Comisión investigadora

Ancap: astoristas critican ineficiencias y "desvíos"

La bancada del FA se reúne hoy para analizar el anexo del FLS.

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El ministro en la Comisión Investigadora de Ancap. Foto: F. Ponzetto

El anexo que el Frente Líber Seregni (FLS) pretende agregar al informe de la comisión investigadora sobre Ancap desnuda errores de gestión en el período en que el vicepresidente Raúl Sendic estuvo al frente del ente, y advierte que las empresas públicas no pueden ni deben "ser una vía para justificar cualquier clase de decisión en materia de inversión o gastos".

A una semana de que se discutan los informes de la investigadora sobre Ancap, el Frente Amplio está en estado de guerra interna entre los grupos que están alineados con el Movimiento de Participación Popular (MPP) del expresidente José Mujica y que respaldan la gestión de Sendic, y el FLS del ministro de Economía, Danilo Astori. Ambos grupos se pasan factura y en las últimas horas el debate llegó a niveles de programas de chimento. 

El anexo del FLS es en respuesta al informe de 185 páginas que elaboraron los integrantes del Frente Amplio en la comisión investigadora y que responsabiliza al Ministerio de Economía del déficit de US$ 800 millones en Ancap por "la aplicación de la política tarifaria, contenedora de la inflación en los precios de los combustibles, que llevó a que diferentes costos no se trasladaran al precio final".

El anexo de los astoristas descarta esta hipótesis y repasa las explicaciones que dieron en la comisión investigadora Astori y los exministros de Economía Fernando Lorenzo y Mario Bergara. Según el anexo del FLS, al que tuvo acceso El País, "el traslado a tarifas no puede ser la mecánica elegida a los efectos de reconocer costos" en las empresas públicas, y citando a Astori considera "sorprendente" el argumento de que el déficit de Ancap aumentó por la política antiinflacionaria del Ministerio de Economía.

Según los astoristas, "la conducción económica no recibió, hasta mediados del 2015, planteos en el sentido de que las tarifas fijadas por el Poder Ejecutivo estaban provocando que la empresa incurriera en severas pérdidas" como las que llevaron a su capitalización.

"Por supuesto que es correcto afirmar que el traslado a tarifas en su totalidad de tales costos hubiera implicado un impacto en la inflación. Esto hubiera sido así, como sucede con cualquier precio. Sin embargo, no es correcto presentar tal decisión como el resultado exclusivo de los imperativos de la política antiinflacionaria", afirma el FLS, negando así la versión que dio Sendic en la comisión investigadora.

El documento de los astoristas asegura que "no es cierto" que la conducción económica se negó, "a pesar de ser objeto de insistentes planteos, a considerar las cuantiosas pérdidas que habría provocado el no traslado a tarifas de ciertos costos de la empresa".

Además advierten que "no son de recibo" las argumentaciones que parten de la base de la existencia de costos que deben ser imperiosamente trasladados "in totum" a precio de los combustibles.

En ese marco, Lorenzo señaló en la comisión investigadora que "si costos privados", como el aumento salarial de los pisteros de estaciones de servicio, son absorbidos y financiados desde las tarifas pública, se convierten en un "impuesto privatizado".

Los astoristas agregan que la reestructura de Ancap en el año 2009 "no fue totalmente transparentada en el presupuesto" y afirman que si bien el costo previsto originalmente significaba un incremento de 7% en la masa salarial, en los hechos los salarios crecieron 20%.

El informe recoge la opinión de Lorenzo sobre el tema: "Una reestructura se hace para mejorar, no para empeorar la ecuación de costos. De otro modo, no entiendo el concepto de eficiencia que está detrás de esto".

El sector liderado por Astori cuestiona las inversiones realizadas por el ente que administraba Sendic, debido a "la falta de rentabilidad y no previsión de esquemas de pago". Asimismo se aclara que el Ministerio de Economía "no participó de ninguna instancia de evaluación de la rentabilidad" de las inversiones decididas por Ancap y "ni siquiera tuvo conocimiento de las inversiones realizadas por las empresas asociadas en el grupo", en referencias a Alcoholes del Uruguay (ALUR) y las cementeras.

"Quiero aclarar que como ministro de Economía no tuvimos información (sobre las inversiones), en reiteradas oportunidades la solicitamos pero no se nos dio", denunció Lorenzo en la investigadora.

El exministro aseguró también que se constataron "importantes desvíos" entre las inversiones proyectadas y las ejecutadas por Ancap. Estos "desvíos" fueron alertados en el Consejo de Ministros por Astori y Lorenzo, asegura el FLS. A esto se agrega que las operaciones de endeudamiento de Ancap no contaron con el asesoramiento de Economía. "Las inversiones se desplegaban en todos los casos a pesar de que, por lo general, se verificaban mayores costos que los oportunamente previstos, lo que, y aún más cuando la empresa decía no estar satisfecha en relación a los ingresos que obtenía por la vía de tarifas, provocaba una inevitable tensión sobre su endeudamiento", concluyen.

Oposición envía el caso a la Justicia.

Los partidos Nacional e Independiente ya definieron que enviarán a la Justicia los antecedentes de la comisión investigadora sobre Ancap, en tanto el Partido Colorado evalúa que hacer con sus conclusiones. Los informes se presentarán al Senado el miércoles 17. Serán cuatro: uno en mayoría del Frente Amplio que contendría un anexo en "discordia" del Frente Líber Seregni, y tres de la oposición. En el caso del Partido Nacional, su informe agregará tres capítulos a las doce denuncias originales del senador Alvaro Delgado que dieron pie a la comisión investigadora. El informe del Partido Nacional hará referencia a "errores de gestión" en Ancap, "responsabilidades políticas" de directores del gobierno y "funcionales" de algunos gerentes por irregularidades varias, y a la "presunción de delitos". En este último punto el informe de los blancos recomendará el pasaje de los antecedentes de la comisión de Ancap a la Justicia penal.

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