidad de un cambio de vida. 

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