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Estados Unidos evita calificar como una dictadura el gobierno de Maduro

La representante diplomática del gobierno de Trump en Uruguay afirmó que "preferimos decir que es un país donde la separación de poderes no se está dando".

Esta tarde la embajadora de Estados Unidos Uruguay, Kelly Keiderling, dijo que para Estados Unidos Venezuela no es una dictadura y explicó, "no lo hemos tildado de esa manera. Preferimos decir que es un país donde la separación de poderes no se está dando"

"Es un país donde las instituciones democráticas se están tambaleando o apenas pueden funcionar independientemente. Están bajo muchísima presión la democracia, lo que resta de la democracia venezolana", indicó. 

La embajadora estadounidense indicó además que "es una gran preocupación lo que está pasando en Venezuela. Poco a poco, tras muchos años, se ha venido socavando la democracia". 

"Lo que vimos la semana pasada fue que la Corte Suprema venezolana trató de apoderarse de los poderes de la Asamblea Nacional, del Legislativo, cosa que en una democracia no se puede", expresó en declaraciones a la prensa. 

Al respecto de la relación entre Estados Unidos y Uruguay sobre la situación venezolana, Keiderling expresó que "eso es cuestión de Uruguay, que fija sus políticas y evalúa cómo las va a llevar adelante, es tema de Uruguay, no nuestro", indicó la embajadora.

Durante esta semana y la pasada, Venezuela se ha visto envuelta en una dura polémica con la Organización de Estados Americanos (OEA), la que determinó que en el país hay "una grave alteración inconstitucional".

Al respecto, la canciller venezolana, Dalcy Rodríguez, dijo este miércoles que denunciará ante "instancias internacionales" la resolución de la OEA, que además exigió al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

El texto aprobado por la OEA indica que "a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático".

La decisión fue tomada luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela suspendiera los poderes de la Asamblea Nacional y se los arrogara como propios, hecho calificado como "incompatible con la práctica democrática", según la Organización.

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