El MEC trabaja en generar un mecanismo de control para textos de estudio

Editorial sale a defender polémico libro de historia

La publicación de un nuevo libro de historia para los estudiantes de sexto de liceo despertó la polémica por sus definiciones de dictadura, neoliberalismo y por ciertas consideraciones sobre los gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional, que tomaron la posta con la llegada de la democracia.

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No hay un protocolo para los libros que se usan en Secundaria. Foto: AFP

Estos textos no tienen un control oficial en Uruguay. Todo queda librado a las sugerencias que hacen en sus programas los desconcentrados de la educación, pero sobre todo a la libertad de cátedra de los docentes. Ante esta realidad, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) discute un plan para ejercer una revisión de aquellos libros que se usan para formar al alumnado. En tanto, Santillana salió a defender el discutido texto.

Viendo los nombres de los autores de los nuevos libros hay quien puede preguntarse dónde quedaron los textos de José Pedro Barrán o los de Alfredo Traversoni. Lo cierto es que se siguen usando, siempre y cuando el profesor así lo quiera, sobre todo en la educación pública. El negocio de las editoriales está más en las instituciones privadas, donde se suelen volcar a recomendar los nuevos libros. Para estos colegios la vida útil de un texto no suele ser de más de cuatro años, luego la editorial saca uno nuevo y las instituciones lo recomiendan.

"En líneas generales cada proyecto, ya sea de nivel inicial, primaria o secundaria, primero tiene un pienso, una base teórica. Después se eligen a los autores, al equipo de trabajo y a los asesores. Es un trabajo que lleva mucho tiempo", explicó a El País el gerente general de Santillana, la editorial que publicó el polémico libro, Fernando Rama. Este, titulado Historia económica y social del Uruguay (1870-2000), sin embargo, se gestó de manera distinta. Se trata de un "libro de autor", o sea que los escritores fueron quienes lo propusieron a la editorial.

Polémica.

El libro de Santillana, del que hay muy pocas copias impresas, se volvió polémico luego de que el semanario Búsqueda publicara extractos de este. El artículo señalaba que el texto define al neoliberalismo como una "escuela de pensamiento económico", para el cual "la justicia, la libertad y la igualdad no son prioridades".

El libro también dice que los neoliberales "son capaces de aceptar regímenes autoritarios y la suspensión de los derechos individuales" y que "junto con el pensamiento neoliberal suelen aparecer planteos de rechazo al feminismo, persecuciones a la homosexualidad, reivindicación de la enseñanza religiosa, arremetidas contra los sindicatos de trabajadores u otro tipo de organización popular, oposición a los gastos sociales y prioridad de los gastos en defensa".

Uno de los autores del libro, Pablo Langone, habló con El País y sostuvo que la polémica no es más que "una construcción de la prensa", que "nunca se identifican como neoliberales" a los gobiernos blancos y colorados, y que "se mezclaron conceptos que están a una distancia de entre 100 y 150 páginas dentro del libro".

"Hay una consideración sobre el neoliberalismo. Pero más allá de eso nosotros tenemos citada la opinión de la academia, con personas, por ejemplo, como el doctor Pablo da Silveira (que pertenece al Partido Nacional), que dice lo que es para él el neoliberalismo, considerando la distancia que hay entre liberales y neoliberales", explicó Langone, de 40 años y recibido como profesor de historia en el IPA hace más de 15. Y añadió: "De ninguna manera el texto define como neoliberales los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle".

"Editar un libro es algo riesgoso —señaló por su parte Rama, el gerente general de Santillana—. Es un trabajo que lleva mucho tiempo y se hace una fuerte inversión para contar con personas que son muy valiosas. Hace 20 años que nosotros estamos en esto y jamás le dimos la derecha a nadie, más allá de errores que se puedan llegar a cometer, somos tremendamente rigurosos".

El libro seguirá el recorrido planeado. Se presentará a la inspección a la espera de que esta lo incluya dentro de la bibliografía sugerida. El plan de Santillana era contar con el aval para que el año próximo ya lo comenzaran a utilizar los alumnos de sexto de liceo.

En tanto, tras las críticas de los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, que en declaraciones a El País denunciaron la intención por parte del Frente Amplio de "reescribir la historia", fuentes del MEC señalaron a El País que hay un vacío legal en lo que respecta al contralor que debe regir sobre los textos de estudio, "cosa que se realiza en la mayoría de los países del mundo".

Hacer un texto de estudios en Uruguay es una apuesta para las editoriales. Trabajan a ciegas, con criterios propios, teniendo en cuenta lineamientos generales que brindan los programas de la educación, pero sin muchas más pistas. Una vez que está listo el libro este es enviado a la inspección del desconcentrado que puede recomendarlo o no para el curso. En caso de que lo recomiende, la dirección del Consejo también debe dar su aval. Pero más allá de todo esto, aunque un libro no esté dentro del programa, los docentes, haciendo uso de su libertad de cátedra, pueden recomendárselo a sus alumnos.

Más allá de este suceso puntual, desde el MEC señalan que generar mecanismos de control van a permitir no dejar librado al azar el cuidado para que no se generen estigmatizaciones: "Que si hay una foto de un afrodescendiente, que no sea siempre para mostrar un esclavo; que si se muestra una familia, se muestren modelos distintos, no solo de papá y mamá".

Llaman a Puente a Comisión.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi, llamó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a la directora general de Secundaria, Celsa Puente, para conocer "su posición" en cuanto al libro Historia Económica y Social del Uruguay. 1870-2000.

La jerarca de Secundaria ya ha señalado a través de la red social Twitter, que desconoce el trabajo, y que su Consejo no "avala" ni "prohíbe" el texto.

Además, la diputada blanca criticó que se lleva a cabo algún tipo de contralor de los textos por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), pues entiende que de esta manera se estaría violando la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). "Recordemos que según la Constitución vigente, la ANEP es un ente autónomo y el encargado de la Educación Pública Nacional", señaló Bianchi a través de un comunicado.

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