SUPREMA CORTE

"El CPP es garantista y debe funcionar"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo ayer que le "preocupaba" que la ciudadanía crea que el problema de la seguridad quedará solucionado con la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para febrero de 2017.

"Es un nuevo código absolutamente garantista que todos estamos de acuerdo en que debe funcionar. Sobre el tema de la seguridad habrá que ver su incidencia durante su funcionamiento", dijo el presidente de la Corte a El País TV.

Pérez Manrique dijo que el nuevo código invierte los criterios sobre la prisión preventiva, ya que permitirá que una persona acusada quede en libertad mientras se procesa la investigación del caso, y sea encarcelado o no recién cuando se dicte la sentencia.

"Los uruguayos hoy están acostumbrados a un sistema donde una persona es detenida por un supuesto ilícito. Luego la llevan a un juzgado y esta debe esperar 48 horas para saber si será procesada o no con prisión. Con el nuevo código, muchas personas procesadas con prisión esperarán en libertad hasta que se dicte la sentencia. Además de ser más ágil, el nuevo código invertirá la relación actual de personas procesadas y condenas", dijo Pérez Manrique.

Hoy solo el 30% de las personas privadas de libertad tiene condena.

Con respecto a los acuerdos entre gobierno y oposición para limitar las libertades anticipadas, Pérez Manrique advirtió que personas que cometen delitos graves como tráfico de drogas u homicidios en el marco de rapiñas, sufrirán penas de más de 10 años de cárcel y deberán tener un régimen especial de contención.

Agregó que si el sistema les dice a esas personas que no les vale de nada estudiar o trabajar para bajar sus penas, ello los puede transformar en una especie de "Terminator" dentro de las cárceles. "Esas personas tienen que ser atendidos como si fueran condenados a cadena perpetua para que, cuando salgan, no sean un peligro para la sociedad", dijo. Pérez Manrique insistió en que el Estado debe tratar de eliminar "la fábrica de delincuentes" que son las cárceles.

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