VÍNCULOS DE LA POLICÍA CON LOS NARCOS

En Río de Janeiro dan el mayor golpe a la corrupción policial

Operaban con bandas narco desde un destacamento de la capital carioca.

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En el operativo "Calabar" fueron detenidas unas 200 personas, entre policias y narcos. Foto: AFP

El mayor golpe contra la corrupción policial de la historia de Río de Janeiro destapó ayer jueves una alianza entre agentes y narcotraficantes que movía cifras millonarias e incluía la venta de armas a la mayor organización criminal de la ciudad.

El operativo, en el que participan 600 policías civiles para detener a cerca de 200 personas —entre policías militares y narcos—, ha vuelto a poner sobre la mesa el grave problema de la corrupción de las fuerzas de seguridad en uno de los estados brasileños más castigados por la violencia, con una media de 15 tiroteos diarios.

La investigación se inició en 2016, tras la detención de un traficante que delató el esquema y que ahora está en un programa de protección a testigos.

La operación tuvo el nombre de código de "Calabar", en referencia a Domingos Fernandes Calabar, identificado en Brasil como el mayor traidor de la historia del país por haber apoyado en el siglo XVII la invasión holandesa en la región de Pernambuco.

La operación ha desarticulado la red que operaba en el batallón 7 del distrito de São Gonçalo, en el área metropolitana, y en la que participaban el cuerpo de elite del destacamento y decenas de policías militares que recibían sobornos de los narcotraficantes para facilitar la actuación de la mayor facción criminal de la ciudad.

En la trama están involucrados alrededor del 15% de los 700 agentes que integraron el batallón entre 2014 y 2016, así como efectivos de las UPPs (Unidades de Policía Pacificadora) de favelas como el gigantesco complejo de Alemão, una de las más conflictivas.

Según la investigación, los policías corruptos recibían al mes alrededor de un millón de reales (unos 330.000 dólares) a cambio de evitar operaciones en más de 40 favelas de la zona y proteger los transportes de droga.

Policías y narcotraficantes se comunicaban con teléfonos móviles "buchas" —utilizados para evitar los rastreos— y organizaban los pagos mediante "gerentes de sobornos".

Las entregas se realizaban semanalmente y en ocasiones el dinero se lanzaba durante la noche por las ventanas del destacamento policial, según consta en la investigación, que ha aportado también grabaciones de conversaciones telefónicas y videos en los que los policías llegan a amenazar a los narcos por el retraso en los pagos o les ofrecen armamento.

Los agentes serán acusados de delitos de corrupción y asociación ilícita, castigados con penas de entre 3 y 8 años.

Según el comisario Fábio Barucke, de la División de Homicidios de las regiones de Niteroi y São Gonçalo, los policías corruptos también vendían en las favelas armas decomisadas a otras bandas. "Hemos arrancado esas naranjas podridas", declaró Barucke.

No es la primera vez que el batallón 7 de São Gonçalo se ve envuelto en un delito grave. En 2011, agentes del destacamento fueron acusados de asesinar a tiros en la puerta de su casa a una jueza que conducía varios procesos contra policías militares envueltos en asesinatos de sospechosos. Un informe de 2013 situó a Río de Janeiro a la cabeza en corrupción de la policía militar en Brasil: el 7,2% de los entrevistados cariocas en una encuesta nacional de "victimización" denunciaba haber sufrido extorsiones de agentes de ese cuerpo.

Corte avala confesiones de JBS contra Michel Temer.

La Corte Suprema de Brasil ratificó ayer jueves el valor legal de las confesiones hechas por directivos del grupo JBS, que en un acuerdo de cooperación judicial han incriminado al presidente Michel Temer en asuntos de corrupción. Por esos testimonios Temer ha sido objeto de una denuncia presentada por la Fiscalía ante el propio Supremo por el supuesto delito de corrupción pasiva. Los ejecutivos de JBS acusaron a Temer de recibir coimas de ese grupo desde 2010. La denuncia formulada por la Fiscalía fue remitida ayer por el Supremo a la Cámara de Diputados, que debe avalar la apertura de un eventual juicio contra Temer.

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