En el Poder Ejecutivo hay malestar con los frenteamplistas que firmaron una carta donde se alertan sobre los efectos ambientales que tendrá la segunda planta de UPM asociados a la concreción de infraestructura ferroviaria y portuaria.

Fuentes políticas dijeron a El País que en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez no cayó bien la carta firmada por medio de la plataforma change.org firmada por 190 frenteamplistas, entre ellos la senadora Lucía Topolansky del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Se entendió como un cuestionamiento al gobierno, ya que se dejó en claro en varias oportunidades que no es viable, la salida de la producción por Puntas de Sayago. Esto, ya había reclamado el MPP en la Departamental de Montevideo.

La misiva sostiene que "la mejora de una infraestructura ferroviaria envejecida y obsoleta es la mejor alternativa para el desarrollo del sistema de transporte de cargas y pasajeros, siempre y cuando su trazado no contribuya a incrementar la fragmentación socio urbana del territorio afectado".

En ese marco, se plantea la necesidad de "proteger el patrimonio que configuran la Bahía de Montevideo y el paisaje portuario, así como el interés de preservar la conectividad interna de la ciudad y el acceso público al borde costero de la Bahía".

Si bien se plantean estos reparos de tipo ambiental, los firmantes aclaran que apoyan la eventual concreción de una nueva inversión de la empresa finlandesa. Dentro del gobierno también hay diferencias por el cobro del Impuesto al Patrimonio a la planta.

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