LA RECTA FINAL

Cierre de servicios médicos ahorrará al Estado US$ 4,5:

Unos 5.000 usuarios de Ancap, BHU y ANV perderán beneficios en dos días.

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SMU: la asistencia a los afiliados está garantizada y será en La Española. Foto: Archivo

Cuando el reloj marque las 00.00 horas del sábado, unos 5.000 uruguayos ya no contarán con un servicio médico diferencial —que les provee el organismo en el que trabajan o trabajaron. Todos ellos pasarán a atenderse en la Asociación Española y el Estado se ahorrará unos US$ 4,5 millones al año.

Casi una década después de aprobada la ley madre de la reforma sanitaria, y luego de cuatro decretos, los servicios médicos del Banco Hipotecario (BHU), Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y Ancap llegarán a su fin en cuestión de horas; cuando junio le dé paso a julio.

Las autoridades de los organismos públicos en cuestión se comprometieron a que esté garantizada la atención de los 1.200 afiliados al servicio de BHU-ANV (es compartido entre ambas instituciones) y los 3.800 de Ancap.

En este último organismo, que es donde se ha suscitado la mayor conflictividad por la temática, permanecerá un área de salud ocupacional que dependerá de la Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad. ¿La razón? La especificidad de la industria, y algunas patologías asociadas al trabajo en la refinería, hacen necesaria la continuidad de esta atención. De hecho los trabajadores presupuestados del servicio médico (funcionarios públicos) pasarán a cubrir esta área o se les reasignará un nuevo destino.

En el directorio de Ancap sostienen que hay 28 médicos bajo esta condición de presupuestados. Pero el Sindicato Médico (SMU) maneja, según el registro de sus afiliados, 44 casos. "En estas horas que quedan habrá que afinar las cifras y revisar el caso a caso", explicó Gustavo Grecco, presidente del SMU.

La Asociación Española está negociando con el Sindicato Médico la absorción de los médicos de Ancap que facturaban. No así de quienes tenían contratos de derecho público a término, a quienes Ancap "les ofrece contratar su actividad profesional por un período transitorio de tres meses para que les permita la búsqueda de alternativas laborales", reza un comunicado que envió ayer el ente petrolero.

El pago de la medicina especializada (ocupacional), la tercerización de algunas prestaciones odontológicas que no cubre el Sistema Integrado de Salud y la continuación de los contratos con los certificadores será lo único que deberá desembolsar la empresa pública. Según los cálculos del Directorio, se ahorrarían, tras esta reforma, cerca de US$ 4 millones anuales.

El servicio médico de Ancap data de 1956 y tiene al padre del presidente Tabaré Vázquez entre sus fundadores. Desde 2003, tras un acuerdo, en La Española se realiza la internación. En este sentido, la continuidad del servicio de sanatorio "está garantizada", afirmó Julio Martínez, gerente general de la mutualista. También "se hará todo lo posible para que se cumpla con las fechas de estudios e intervenciones ya coordinadas". Para ello habrá una transición, cercana a un mes, en que estarán en juego, entre otros asuntos, los 34 casos de enfermos oncológicos que atiende Ancap.

"La ley 18.211, que estableció el Sistema Integrado de Salud, es mandatoria", afirmó Nelson Larrañaga, especialista en derecho laboral de Ferrere Abogados. "Esto significa que involucra a todos, salvo que haya aclaración, y no hay lugar a reproche".

Según el abogado, el Poder Ejecutivo "les fue dando plazo a los organismos para que resolvieran la situación desde fines de 2013 (dos prórrogas mediante)". Por lo cual, concluyó, "la única demanda que cabría es que la Suprema Corte de Justicia tildara de inconstitucional la ley de la reforma, por afectar determinados derechos adquiridos por estos funcionarios".

Como ejemplo, el experto citó que "en el sector privado una ley de 1975 permitía que empresas o trabajadores constituyeran servicios de seguros paralelos: aportaban a un fondo y un poco al BPS". Esos regímenes "fueron desapareciendo a medida que se fue eliminando la posibilidad de entidades paralelas (salvo las autorizadas por ley)".

Distinta es la situación del servicio médico del BHU-ANV. Esta prestación es aun más antigua y su origen se remonta a la década de 1940. Pero por el convenio salarial que firmó la banca oficial, puede interpretarse que hasta el 31 de diciembre de 2019 no se pueden cerrar los servicios de salud.

Fuentes del Directorio de la Agencia confirmaron que, a priori, "no habrá una nueva prórroga y desde julio ya no funcionará la clínica" que está en el primer piso de la sede central del Banco.

El servicio del BHU y la ANV cuenta con 18 funcionarios, 12 de ellos profesionales: seis médicos, dos químicos, dos psicólogos y dos fisioterapeutas. Según las fuentes del Directorio de la Agencia, el Estado desembolsa cerca de US$ 500 mil en estas prestaciones médicas.

Los afiliados del servicio médico del BHU, la mitad de ellos jubilados, también se atenderían en La Española. Pero la negociación "viene más lenta porque todavía no se cerró su situación previo al sábado", dijeron desde el prestador privado.

Al igual que los trabajadores de Ancap, desde 2008 los funcionarios aportaban al Fonasa y la mutualista le reintegraba el sobrante de las cápitas a los organismos públicos para el funcionamiento del servicio médico. Esta modalidad fue la que, tras el "fonaseo" de los jubilados el año pasado, hizo bajar el costo de las clínicas. En el caso de Ancap pasó de US$ 6 millones, en 2015, a los cerca de US$ 4 millones que se calcula para este año.

Faltan pocas horas para el cierre de una etapa.

Fue necesaria una batería de al menos cuatro leyes, aprobadas desde 2007, para consolidar la reforma sanitaria tal cual la conocemos hoy. Al Sistema Integrado fueron sumándose los distintos colectivos en forma gradual. El año pasado, por ejemplo, se terminaron de incorporar los jubilados. Y en este proceso también ingresaron los organismos que contaban con un servicio médico propio; el caso más emblemático fueron los tabacaleros en abril de 2016. El próximo sábado se cerrará así una etapa.

Los que quedan: municipales, policías, militares e informales.

Demoró más de la cuenta pero, casi diez años después de votada la ley, la mayoría de los trabajadores y jubilados uruguayos son parte del Seguro Nacional de Salud. Es decir: se garantiza un mínimo de prestaciones básicas y la atención en alguno de los servicios regulados. El aporte va a parar a un fondo, como en el seguro de un automóvil, y el usuario elige el prestador (el taller mecánico).

Pero la propia normativa dejaba un vacío respecto a algunos servicios de salud que, en todo este período, no se han sumado al Seguro Nacional. El artículo 68, de la ley 18.211, describe qué trabajadores integrarían el seguro y aclara la "excepción del Inciso 03 (Ministerio de Defensa Nacional) e Inciso 04 (Ministerio del Interior)". Por tanto, la sanidad militar y policial siguen corriendo por carril aparte aunque se aporte al Fonasa. Entre ambos servicios nuclean a 270 mil afiliados.

Algunas intendencias departamentales también mantienen su sistema de policlínicas que, aunque son públicas, no están bajo la dirección de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Hay otro grupo de uruguayos, aquellos más vulnerables, que también quedaron fuera del Sistema y se atienden en ASSE por descarte. Son "varios cientos de miles" que no aportan a la seguridad social (sobre todo por trabajar en la informalidad), explicó Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay.

Sí están en el sistema, aunque no se atienden ni en ASSE ni en las 36 mutualistas habilitadas, los 97 mil usuarios de los seguros privados. Más de US$ 38 millones fueron el año pasado a los siete seguros privados que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Si bien representa poco más del 2% de las cápitas que distribuye el Fonasa, la obtención de dinero por parte de empresas "con fines de lucro" fue de los asuntos más debatidos al comienzo de la reforma.

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